“Dorothy Pérez contra les estudiantes”: PC en pie de guerra con contralora por dictamen sobre uso del pase escolar solo por “motivos de estudio”

Una seria molestia generó en las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) la noticia que dio cuenta que la Contraloría General de la República emitió un dictamen sobre el uso del pase escolar, en donde el ente que lidera Dorothy Pérez sostuvo que el beneficio estudiantil debía utilizarse sólo “por motivos de estudio”.

La situación se remonta a un pronunciamiento emitido por el órgano el 11 de julio pasado. Se generó a raíz de la denuncia de un estudiante de educación superior en contra de la Subsecretaría de Transportes. El denunciante cuestionó que la autoridad le señalara que el uso del pase escolar sólo podía supeditarse a una ocasión de estudios. El joven señalaba que dicha postura contradecía la Guía de Uso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), institución que otorga a los estudiantes —de educación básica, media y superior— el pase escolar.

La subsecretaría argumentó su postura sobre el decreto N°20 del Pase de Educación Superior. Allí establece que se autoriza al titular del pase trasladarse en los 12 meses del año sin restricciones horarias, siempre y cuando el viaje se efectúe por motivos de estudio. En todo caso, precisó que las empresas de transporte público no tienen la facultad para exigir una acreditación del determinado fin a los usuarios del pase escolar.

Al pronunciarse la Contraloría, esta le dio la razón a la Subsecretaría de Transportes y apeló a que “la preceptiva que regula la materia establece expresamente que los singularizados pases permiten en traslado de sus beneficiarios ‘con motivo de estudio’“. El dictamen lo firmó el subcontralor general, Víctor Merino, “por orden de la Contralora General de la República”.

La ofensiva de la Jota

A través de sus redes sociales, las Juventudes Comunistas dieron cuenta de su molestia mediante una publicación en Instagram.

Con una imagen que dejaba en primer plano a Dorothy Pérez, la directiva liderada por Catalina Lufin, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), cuestionó la ratificación de la Contraloría sobre el uso del pase escolar “con motivo de estudio”.

“¿Quién define qué es ‘motivo de estudio’? ¿Y quién protege a lxs estudiantes cuando choferes los bajan por la fuerza, los insultan o les niegan el viaje (sic)”, se preguntaron retóricamente, y en referencia a los episodios —sobre todo en regiones— en los cuales estudiantes beneficiarios del pase escolar son objetados de utilizarlo en determinados contextos.

Desde las JJ.CC. afirmaron que la resolución de la Contraloría “no sólo desconoce la realidad del estudiantado, también legitima la violencia y el control sobre su movilidad. Mientras dictan normas desde un escritorio, en la calle se golpea, humilla y criminaliza a lxs jóvenes (sic)”.

Asimismo, “recordaron” que Pérez presenta una denuncia interpuesta en la Organización Internacional del Trabajo por “medidas suyas que han vulnerado los derechos de los trabajadores. No sorprende que, una vez más, busque vulnerar a quienes tienen menos herramientas para defenderse“.

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Anteriormente el PC manifestó descontento hacia la actual líder de la Contraloría General de la República. Fueron los integrantes de su bancada parlamentaria quienes hicieron ver su molestia por el dictamen sobre confianza legítima que emitió el organismo a finales del año pasado.

Por entonces, el ente que dirige Pérez señaló que la confianza legítima —un tipo de criterio que supone que un funcionario público, luego de determinadas recontrataciones a contrata en un organismo estatal, gozaría de un tipo de protección o prioridad para continuar en sus funciones— sería una disputa la cual el órgano ya no se referiría, trasladando la competencia a los tribunales de justicia.

En el sector público dicha determinación molestó. Las razones principales era que Contraloría, bajo la administración de Jorge Bermúdez, acogía la confianza legítima luego de dos recontrataciones. En tribunales, afirmaban algunos funcionarios, la cantidad de recontrataciones requeridas era mayor. Asimismo, enfatizaron en el desgaste en los propios colaboradores de llevar sus casos particulares a rama judicial.

Parlamentarios del PC señalaron al respecto, por entonces, que la acción de Pérez era un “serio retroceso, que significa echar por tierra una lucha de años de trabajadores públicos por lograr mayor estabilidad. Y ciertamente debilita la función pública“.

El 4 de noviembre, el día en que el Senado votó a Pérez como la propuesta del Presidente Gabriel Boric para la Contraloría, los dos senadores del PC, Daniel Núñez y Claudia Pascual, aprobaron su designación.