“Impone la muerte como prestación sanitaria”: decanos de siete facultades de medicina manifiestan su rechazo al proyecto de eutanasia

En medio de la discusión del proyecto de eutanasia y suicidio asistido que se viene desarrollando en el Senado, siete decanos de facultades de medicina del país manifestaron su rechazo a la moción.

Los siete decanos que se reunieron en esta declaración son Iván Castillo (U. Católica del Maule), Luis Castillo (U. Autónoma), Felipe Heusser (PUC), Patricio Manzárraga (U. Católica Santísima Concepción), Enrique Oyarzún (U. Andes), Carlos Pérez (U. San Sebastián) y Ernesto Vega (U. Finis Terrae).

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por la tramitación del proyecto de ley que autoriza la eutanasia y el suicidio asistido”, expresaron de entrada los académicos en la primera parte de la publicación.

Tras ello plantearon que “la medicina tiene como fines promover la salud, prevenir la enfermedad, curar, cuidar, aliviar el dolor y el sufrimiento, y evitar la muerte prematura acompañando al paciente hasta su fin natural”. 

“Nunca debe abandonarlo ni menos provocar la muerte para aliviar su sufrimiento. Así lo reconoce la comunidad médica internacional, incluida la Asociación Médica Mundial (AMM) que en su 70 Asamblea General (Tbilisi, 2019) reafirmó el deber de respetar toda vida humana de acuerdo con los principios inmemoriales de la ética médica”, continuaron.

Por lo dicho, recalcaron que “como Facultades de Medicina, hacemos nuestro este compromiso y nos oponemos a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido”.

Posteriormente, los decanos reunidos en esta declaración establecieron que “la vida es un bien indisponible, regla general que sostiene tanto la ética médica como el derecho. El homicidio y la ayuda al suicidio están sancionados expresamente en nuestro sistema jurídico”.

“Desnaturaliza la relación médico-paciente”

Al profundizar sus críticas, los decanos reunidos en esta declaración apuntaron que “el proyecto en discusión autoriza la eutanasia incluso en pacientes con enfermedades crónicas tratables, no terminales, confundiendo lo incurable con lo intratable. Más aún, desnaturaliza la relación médico-paciente al obligar al profesional a incluir el ‘derecho’ al suicidio asistido y a la eutanasia al momento de informar un diagnóstico. Esto transforma la comunicación con el paciente en un frío acto tecnocrático, despojado de humanidad”.

En la misma línea, expresaron que “el proyecto impone la muerte como prestación sanitaria, calificando la eutanasia y el suicidio asistido como actos médicos. Invierte así la lógica y la ética de la profesión: obliga al médico que rechace esta práctica a justificar públicamente su objeción, mientras quienes la aceptan quedan fuera de todo escrutinio y control. La AMM ha sido categórica en este sentido: ‘ningún médico debe ser obligado a participar ni a derivar a un paciente para estos fines”.

Cabe consignar que la eutanasia, al igual que el aborto, son considerados como asuntos clave por parte de la administración de Gabriel Boric, dado que fueron promesas de campaña en el ámbito de salud pública.