Inmobiliaria Delabase acusa graves perjuicios tras anulación de proyecto de US$42 millones en San Miguel y arremete contra ministros de Tribunal Ambiental

La inmobiliaria y constructora Delabase empujó una arremetida judicial en contra de los ministros del Segundo Tribunal Ambiental, quienes, en julio de este año, resolvieron dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del denominado proyecto San Nicolás, ubicado en la comuna de San Miguel.

De acuerdo a Diario Financiero (DF), la propuesta, que contempla una inversión de US$42 millones y cuenta con un permiso de edificación desde diciembre de 2022, considera dos edificios de 12 pisos de altura, con 378 departamentos, además de una placa comercial de dos niveles, con 16 locales, ubicados en la calle San Nicolás 609-615, esquina Santa Rosa.

La iniciativa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y logró obtener su RCA el 6 de marzo de 2023. Sin embargo, la resolución favorable fue reclamada por un grupo de vecinos de San Miguel ante la Dirección Ejecutiva del SEA, la que rechazó el requerimiento.

La disputa escaló hasta el Segundo Tribunal Ambiental, organismo que, el 7 de julio pasado, acogió la reclamación del grupo de vecinos y anuló la RCA que dio el visto bueno al proyecto de Delabase -que contaba con un 15% de construcción en ese entonces-. Entre los argumentos, la entidad sostuvo que no se consideraron debidamente las observaciones ciudadanas respecto de riesgos para la salud por la presencia de arsénico.

“Estos sentenciadores estiman que no se ha fundamentado debidamente el descarte del riesgo a la salud de la población”, se lee en la sentencia, que luego ordena dejar sin efecto la RCA de la obra, debiendo el titular, si así lo estima pertinente, ingresar nuevamente a evaluación ambiental la mencionada iniciativa por la vía que considere adecuada.

En respuesta, tanto inmobiliaria Delabase como el SEA presentaron recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia definitiva del Segundo Tribunal Ambiental, los que fueron aceptados a trámite por la Corte Suprema, de acuerdo a DF.

Junto con ello, la empresa presentó una solicitud de suspensión de los efectos de la sentencia y, en subsidio a ello, pidió que no se lleve a efecto el fallo recurrido, mientras la parte vencedora no rinda la fianza de resultas -garantía judicial- a satisfacción del tribunal ambiental.

La disputa entre Delabase y la autoridad ambiental

Con todo, el 1 de agosto de 2025, el tribunal rechazó ambas solicitudes, tras lo cual la inmobiliaria presentó un recurso de reposición, el que fue descartado el 11 de septiembre. Frente a esto, la firma interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema en contra de los ministros del tribunal ambiental Marcela Godoy, Cristián López y Manuel Rodríguez.

La primera “falta y abuso grave” que denunció Delabase, representada por el abogado Rodrigo Benítez, fue que la suspensión solicitada fue, según sus palabras, improcedentemente rechazada. “Los efectos de la sentencia definitiva dictada por el tribunal a quo hacen imposible que se pueda ejecutar una eventual sentencia favorable de casación de la excelentísima Corte Suprema”, señaló.

Además, la compañía aseguró que los jueces recurridos no ponderaron que no es lo mismo dejar sin efecto una RCA de un proyecto que aún no se ejecuta y de uno que sí se está levantando.

“Mi representada no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas derivadas del fallo de la judicatura ambiental y resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia respecto a la vigencia de su autorización, como ocurre en excepcionales casos en nuestro país”, dijo Benítez, de acuerdo a lo expuesto por Diario Financiero.

El jurista también sacó a colación el caso del proyecto Egaña Sustentable de Fundamenta. En ese caso, mencionó, la sentencia que dejó sin efecto la RCA, fue tan perjudicial para los trabajadores y para el titular, que la compañía se vio obligada a demandar civilmente al Estado por US$28,6 millones.

Sobre esto, el abogado señaló: “Acá nos encontramos en un escenario bastante similar y los jueves recurridos ni siquiera mencionan los perjuicios de los trabajadores. ¿Tan seguro, acaso, se encontraban acerca de la infalibilidad de su fallo que ni siquiera fueron capaces de sopesar la posibilidad de detener los efectos de este? ¿Acaso no se debiesen ponderar, también, los intereses de quienes perderán su trabajo? ¿Es que acaso el fallo casado se encuentra firme? ¿Es que acaso el concepto de desarrollo sustentable no debe ser aplicado en las decisiones de los jueces ambientales?”.

Por otro lado, una segunda “falta y abuso grave” denunciada por Delabase tiene que ver con la fianza de resultas negada por el tribunal.