Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC: “Hablan de parásitos y otras cosas, pero ningún programa presidencial aborda integralmente la modernización del Estado”

“Yo trabajé en el gobierno y no me siento un parásito”. Este martes el jefe de comunicaciones del candidato presidencial José Antonio Kast, Cristián Valenzuela -el hombre más influyente de la candidatura republicana- debió salir a defenderse luego de que salieran a criticarlo desde el oficialismo y Chile Vamos por haber catalogado a los funcionarios públicos como “parásitos”, pese a que días después el Newsletter Poder de The Clinic reveló que Valenzuela tenía una larga trayectoria trabajando para el Estado.

Paradójicamente, ese mismo martes en Enade, en el mismo lugar en que los periodistas perseguían a Valenzuela para pedirle una versión sobre los antecedentes de su trayectoria, una funcionaria pública de carrera fue ovacionada: la contralora Dorothy Pérez, quien encabezó las investigaciones de Contraloría sobre los funcionarios públicos que viajaron fuera del país estando con licencia médica. Pérez fue por lejos la protagonista de la jornada y la suya, la exposición que más dio que hablar en el evento.

Tanto lo que ocurrió con Dorothy Pérez en Enade, como la polémica de los “parásitos”, son para Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, un reflejo de la desconfianza que hay entre los chilenos sobre el empleo público y de la visión que tienen del Estado.

Pero Irarrázaval, quien además es vicepresidente del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado -partió con Sebastián Piñera y fue ratificado por el Presidente Gabriel Boric-, asegura que más allá de las frases grandilocuentes, los epítetos como “parásitos”, o la línea discursiva de todos los candidatos presidenciales, realmente en sus programas no está puesto el foco en mejorar la eficacia de lo público.

“Chile para desarrollarse necesita un Estado eficaz. Necesita funcionarios públicos eficaces, que estén preocupados del bien común, y entonces diría que ese es el tema de fondo y nadie lo ha querido abordar en profundidad”, asegura Irarrázaval a The Clinic.

El académico, quien ha trabajo con diversas organizaciones multilaterales al nivel del Banco Mundial, asegura que el debate sobre la política fiscal es importante, pero que no puede quedar solo en eso.

—¿Qué conclusiones sacó de toda esta polémica de “los parásitos”?

—El nombre parásito es totalmente injusto. De acuerdo a un montón de estadísticas de la OCDE y de organismos latinoamericanos, el funcionario público chileno está bien ranqueado. Aún así, sabemos que hay abusos, lo vimos en el caso de las licencias, lo vimos en algunos casos que hay inamovilidad y lo sabemos. También en el gobierno actual, el exministro Marcel convocó a la OCDE para un estudio sobre confianza en las instituciones públicas y los funcionarios públicos no salen bien evaluados. Entonces yo te diría que la palabra parásito es un exceso, pero sí hay una desconfianza, una aprehensión ciudadana sobre el rol que tiene el empleo público y hasta qué punto está realmente al servicio de las personas.

—¿Usted siente que se están haciendo cargo los candidatos presidenciales de la discusión del empleo público como debieran? ¿O lo están llevando a un terreno muy superficial?

—Yo creo que es superficial la discusión. La discusión se ha planteado, dado que estamos en una restricción presupuestaria y no queremos que crezca la deuda pública, como una cuestión auxiliar al tema de cómo controlar la deuda fiscal. Pero el tema del empleo público de fondo no se ha abordado. El empleo público, este estatuto administrativo que nos rige, viene de la época de Pinochet y se visualizaba el empleo público casi como una carrera militar en que tú entrabas muy joven y permanecías e ibas creciendo en el tiempo. Entonces esa estructura del empleo público hoy día no tiene sentido. Necesitamos flexibilidad, necesitamos muchas otras características que los países de la OCDE se estaban dando y a esa discusión de fondo no hemos llegado aún. Finalmente, hablan de parásitos, de ineficiencia del Estado, burocracia y otros, pero ningún programa presidencial aborda la modernización del Estado de manera integral, más allá de alguna “lista de supermercado”.

—¿No está el concepto de modernización del Estado en los programas?

—Mi opinión es que ese concepto no está. Los programas presidenciales yo los veo transversalmente bastante como “listas de supermercados”, hay propuestas que obviamente son importantes, como la mejora de la seguridad, pero no hay miradas comprensivas de la modernización del Estado. Aquí hay un tema de no poder ver a futuro, que los economistas llaman como inconsistencia temporal, es decir: para hacer una reforma me toma mucho tiempo y dado que me toma mucho tiempo, prefiero concentrarme en lo que ahora yo puedo resolver y le dejo la carga, el problema, al que viene después.

—¿Y cómo ha visto usted a las opiniones que emiten estos candidatos? Que la discusión sobre el empleo público se convierta en un arma de campaña, con amenazas como eliminar ministerios.

—O sea yo creo que hay bastante parafernalia en las palabras, pero en el trasfondo hay verdades. En los países parlamentarios, en Gran Bretaña por ejemplo, tu puedes crear o eliminar ministerios cuando asume el Primer Ministro. En Brasil, siendo un país que no es parlamentario, el Presidente de la República al ingresar puede proponerle al parlamento el reajustar ministerios. En Chile, por ejemplo, hemos tenido una discusión larga si es que tiene sentido, por ejemplo, la existencia del ministerio de Bienes Nacionales, hemos tenido biministro de Vivienda y Bienes Nacionales. O sea, la modificación de la estructura orgánica del Estado es un desafío que es complejo y tenemos este problema de inconsistencia temporal. Entonces uno quisiera efectivamente mayor flexibilidad, porque la sociedad, el Estado, requiere adecuarse a las nuevas contingencias.

—¿Qué opinión tiene de que la persona que plantea esto de los parásitos, Valenzuela,  finalmente también trabajaba en el Estado? 

—Reitero que el título de parásito no lo encuentro para nada pertinente, pero sí creo que releva una situación de desconfianza sobre el empleo público en general y si es que hay abuso. Y creo que el caso de las licencias sí lo puso sobre la mesa, de que efectivamente hay un abuso. Ojo, el estudio del PNUD sobre la desigualdad también incide en lo que decía antes de la desconfianza. Hay un tema del trato del empleo público hacia los ciudadanos, entonces la palabra no es parásito para nada, pero que hay una desconfianza, que hay una dificultad, un desafío en entender el empleo público, sí hay algo.

—¿Cuáles son los factores que han estudiado que motivan esta desconfianza de la ciudadanía hacia el empleo público? 

—Hay un tema aquí importante, y eso está en la Constitución, de que el empleo público está al servicio de las personas, entonces uno entiende que legítimamente un funcionario público puede reivindicar salario. Los empleados públicos del gobierno central no tienen derecho a huelga y si tú estás esperando sacar tu carnet de identidad, y el registro civil que es un proveedor monopólico de carnet de identidad está en huelga, o si tú tienes que sacar un pasaporte para viajar y el registro civil está en huelga, realmente eso produce malestar y se siente como un abuso. Que es distinto en el sector privado, si hay un supermercado que está en huelga tú puedes ir al supermercado del lado. Entonces ahí hay una base y yo te diría también que los ciudadanos muchas veces no se entienden bien como el destinatario final. O sea, los empleados públicos están para servir a los ciudadanos, no solamente para recibir su salario. 

—En los años en los que usted lleva trabajando, analizando, estudiando el Estado y la modernización del Estado como concepto, ¿diría que es el momento de mayor desconfianza hacia el empleo público que ha visto? 

—No tengo una serie de tiempos sobre eso, pero hay una desconfianza instalada. Y la desconfianza tiene dos vectores: un vector es la probidad y otro vector es, llamémoslo así, la capacidad. Y ambos vectores se conjugan a la desconfianza. Entonces el vector probidad, cuando tú ves el caso del abuso a las licencias médicas, dices, wow, este sector que debiera ser probo, no es probo. Pero cuando tú ves las listas de espera, cuando ves que no se soluciona todo el tema de la permisología, todos los procesos del Estado, uno ve que la capacidad técnica tampoco está. Entonces ambos vectores se conjugan en el tema de la desconfianza hacia la efectividad del empleo público.

“No puede ser de que el empleo público sea el botín del partido político que entra al gobierno”

Desde el Centro de Políticas Públicas de la UC, Irarrázaval le entregó un documento con medidas programáticas en ejes temáticos -como educación inicial, vivienda o trabajo formal- a los distintos candidatos presidenciales. Su búsqueda es poner en la discusión propuestas de fondo en medio de toda la reducción de recursos fiscales que plantean los postulantes La Moneda. Para ello, insiste, la clave está en la eficiencia de lo público.

“La deuda pública y la restricción presupuestaria han puesto presión importante. En lo del empleo hay otra cosa, que lo puso la Comisión de Gasto Público, y que nosotros lo veníamos diciendo. Hay más de 700 programas públicos que son sociales y no sociales. Hay un porcentaje altísimo de programas que los mismos ministerios reportan que no tienen bien focalizado quiénes son los beneficiarios. Diez de los 700 programas concentran el 60% del gasto y 180 programas acumulan el 0,2% del gasto”, asegura Irarrázaval sobre los programas que son “ineficaces en el Estado”.

Y añade: “¿Hay espacio para mejora? Lo hay, lo hay, pero yo te diría que hay que mirarlo no solo con la mirada económica. Pero, dado que estamos en un contexto de restricción presupuestaria, es un buen momento para decir, bueno, ¿cómo priorizo? Y ese ejercicio yo creo que es  súper válido”. 

—¿Desde el punto de vista programático qué medida clave cree que deberían tener los candidatos con respecto a la modernización del Estado?

—O sea, hay un tema bien importante que está pendiente, el gobierno del presidente Piñera presentó un proyecto de ley para cambiar el régimen del empleo público completo, pero lo presentó en las últimas semanas de su mandato y no continuó su tramitación. Hemos sabido que el Gobierno tiene preparado un proyecto de ley corto, no es la gran reforma del empleo público. Yo te diría que ahí hay dos cosas, uno es la situación del “a contrata”, que es lo que más ha crecido. Ahora ha habido una muy gran discusión por esto del cambio de criterio sobre la confianza legítima.

El empleo público debe tener un componente de estabilidad, el empleo público no puede ser un botín del gobierno que entra y por eso es que dado el rol de la función pública en todo el mundo, el empleo público tiene un componente de estabilidad más allá de los cambios políticos. Pero, por otro lado, necesitamos flexibilidad, llega la inteligencia artificial, llegan nuevas tecnologías y necesitamos renovar. Entonces para eso está el “a contrata”, pero tiene un componente de inestabilidad, lo que se puede hacer es asimilar el “a contrata” al Código del Trabajo con algunos resguardos. Es decir, que tú estás con contrato indefinido, definir mejor las causales de despido y una indemnización como existe en el sistema privado. 

—¿Le hace daño al Estado y a este proyecto de modernización esta satanización del empleo público? 

—Yo creo que sí le hace daño, por supuesto, porque necesitamos a los funcionarios públicos, necesitamos al Estado. Necesitamos un Estado eficaz, necesitamos que haya alguien que custodie el medioambiente. Por ejemplo, la permisología es necesaria para resguardar el bien público, que es el medioambiente, que es las carreteras, en fin, necesitamos los permisos. Pero necesitamos que eso sea eficaz y a tiempo. Entonces el empleo público es imprescindible, pero tiene que haber flexibilidad.

—¿En la comisión han hablado de eliminar ministerios?

—En la que yo he participado no ha estado el tema, pero sí tuvimos esa conversación en el gobierno pasado, el presidente Piñera pidió un análisis de cómo podría ser más flexible, porque tú tienes dos variantes aquí, tienes la orgánica general y la orgánica interna. ¿Tiene un sentido tener un ministerio de Bienes Nacionales? O por qué no Bienes Nacionales, que eso estaba sobre la mesa, se asocia a Vivienda. Entonces son las dos cosas lo que te impiden la movilidad, la flexibilidad.

—Y eliminar empleo público sin una determinada planificación, sin un plan de modernización concreto, ¿tiene riesgos o posibles costos públicos muy altos?

—Totalmente. Tiene costos políticos altísimos. Pero yo creo, por ejemplo, en Educación sabemos que hay sobredotación; buena parte del problema de financiamiento de los Servicios Locales de Educación (SLEP) tiene que ver con esto, particularmente de asistentes de la educación, no tanto de profesores. Entonces, yo creo que ahí se puede hacer un esfuerzo, no de despedir arbitrariamente, pero de revisar las dotaciones. En el extranjero se puede hacer un sistema de benchmark, de estudiar cuál es la tasa, sin saber cuál es el óptimo teórico, pero tú podrías decir para 50 colegios que tiene una matrícula de mil niños, ¿cuántos asistentes de educación se requieren dado una distribución normal? Y ver los casos y ahí poner un poco de énfasis y ahí se podría reajustar. O sea, ¿hay espacios de mejora? Sí, hay espacios de mejora. Que si ese espacio de mejora significa el despido arbitrario, no.

—Da la sensación que la propuesta de reducir los 6.000 millones que propone José Antonio Kast, por ejemplo, podría tener un fuerte impacto en el empleo público.

—O sea, de todos modos es una tarea difícil, porque las agrupaciones de empleo público son fuertes y un gobierno políticamente va a tener que manejarse. Pero también te reitero, si uno ve los países desarrollados, el empleo público en Chile, comparado con la OCDE, no es tan grande en términos relativos. Y por otro lado, hay una ley muy antigua, la ley de Wagner, un economista alemán, lo probable es que en el tiempo haya más demandas de la ciudadanía para servicios públicos. Hoy día estamos preocupados del bullying en los colegios. Hace años no existía eso como tema, o la inteligencia artificial. Entonces, lo probable es que en la medida que el país se desarrolla, puedan surgir nuevas necesidades que podrán ser provistas a través de empleo público o subcontratadas. Una demanda por mayores servicios, por servicios más sofisticados.

—Este Gobierno ha sido muy criticado por supuestamente amplificar el empleo público. ¿Eso es tan así? 

—No, o sea, en términos de números no es tanto. El grueso del incremento del empleo público ha estado en los municipios, pero no tanto así del gobierno central. Lo que ha pasado es que los funcionarios de los DAEM, o Departamento de Educación Municipal, que antes estaban adscritos a municipios y también a corporaciones municipales, al constituirse los SLEP pasan como funcionarios públicos del gobierno central. Entonces el grueso del incremento del empleo público está explicado por eso.

 “Al final el Gobierno lo comanda la política y no la Contraloría General de la República, entonces ahí tengo algunas apreciaciones sobre una expansión al infinito de esto”

Durante la semana, no solo la polémica sobre el concepto “parásitos” llamó la atención de Ignacio Irarrázaval. También miró con atención la aparición de la contralora Dorothy Pérez en Enade y la ovación que generó.

—¿Cómo ve este auge de Dorothy Pérez, esta especie de canonización? 

—O sea, a ver, veo súper positivo que una buena funcionaria pública, con las normas existentes y con las restricciones existentes, pueda hacer un cambio. Extraordinariamente positivo que con las mismas regulaciones, con las mismas dotaciones y con los mismos instrumentos que tiene, pueda hacer un cambio. Y, ciertamente, la valentía que ha tenido, porque el tema de las licencias ya lo conocíamos, entonces el hecho que ella lo ponga sobre la mesa es muy importante. Y lo que dijo al final de su intervención me parece bien interesante, es que esto no es solo para lucir a la Contraloría, sino que también los propios servicios han tomado cartas en el asunto. Entonces yo lo encuentro súper bueno. 

—¿Y tiene alguna apreciación?

—Yo tengo una apreciación, sí, que me parece muy bien el trabajo. Hay que procurar la probidad del sector público, pero al final el Gobierno lo comanda la política y no la Contraloría General de la República. Entonces ahí tengo algunas apreciaciones sobre una expansión al infinito de esto. Que el control de legalidad lo haga la Contraloría, ese es su mandato y me parece impecable lo que se ha hecho. Ahora, el control de mérito es una cuestión más compleja, te fijas. O sea,  hasta qué punto la compra de una cierta tecnología… ¿Se hizo bien la licitación? Por supuesto que la Contraloría se meta ahí y vea si es que la licitación fue transparente o no, pero que lo decida el servicio que se supone que tiene la experticia. Que la Contraloría vea el control de legalidad, la competencia fue limpia, el precio que se pagó y si lo veo en el mercado internacional. Pero el control de mérito me parece que no es un ámbito en que la Contraloría debiera meterse con mucha fuerza. 

—¿Y en el fondo es que hay como una politización de la Contraloría? 

—No, yo no la veo como una politización, yo creo que es importante. Es más, yo creo que la Contraloría se ha revalorizado… Aquí hay un tema bien interesante que lo hemos visto como desde una mirada más sociológica, si tú quieres, tu disposición a pagar impuestos va a ser mejor en la medida que tú veas eficacia en el sector público y en la medida también de que tú veas que hay control de los dineros públicos. Y yo creo que eso es un aporte y que está haciendo la Contraloría de decir, yo estoy preocupado en la probidad y estoy preocupado por el buen uso de los recursos públicos.