La Moneda intenta hacer control de daños tras usar concepto de “Estado en quiebra” y Cristián Valenzuela asume responsabilidad del error

Un oficio de parte de la Contraloría General de la República llegó esta mañana a la Secretaría General de Gobierno, liderada por la ministra Mara Sedini. El requerimiento apunta a informar respecto de las publicaciones que el Gobierno ha realizado en redes sociales sobre las medidas vinculadas al alza de los combustibles, luego de que el Ejecutivo realizara ajustes que implican un alza histórica de la bencina y el diésel.

En ese marco, se solicitó conocer los recursos públicos y el personal involucrado, así como también el fundamento normativo y fáctico de las mismas.

El requerimiento aparece luego de las críticas que ha levantado la oposición por una serie de publicaciones en las redes sociales del Gobierno. Sobre todo, por una en la que se comparten tres puntos para respaldar el por qué no se puede bajar el precio de las bencinas mediante el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). 

“Porque nos dejaron sin plata. Un estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía“, se leía en una de ellas. El mismo concepto de “Estado en quiebra” se utilizaba en un video difundido por la actual administración.

El retroceso

Sin embargo, a las pocas horas ministros del Ejecutivo se desligaron del concepto. Así lo hizo el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, anoche en el Congreso, donde manifestó que él no podría utilizar esa palabra. A Quiroz se plegó esta mañana el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en una entrevista en Radio Infinita.

Fue temprano esta mañana cuando el Gobierno dio marcha atrás y bajó las publicaciones de las redes sociales. En la Secretaría de Comunicaciones (Secom, liderada por Felipe Costabal), reconocían que hubo un error y que se optó por plegarse al mensaje que ha entregado Quiroz, en torno a que se recibió un país con una situación fiscal deteriorada, pero no un Estado en quiebra.

Como sea, el concepto enredó al Ejecutivo, que en la tarde de ayer comenzó a realizar un control de daños para desmarcarse de la frase. A esa altura habían recibido reclamos de personeros del oficialismo que advertían de lo complejo que es que desde el mismo Ejecutivo adopte ese relato y las consecuencias que aquello podría tener con la inversión. Lo anterior, ya que esa definición cabe cuando un país no cuenta con arcas fiscales fuertes ni con una credibilidad crediticia para el pago de sus deudas. “Es una minuta desafortunada, es absurdo”, dijo Rodrigo Álvarez (ex-UDI) en Tele 13 Radio, exministro que colaboró en la campaña presidencial de Kast.

Estrecho asesor del Segundo Piso asume responsabilidad

Así, al interior de La Moneda hubo distintas conversaciones sobre el origen del concepto de “Estado en quiebra”. Si bien las primeras miradas apuntaron a la Secom, también se recordó que en la actual administración la repartición está a cargo de Presidencia y trabaja codo a codo con Cristián Valenzuela, quien ejerce como director de comunicaciones y contenidos desde el Segundo Piso.

Según afirman fuentes de Palacio, Cristián Valenzuela asumió la responsabilidad de forma interna como quien promovió el cuestionado mensaje. En La Moneda explican que no se midió adecuadamente el concepto a utilizar y por lo mismo se debió recular al respecto. Se reconoce que el concepto es errado y que ningún vocero de Gobierno ha utilizado tal frase.

A su vez, tanto en Hacienda como en la Segegob se desligaron de la autoría de la frase. Fuentes de Palacio dicen que con esto se sacan lecciones a futuro y que faltó una mayor comunicación interna sobre la estrategia.

En el oficialismo, por otro lado, algunos cuestionaron que se recurriera más bien a un mensaje más usual de la campaña que del Gobierno.

En la oposición, por lo demás, hubo severas críticas. El excandidato presidencial Franco Parisi (PDG) dijo que esto daba para que “echaran a alguien”, mientras que el diputado Jaime Araya (ind.-PPD) pidió a la Segegob iniciar un sumario administrativo para encontrar responsables.