De presiones a testigos a omisión de evidencia: las irregularidades que denuncia la defensa de exejecutivos de Australis en el caso con Joyvio

La defensa de antiguos ejecutivos de Australis acusó una serie de irregularidades en la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, que indaga presuntos delitos de estafa y administración desleal tras las querellas impulsadas por Joyvio, actual dueña de la salmonera.

Según sostienen en un documento al que tuvo acceso The Clinic, la indagatoria ha sido conducida como un sesgo en favor del conglomerado chino, dejando de lado evidencia clave y desatendiendo denuncias que cuestionaban el relato de la parte querellante. “La investigación de la causa se ha llevado adelante con una constante y evidente sesgo en contra de nuestro representados, favoreciendo las pretensiones de Joyvio y de su filial Australis”, se lee en el texto.

De hecho, la defensa menciona que el caso se ha tramitado “prescindiendo de antecedentes que demostraban que las imputaciones de Joyvio se construyeron mediante la presión, amenazas y ofrecimientos de pagos a testigos y terceros, sin siquiera ofrecer protección a quienes denunciaban estos hechos”.

Esto, continúa el escrito, “en circunstancias que los testigos que lo denunciaban o que declaraban en favor de la defensa eran sometidos a cuestionamientos, mientras los testimonios relacionados con las querellantes eran recibidos con complacencia e, incluso, no eran oportuna ni fielmente registrados en la carpeta; e ignorando evidencias precisas y múltiples que demostraban la falsedad de las imputaciones, como si ellas nunca hubieran sido presentadas”.

Las irregularidades

Entre los hechos más graves que advierte la defensa está la omisión de investigar presiones, amenazas y ofrecimientos económicos que representantes de Joyvio habrían realizado a testigos y exejecutivos de la empresa para obtener declaraciones que incriminaran a los antiguos dueños. Pese a las denuncias directas, los abogados mencionan que la Fiscalía no ha ordenado diligencias para esclarecer estas acusaciones.

A modo de ejemplo, la defensa detalla que en octubre de 2023 “el exgerente legal de Australis, Rubén Henríquez, declaró ante la fiscal Encina, relatando que, durante 2022, tras la llegada del gerente general Andrés Lyon, se comenzó a convocar a empleados de Australis a reuniones con abogados de Joyvio bajo el pretexto de una ‘investigación interna'”.

“En una de esas reuniones, Henríquez fue amenazado por los abogados y representantes de Joyvio, quienes le advirtieron que los abogados penalistas podían imputarle delitos, pero que, ‘de acuerdo a Zalisnik’, se podían evitar acciones penales si colaboraba ‘decididamente’ con ellos. Además, se le ofrecieron incentivos económicos, incluyendo un posible ‘golden bonus’, condicionado al éxito de las acciones judiciales contra Isidoro Quiroga”, añade.

Además, se plantea que “Henríquez entregó a la fiscal un borrador del ‘acuerdo de colaboración’ que le fue propuesto, el cual prometía no ejecutar eventuales condenas en su contra si su cooperación resultaba ‘pertinente y útil’ para los intereses de Joyvio, específicamente orientados a responsabilizar falsamente a Quiroga y a otros exejecutivos de Australis por supuestas maniobras de ocultamiento de información a Joyvio”.

A las denuncias anteriores se suman antecedentes que demostrarían que “los querellantes ocultaron y han intentado ocultar antecedentes que desmienten los presupuestos de sus imputaciones”. En esta materia, se incluyen planillas y reportes técnicos elaborados en el proceso de due diligence, que mostraban que los compradores conocían la situación productiva de Australis. La Fiscalía, afirma la defensa, no requirió explicaciones ni contrastó a los querellantes con estos antecedentes.

Otro punto plantea que la formalización realizada en enero de 2025 habría prescindido de evidencia clave, como la declaración del principal negociador técnico de Joyvio —quien dijo no haber sido engañado y haber recibido toda la información— y documentos que contradecían el supuesto ocultamiento. Según la defensa, la imputación se construyó “ad hoc” para sostener el relato de Joyvio, incluso atribuyendo responsabilidad por sobreproducción ocurrida en su mayoría bajo el control del propio comprador.

Asimismo, acusan sobre deficiencias en el deber de registro y transparencia, como declaraciones sin respaldo adecuado, citaciones mal documentadas y un trato dispar entre testigos de cada parte.