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La contralora general de la República, Dorothy Pérez/ Agencia UNO

Negocios

19 de Diciembre de 2025

Contraloría anuncia “inédita” auditoría al acuerdo entre Codelco y SQM por la explotación de litio

La Contraloría General de la República (CGR) decidió tomar cartas en el asunto respecto de la alianza entre Codelco y SQM por litio.

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La Contraloría General de la República (CGR) decidió tomar cartas en el asunto respecto de la alianza entre Codelco y SQM. Si bien la entidad advirtió que no puede anular el contrato por decisión propia, sí anunció una fiscalización profunda para asegurar que cada paso administrativo se haya dado conforme a la ley.

A través de su cuenta de X, el organismo indicó: “CGE iniciará inédita auditoría ante denuncias de parlamentarios relativas al acuerdo Codelco-SQM, en tanto que por orden expresa de los Tribunales de Justicia, o por tratarse de aspectos de mérito, CGR se encuentra impedida de dictaminar sobre la mayoría de las reclamaciones recibidas respecto de dicho acuerdo”.

En los antecedentes del oficio, la entidad dirigida por Dorothy Pérez indicó que los diputados Carlos Bianchi Chelech, Raúl Soto Mardones, Cristián Tapia Ramos, Héctor Ulloa Aguilera y Camila Musante Müller solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad de esta asociación público-privada.

“Se cuestiona que el acuerdo con SQM se celebró mediante trato directo, sin llamar a licitación pública, como habría correspondido legalmente, constituyendo tal omisión, además, un perjuicio patrimonial para el Estado por la pérdida de los beneficios que se hubieran obtenido de realizarse un procedimiento concursal”, señala Contraloría en un oficio.

“Los reclamantes sostienen que los contratos celebrados por Corfo con SQM y Minera Tarar SpA deben ser analizados en relación con el Acuerdo y demás antecedentes, pues por su intermedio, se estaría realizando una operación tendiente a renovar en los hechos la posición de SQM en el Salar de Atacama más allá del año 2030, sin licitación, y se estaría dotando al Estado de representación en una sociedad privada sin ley de quórum calificado que lo autorice, como exige el ordenamiento jurídico”, acota.

El acuerdo entre Codelco y SQM consiste una asociación público-privada para la producción de litio en el Salar de Atacama, estableciendo a Codelco como socio mayoritario en una nueva empresa conjunta desde 2025, donde el Estado chileno recibirá el 70% del margen operacional hasta 2030 y el 85% desde 2031.

La respuesta de Codelco

Codelco valoró el oficio emitido por la Contraloría General de la República, en respuesta al requerimiento de un grupo de diputados y otros solicitantes, que da cuenta de la imposibilidad legal de ese organismo para pronunciarse sobre materias ya resueltas por los tribunales de justicia en relación con el acuerdo de asociación con SQM, y que confirma que no existen observaciones de fondo pendientes sobre dicho proceso.

La Corporación destacó, además, la decisión de la Contraloría de iniciar una auditoría, señalando que abordará este proceso con total transparencia y profesionalismo, tal como lo ha hecho frente a las revisiones realizadas por más de 20 organismos e instituciones nacionales e internacionales que han intervenido en las distintas etapas de esta asociación.

En ese contexto, Codelco subrayó que la auditoría permitirá ratificar la integridad, rigurosidad y solidez del proceso, incluyendo especialmente la contratación y el trabajo desarrollado por Morgan Stanley, asesor financiero que ha cumplido un rol fundamental en la estructuración de la asociación.

La compañía precisó que Morgan Stanley fue contratado mediante un proceso competitivo, en el que su propuesta resultó claramente diferenciadora frente a otros actores de primer nivel del sector, y que su labor se ha caracterizado por un enfoque técnico, riguroso y orientado a asegurar el máximo valor para el Estado en el desarrollo de esta alianza estratégica.

Por otra parte, con relación a la toma de razón de los contratos de arrendamiento entre Corfo y Minera Tarar Spa, filial de Codelco, la Corporación se encuentra a la espera de la resolución de la CGR tras el proceso que se inició en septiembre ante la autoridad administrativa.  

La empresa además reiteró su convicción de que este proceso se ha conducido con apego estricto a la legalidad, a los más altos estándares de gobernanza y en coherencia con el interés público, principios que seguirán guiando su actuación.

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