Gobierno defiende denominada “ley de amarre” de funcionarios públicos a pesar de desmarques en la izquierda

“Este año este tema lo plantearon como el de mayor relevancia, y es normal que uno de los temas de mayor relevancia se incluyan en el acuerdo final”. Así fue cómo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), defendió —en Radio 13 C— las disposiciones incluidas en el proyecto de ley de reajuste del sector público, las que han sido denominadas como “ley de amarre” dado que, a juicio de los críticos, restringiría el despido de funcionarios fiscales, ad portas del inicio de la nueva administración de José Antonio Kast.

El secretario de Estado argumentó que lo que se ha destacado en medios de comunicación sobre despidos fundados no es lo relevante en lo incluido en las normas, sino que se establezca que la Contraloría General de la República sea quien recojas las apelaciones de funcionarios que consideren que su no renovación es injustificada en su respectiva repartición.

Ello a pesar de que la Contraloría, bajo la dirección de Dorothy Pérez, determinó que esos asuntos debían ser vistos en tribunales de justicia, cuestión que ha sido criticada por asociaciones de funcionarios dado que las exigencias en área judicial para obtener la “confianza legítima” son más altas que en el lado administrativo.

“Lo que hace es evitar arbitrariedades”, argumentó Grau sobre ese punto, el que dijo que se incluyó para que los “funcionarios de carrera” contasen con garantías que los diferenciaran de los funcionarios públicos que llegan a La Moneda por confianza política. “Funcionarios de carrera se refiere a alguien que trabaja en un conjunto de funciones que son trabajo cotidianos de los ministerios”, resumió Grau.

Asimismo, el ministro de Hacienda dijo que el próximo 5 de enero presentarán la propuesta que, a pesar de las críticas provenientes tanto desde la derecha como del a izquierda, será incluida en el proyecto de ley de reajuste del sector público.

“Vamos a tener un debate en el Parlamento y creo que van a haber condiciones eventualmente para generar un acuerdo”, sostuvo Grau, quien añadió que “hay una clara distinción entre quienes son asesores políticos y quienes son funcionarios de carrera, justamente porque lo que uno quiere para que el Estado funcione bien es que quienes son funcionarios de carrera no estén expuestos a las arbitrariedades de autoridades políticas. Eso requiere que los actos sean fundados”.

“Mientras exista una correcta separación entre estas dos cosas, separación que no ha existido hasta ahora, y que buscaríamos avanzar a propósito de esta discusión, eso nos permitirá a avanzar en el Parlamento”, selló el ministro de Hacienda.

Oficialismo cuestiona abiertamente llamado “amarre” del sector público

El comentario del secretario de Estado ocurrió luego de que comenzaran a aparecer los primeros desmarques oficialistas al reajueste.

Uno de los cuestionamientos provino del jefe de bancada del PPD en la Cámara, el diputado Raúl Soto. “Acá hay un error político del Gobierno. Esto se debió haber conversado y explicado antes”, afirmó el expresidente de la corporación.

“Se puede revisar aquella norma. Todavía no ingresa el proyecto y por lo tanto, hay espacio para abrir una conversación que permita generar un acuerdo que sea mucho más razonable”, señaló Soto.

Asimismo, el propio Mario Marcel, exministro de Hacienda, sostuvo que la norma incluida era una solución que “no era óptima”, además de aludir a que se había incrementado el “temor” de despidos injustificados a partir del inicio de la próxima administración de Kast.

Precisamente desde el entorno del republicano insistieron esta semana con que la indicación fuese retirada antes de ingresar el proyecto al Congreso.

“Uno hace un llamado al sentido común, a la responsabilidad”, señaló esta semana Ruth Hurtado, secretaria general de los republicanos, quien además le pidió al Ejecutivo que “en estos poquitos meses que quedan hagan las cosas bien y no solo pensando en ellos”.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, denominó la situación como “corrupción institucionalizada”.