“Ley de amarre”, críticas a ministra Aguilera y el enredo de la embajadora Pakarati: el duro arranque de 2026 para La Moneda

Quedan 69 días para que la administración del Presidente Gabriel Boric llegue a su fin y entregue la banda presidencial al mandatario electo, José Antonio Kast. Por ello, durante este mes de enero, el Ejecutivo intentará avanzar lo más posible en su agenda legislativa en el Congreso, dar visibilidad a la aplicación de la reforma de pensiones —que comenzará a regir este mes— y, según comentan fuentes de Palacio, instalar el legado del Jefe de Estado saliente.

Sin embargo, el ambiente político, reconocen desde el oficialismo, se encuentra crispado, particularmente en torno al Gobierno. Una tensión que, agregan estas voces, podría dificultar el cierre de la administración Boric.

En concreto, desde la alianza de Gobierno apuntan a tres flancos principales: la presión sobre la ministra de Salud, Ximena Aguilera, por la operación de su madre en un hospital público con aparente atención preferencial; el enredo diplomático generado por la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, quien publicó una imagen en favor de la autodeterminación de su tierra natal, Rapa Nui; y, en el Congreso, las críticas de la oposición por el complejo trámite del reajuste al sector público.

Ahora bien, voces al interior de La Moneda señalan que estos temas no necesariamente se cruzan ni se acumulan como una presión unificada que afecte, por ejemplo, los trámites legislativos.

De todas maneras, dentro del Ejecutivo están evaluando cada uno de estos casos, los que —reconocen— han generado distracción respecto de los hitos que La Moneda pretende impulsar durante enero.

Por un lado, se buscará avanzar en las prioridades legislativas, como el fin al CAE, la creación del nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), y la tramitación de la Ley Nacional de Inteligencia. Además, el Gobierno prepara un despliegue relevante en torno al primer hito de la reforma de pensiones, que comenzará a pagar montos más altos a los actuales jubilados este 10 de enero, y que el Ejecutivo espera capitalizar con la movilización de su equipo ministerial.

La presión sobre Aguilera y sobre La Moneda

Luego de que se conociera que Lucía Sanhueza, madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, obtuvo un aparente trato preferencial en el Hospital Salvador para una operación por fractura de cadera, las críticas al Gobierno comenzaron a escalar.

En una primera instancia, el Ejecutivo se limitó a reproducir la versión oficial entregada por el centro de salud, en la que se aseguraba que no existió ningún tipo de privilegios y que Sanhueza “cumplía con los criterios de priorización”.

El mismo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respaldó esa postura el lunes de esta semana: “Sobre esto, el propio Hospital del Salvador se ha referido públicamente al tema, señalando que la atención se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por la institución”.

A ello agregó: “Al momento de su ingreso se verificó que cumplía con los criterios de priorización, asociados a su edad y condición clínica. Es importante subrayar lo que ha dicho el hospital: todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos”.

Sin embargo, un reportaje de T13 publicado el martes reveló la existencia de documentos internos del recinto, en los que se señalaba que una paciente (Sanhueza) había sido atendida “por autorización de dirección”, sin que existiera una validación administrativa y protocolar estándar para ese tipo de decisiones. Además, se reportó que, en base a esa determinación, se postergó la cirugía de otro paciente que se encontraba con una laparotomía, es decir, con un procedimiento en curso para explorar sus órganos abdominales.

Ese paciente falleció tres días después a raíz de un shock séptico, lo que gatilló que tanto desde la oposición como desde el oficialismo surgieran voces que pidieron la renuncia de la ministra Aguilera, a pesar de que el Hospital Salvador descartara que la atención de Sanhueza hubiera tenido impacto en el tratamiento del paciente fallecido.

Desde el mismo recinto aclararon que “el paciente se encontraba hospitalizado desde cinco días previos a su fallecimiento, en estado grave, y permanecía internado en una Unidad de Cuidados Intensivos. Durante ese período recibió tratamiento médico continuo, integral y acorde a su condición clínica, incluyendo manejo intensivo y las intervenciones quirúrgicas necesarias para abordar su problema de salud”.

Con todo, tanto en La Moneda como en el Ministerio de Salud existe atención sobre el tema y preocupación por cuánto podría escalar la polémica en las próximas semanas. De hecho, la UDI ya anunció que está evaluando una acusación constitucional en contra de la ministra si no renuncia al cargo “en las próximas horas”.

La incapacidad de cerrar la polémica de Pakarati

En la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, subió una foto de su tierra natal, Rapa Nui, en la que se veía un cartel con el mensaje: “Libre determinación para la nación de Rapa Nui”.

El comentario, en un inicio, pasó inadvertido en el mundo político, pero no así en la Cancillería. La promoción de dicho mensaje fue leída como una actitud contraria a la política internacional de Chile, y no tardaron en aparecer voces que solicitaron la renuncia de Pakarati.

A pesar de que la Cancillería amonestó a la embajadora y esta asumió su error —según informaron desde La Moneda— retirando la publicación de sus redes sociales, la presión escaló, sobre todo cuando desde el propio oficialismo comenzaron a solicitar su salida del cargo.

Una de las críticas más significativas provino de la senadora por el Maule y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien sostuvo que “es una opinión respetable a nivel personal, pero incompatible con su rol, al sostener una tesis de autonomía de un territorio respecto del cual el Estado de Chile hace un esfuerzo permanente”.

Sobre eso, añadió que la actitud de Pakarati “no corresponde y yo espero que la Cancillería actúe bien drásticamente”.

Con la declaración del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, La Moneda había intentado dar por cerrada la polémica. Sin embargo, nuevos antecedentes reavivaron el tema: se reflotó una entrevista que Pakarati dio en septiembre a un medio neozelandés, en la que insistía en la idea de autodeterminación para Rapa Nui.

Frente a esto, el exsecretario general de la OEA y senador por la región de Arica, José Miguel Insulza, apuntó directamente al Gobierno: “Enviarla a Nueva Zelanda fue un error si sus opiniones eran conocidas”, declaró “el Panzer” en un comunicado público.

Este nuevo antecedente, junto con las crecientes críticas, llevaron al propio ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, a reconocer que la continuidad de la embajadora “está en evaluación”.

El desafío de sacudirse la “Ley de amarre”

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y los funcionarios del sector público abrió un nuevo flanco para La Moneda, que la oposición intentó capitalizar con el anuncio de una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El origen de la polémica radica en que, dentro del protocolo de reajuste al sector público —que se firma anualmente—, se incorporó una cláusula que establece que las desvinculaciones de funcionarios que hayan adquirido “confianza legítima” (tras dos años en el cargo) deben realizarse “mediante actos administrativos fundados, con hechos y fundamentos de derecho sustentados en criterios objetivos y acreditables”.

Tras conocerse el documento, desde la oposición calificaron la norma como una “ley de amarre”, acusando que se trata de un blindaje a los funcionarios públicos y, por lo tanto, una respuesta directa a la agenda del presidente electo, José Antonio Kast, quien ha comprometido una fuerte reducción del gasto fiscal.

Ante el revuelo, desde La Moneda activaron conversaciones con figuras clave del sector opositor. Una de ellas fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien había anunciado la eventual presentación de una acusación constitucional contra el titular de Hacienda. Fue el propio ministro Grau quien lo contactó telefónicamente para explorar posibles puntos de entendimiento.

Estos intercambios ayudaron a descomprimir la situación y, por ahora, bajaron la presión sobre Grau. Sin embargo, en Palacio reconocen que el clima político sigue enrarecido, lo que podría dificultar el trámite de cualquier iniciativa que involucre el aparato estatal.

Aun así, el propio ministro de Hacienda ha transmitido señales de apertura. Según explicó, el proyecto —que ingresará el lunes 5 de enero— ya incorpora comentarios y propuestas de la oposición, y espera que este “complejo” proceso, como lo califican en La Moneda, pueda avanzar sin mayores contratiempos tras los recientes diálogos políticos.