Seguridad, cuidados y educación: La Moneda acelera agenda en enero para sacar leyes claves y afianzar legado de Boric antes del cambio de mando

Durante el mes de diciembre, la atención mediática estuvo centrada en las elecciones presidenciales y, tras los comicios, en el comando y la figura del presidente electo, José Antonio Kast. En La Moneda han advertido una baja en la exposición pública del Gobierno, pero eso no ha significado una disminución en el trabajo legislativo, comentan fuentes del Palacio.

Y es que enero del 2026 es el último mes hábil para sacar adelante proyectos clave del programa de Gobierno, antes del receso legislativo de febrero. Por ello, tanto el comité político como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia —liderado por la ministra Macarena Lobos— han delineado un calendario intenso de tramitaciones en el Congreso, buscando aprovechar los últimos espacios para aprobar leyes pendientes.

Desde el Ejecutivo señalan que entre las prioridades están la Ley General de Cuidados y la Ley de Sala Cuna para Chile, dos iniciativas destinadas a aumentar la participación laboral femenina y que responden directamente a promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric.

Otra prioridad es la agenda de seguridad ciudadana, en particular la nueva Ley Nacional de Inteligencia, que busca integrar las capacidades de las policías con el futuro Ministerio de Seguridad.

Sin embargo, en el oficialismo y en La Moneda hay especial atención sobre uno de los proyectos más simbólicos para esta administración: el fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), que ha acompañado el discurso político del Frente Amplio desde sus inicios en el movimiento estudiantil de 2011. Este proyecto se complementa con el diseño del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior (FES). Mientras existe consenso transversal para avanzar en la eliminación del CAE, el FES genera más dudas y requerirá mayores negociaciones.

Desde Palacio explican que este último proyecto se está conversando especialmente con el Partido Republicano, ya que existe interés mutuo en resolver el tema del financiamiento estudiantil antes del cambio de mando, evitando así que se convierta en un flanco problemático para el nuevo gobierno.

En esa línea, el Ejecutivo también buscará instalar el legado del Presidente Gabriel Boric, destacando los avances alcanzados durante su administración, tales como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la creación del Ministerio de Seguridad, el royalty minero, el pago efectivo de deudas por pensión de alimentos y la Estrategia Nacional del Litio, entre otros hitos.

Uno de los elementos que el Gobierno espera capitalizar políticamente es la materialización del aumento de las pensiones para los actuales jubilados. Aunque el reajuste comenzará a reflejarse en las cuentas de los beneficiarios el próximo 10 de enero, desde el 15 de ese mismo mes La Moneda tiene programado un despliegue de ministros y autoridades para destacar el cumplimiento de este compromiso presidencial.

El desafío de La Moneda para tramitar la “Ley de Amarre”

Uno de los temas más sensibles de diciembre fue el acuerdo entre el Gobierno, la CUT y los funcionarios públicos, en el marco de la ley de reajuste del sector público. En dicho protocolo se incluyó una norma que exige que las desvinculaciones de funcionarios que hayan adquirido “confianza legítima” —tras dos años en el cargo— se realicen “mediante actos administrativos fundados, con hechos y fundamentos de derecho sustentados en criterios objetivos y acreditables“.

Esta cláusula fue interpretada por la oposición como una maniobra para “amarrar” funcionarios de confianza antes del cambio de administración. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, incluso amenazó con una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Sin embargo, dicha ofensiva no logró apoyo suficiente dentro de la oposición. De hecho, un llamado telefónico entre Marcel y Ramírez habría ayudado a descomprimir la tensión, y actualmente se están explorando posibles áreas de entendimiento.

Este episodio refleja la estrategia que La Moneda desplegará durante enero: establecer contactos directos con figuras clave de la oposición, y aprovechar la disposición al diálogo del presidente electo, José Antonio Kast, para avanzar en leyes que, de no resolverse ahora, podrían convertirse en problemas para el próximo gobierno.