La denuncia de Jorge Yarur ante Contraloría por irregularidades en criaderos de animales: “Funcionan en una zona gris que favorece la informalidad”

A comienzos de diciembre el empresario Jorge Yarur, quien preside la Fundación Yarur Bascuñán y fundó Tu Amigo Fiel -organizaciones animalistas- ingresó a Contraloría una solicitud para una fiscalización a una serie de organismos del Estado por lo que él considera como incumplimientos de la “Ley Cholito”.

El documento ingresado por el abogado Gabriel Muñoz señala que la fundación de Yarur fue por sus propios medios para verificar si se estaba cumpliendo la normativa, mediante solicitudes de información por Transparencia, con lo que pudieron concluir que había varias inobservancias.

Según plantea el Diario Financiero, el detalle de lo ingresado por Yarur lee que se realizaron consultas a diez municipios de la Región de Valparaíso y doce a la Metropolitana, y que de las respuestas se concluyó que “ninguna municipalidad cuenta con registros propios de criaderos o patentes comerciales del giro otorgadas”.

“La única municipalidad que cuenta con patentes comerciales y registro de criaderos en el ‘Registro Nacional’ es Buin, con dos patentes otorgadas. En general todos actúan incumpliendo normas vigentes sobre la materia, no contando con políticas de fiscalización o preventivas, en el marco del comercio o criadero de mascotas o animales de compañía”, lee el documento al que accedió el DF.

Yarur comentó al medio citado que “el problema de fondo es que el Estado no ha dictado los reglamentos que la propia ley exige, por lo que no existen estándares claros ni registros operativos. Muchos criaderos funcionan en una zona gris que favorece la informalidad y dificulta la fiscalización. El foco no debe estar sólo en el cierre inmediato, sino en que el Estado cumpla su obligación, establezca reglas claras y luego haga cumplir la ley“.

Según el fundador de la fundación hoy el Estado no cuenta con información oficial, consolidada y confiable sobre cuántos criaderos existen, dónde operan ni qué volumen económico mueven. Y que, cuando las ordenanzas no se han actualizado o no existen “se genera un vacío normativo que debilita la fiscalización, fomenta la informalidad y deja a las comunidades sin herramientas para prevenir el abandono, el comercio ilegal y los conflictos sanitarios. No es una omisión menor: tiene efectos concretos y permanentes”.