Con oficinas, horario fijo y zona de colación: la historia de dos asaltantes que montaron un call center de estafas telefónicas para engañar entre 20 a 30 adultos mayores por día

En agosto de 2014, los caminos de dos asaltantes talquinos se comenzaron a juntar. 

El primer día de ese mes, Luis Elvis López Canales fue fiscalizado por Carabineros en la ruta K-55 cuando iba abordo de un Kia Río gris. No alcanzó a ponerse nervioso cuando fue detenido de inmediato: entre sus pertenencias portaba elementos para eliminar huellas, abrir candados y desactivar alarmas. Iba camino a un robo. 

Ese auto fue revisado porque había reportes sobre su uso en al menos otros siete robos en sectores acomodados de Talca, en la Región del Maule. 

Lopéz fue formalizado y quedó en prisión preventiva en la cárcel de la Séptima Región. 

Tres semanas después, entró en escena Cristián Alejandro Jara Castro. El 31 de agosto, cerca de las 22:30 ingresó al Centro de Formación Técnica San Agustín, junto a otros sujetos, para llevarse computadores, televisores e impresoras. 

Fueron tan veloces los movimientos que la banda alcanzó a huir de Carabineros. En diciembre de ese mismo año, Cristián Jara acertó un nuevo golpe: siguieron a un hombre que en su poder llevaba un maletín con joyas avaluadas en $7 millones. Tras interceptarlo, lo golpearon para conseguir el botín.  

En esta oportunidad, sin embargo, su escape se frustró y fue detenido por la policía.

Al llegar a la cárcel de Talca, el destino quiso, que su compañero de celda fuera Luis López, con quien iniciaron una amistad. Con los meses de encierro y conversaciones, ambos diseñaron un brillante plan criminal para implementarlo al cumplir sus condenas. Casi como un guión de serie de streaming: crear un call center para trasladar las estafas telefónicas carcelarias a diferentes casas talquinas y convertirlas en centros de llamadas ilícitas ininterrumpidas. 

Así, tras obtener la libertad, comenzaron a ejecutar su “visión” de negocio. Lo primero que hicieron fue fichar a Óscar Muñoz Carrera–otro avezado asaltante–, con quien articularon la jefatura de esta organización y se distribuyeron las tareas criminales.  

Buscaron siete casas para acondicionarlas como una fachada de oficina en barrios acomodados con la consigna de no levantar sospechas. El objetivo de esta logística buscaba que se usara un inmueble cada semana como medida de seguridad para eliminar patrones de conducta y sortear el cerco policial.

El triunvirato, en paralelo, comenzó a fichar a los operadores del call center, quienes tendrían turnos de trabajo. Por ejemplo, además de ir vestidos como oficinistas, sus jornadas contemplaban entrar a las 09.00 para terminar pasada las 17.00 horas. Incluso, definieron un espacio de colación para darle más realismo a sus operaciones.

Y, por último, lo más relevante: adquirir la máquina que hace la magia llamada DMTF–Dual Tone Multi Frequency–que logra escanear las claves cuando la víctima teclea su clave en el celular. Acompañado de compras de bases de datos, las cuales–sorprendentemente– se consiguen en internet por montos de entre $200 mil a $500 mil, de acuerdo a la información bancaria que se requiera.

Así eran los audios del engaño: “Somos del área de prevención de fraude, por favor mantenga la calma”

Con todo instalado, abrieron el “negocio” los primeros meses de 2022. El plan ideado en la cárcel por Jara y López había definido una máxima: sólo víctimas adultos mayores, ya que–según los análisis policiales–son perfiles más manipulables y entregan su información privada con mayor rapidez sin sospechar.    

–”Buenas tardes, con don Franklin. Primero que nada saludarlo. Soy el ejecutivo Daniel González, supervisor de su tarjeta Líder BCI“

–”Me estoy comunicando del área prevención y fraude para verificar por dos compras que ingresaron al sistema el día de hoy con cargo a su tarjeta de crédito por el valor de $392.500 y $272.500“

–”¿Usted hizo las compras?“

–”Vamos a proceder a eliminarlas. Por favor, mantenga la calma. Yo tengo retenida las compras“

Estos son algunos de los diálogos y formatos que los “funcionarios” del call center usaban a diario para atrapar a sus víctimas. Según estimación de la Brigada Contra el Crimen Organizado de la PDI, unos 20 a 30 casos diarios les daba resultado. 

“Tenían manos libres y lo principal era que el teléfono estaba adaptado a este dispositivo electrónico que clonaba la clave. Y con esa información un segundo sujeto de inmediato hacía la defraudación”, explica a The Clinic, el subprefecto Pablo Godoy, jefe de la Brigada Contra el Crimen Organizado de Talca. 

La primera víctima documentada correspondió a J.C.C.B., de 71 años, quien reside en Talcahuano, en el Biobío. Mediante las técnicas descritas, el 12 de abril de 2022, la banda obtuvo los datos privados de su tarjeta de crédito del Banco Edwards con los tres dígitos verificadores. Esto les permitió suplantarlo y realizar ocho compras express por $1.195.840 en tiendas como Adidas, Falabella y el supermercado Tottus. 

Seis días después, lograron engañar a una mujer de 73 años de Arauco. Con ayuda de la máquina DMTF pudieron entrar a sus cuentas, generando un fraude por más de $7 millones entre compras y transferencias que se hicieron a varias cuentas corrientes. 

“Lo inédito de todo era el call center implementado. Hicieron una empresa del delito. Esto era acciones diarias”, dice el subprefecto Pablo Godoy, quien revela que los ejecutivos bancarios también eran engañados en algunas oportunidades para bajar las alertas o conseguir cambiar las claves. 

Así ocurrió el 14 de febrero de 2024. Cuando llevaba más de dos años operando con este sistema de fraude en casas de seguridad, la organización se hizo pasar por M.A.A.A, de 65 años, cuyo domicilio estaba en Linares. Los delincuentes lograron engañar a la ejecutiva de atención al cliente del Banco Scotiabank, obteniendo los datos codificados de las tarjetas de crédito. Ese día de San Valentín lograron un fraude por casi $5 millones en diversas compras.  

Un contador, nueve empresas falsas y contratos millonarios para ocultar las ganancias de las estafas

Estaban imparables. Este call center del engaño si bien operaba desde Talca, sus víctimas eran de todo Chile, incluso varias comunas de la Región Metropolitana como Las Condes, Maipú y Quinta Normal.

Por ello, debieron reorientar el modelo de negocio, porque estaban obteniendo una gran cantidad de dinero en efectivo y había que esconderlo. O más bien, ingresarlo al sistema formal. Eso provocó que los líderes ficharan al contador Claudio Gómez Canales, quien armó una estructura para dar “legitimidad a las operaciones”. 

Contratos de trabajo, pago de cotizaciones, guías de despacho, facturas y compra de IVA fueron parte de sus funciones, las cuales implementó con la creación de nueve sociedades, que les permitió además solicitar millonarios créditos a la banca, que nunca pagaron.

“Agrícola Evoli Spa”, “Transportes JLR Spa”, “Constructora Gocas” y “Talca, París, Miami Spa” fueron algunos de los nombres usados por esta organización delictual. 

“Se procede a inyectar en ellas el dinero proveniente de los ilícitos principalmente por medio de depósitos en dinero efectivo, confundiéndolo o mezclándolo con el dinero proveniente de negocios legítimos, tales como la venta de Trigo al denominado Molino Heredia de Talca, o la venta  de pulpa de fruta, de manera de dar a estas empresas una apariencia de  legitimidad”, se lee en un documento reservado del Ministerio Público.  

La nómina de trabajadores que firmaba cada mes el contador Gómez eran las propias parejas de los estafadores, familiares y amigos, quienes simulaban jornadas laborales, pues no “prestaban” ningún tipo de servicio. 

En esa línea, sus nombres y rut eran usados para inscripciones de propiedades y compra de vehículos de alta gama para robustecer el plan de lavado de activos. Al menos, unos 20 automóviles figuran en la investigación de la PDI.  

Por ejemplo, el contrato de trabajo del “jefe” Cristián Jara abarcaba un sueldo de casi $16 millones mensuales entre 2021 y 2024. Mientras que su socio Luis López, tenía un sueldo de ejecutivo top por sobre los $45 millones. 

“Tenían un nivel de vida desde cirugía estética, lugares acomodados donde vivían, autos de alta gama, viajes al extranjero, hoteles, buenos restaurantes. Lo que hizo pensar en un principio que estaban asociados al tráfico de droga, pero el giro era estafa”, comenta el subprefecto de la BRICO, Pablo Godoy.

El caso de la actriz Amparo Noguera que puso la estafa telefónica en primera línea delictual

Hace unas semanas, Amparo Noguera se vio envuelta en un grave caso de estafa telefónica con la modalidad de “El cuento del tío”. La actriz fue engañada durante más de una semana bajo un esquema criminal inédito: mientras unos sujetos se hacían pasar por su ejecutivo bancario, otra parte de la organización–caracterizados de policías–iba a su casa para supuestamente llevarse y resguardar las pertenencias de alto valor. En total, el fraude se estimó en $700 millones.  

Pero no es la primera vez que la protagonista de teleseries se veía envuelta en esta problemática. De acuerdo a una denuncia ingresada a la Fiscalía Oriente en julio de 2024, a la que tuvo acceso The Clinic, Noguera fue alertada de un posible fraude con su tarjeta de crédito tras recibir un correo electrónico de la entidad bancaria. Al revisar los movimientos del estado de cuenta, la actriz se percató que 24 horas antes se habían realizado 12 operaciones en el extranjero por más de mil dólares. Es decir, un millón de pesos.

Desde el entorno de Amparo Noguera indicaron que su tarjeta fue clonada sin que ella tuviera algún contacto con los delincuentes y sus sospechas recaerían que esas maniobras ocurrieron durante un viaje que hizo a Buenos Aires, Argentina.

El Ministerio Público, por su parte, determinó archivar el caso, pues los supuestos delitos se cometieron fuera de Chile, por lo que no podía abrir una causa penal. 

La fragilidad de información de las tarjetas bancarias volvió a estar en el frente noticioso con el caso de Amparo Noguera. La manipulación y timo tanto a clientes como ejecutivos comerciales es un esquema delictual que le entrega grandes réditos económicos a estas bandas, cuyos botines son difíciles de encontrar, a pesar de las detenciones. Lo que se ha quedado expuesto también en la causa del call center de Talca: 12 integrantes detenidos, pero un porcentaje bajo de bienes recuperados.

En ese sentido, la actuación de la Brigada de Lavados de Activos de la PDI es clave para evitar esa impunidad en la persecución de estas organizaciones. “Hay diligencias en curso, pues lo más importante es seguir la ruta del dinero”, advierte el jefe Pablo Godoy, quien mantiene aristas en desarrollo para incautar más bienes adquiridos con las platas de las estafas.

A la fecha, la Fiscalía de Talca ha estimado que la banda del call center logró una fortuna por sobre los $2 mil millones que se gastaron en gran parte en viajes por toda Europa y Estados Unidos, cirugías plásticas y más de 20 vehículos. 

Y no sólo eso. Los compañeros de celda y cerebros de este fraude–Cristián Jara y Luis López–compraron dos parcelas en el sector de Pelarco, donde levantaron una mansión para cada uno con piscinas semiolímpicas y la construcción de un quincho de asado para un centenar de personas. 

La policía estima que existen más lujos ocultos, por lo que mientras se afinan los últimos detalles para iniciar el juicio oral de esta organización criminal, la PDI sigue en diligencias en búsqueda de más vehículos y propiedades.

“Lo habitual es que se detenga a los testaferros o terceras personas, pero en este caso hemos detenido a lo que llamaríamos una base de operativa de call center que estafaba a personas de la tercera edad”, cierra el fiscal jefe de Alta Complejidad del Maule, Francisco Soto, quien solicitó penas entre 16 a 18 años para los líderes de la organización.

Largas condenas, que la Fiscalía espera concretar, pero–esperemos– sin la posibilidad de que estos delincuentes tengan acceso a su principal arma y herramienta: un celular.