El olvido de la salud mental tras los megaincendios de Valparaíso: $370 millones de los recursos comprometidos no se usaron y se destinaron a insumos médicos y equipos informáticos 

Paola Pizarro (54), residente de Achupallas, en Viña del Mar, recuerda que la tarde del 2 de febrero de 2024 estaba en su casa con uno de sus tres hijos cuando el gran incendio que afectó a esa comuna, y a los vecinos municipios de Quilpué y Villa Alemana, se empezó a propagar. 

En el momento en que se realizaron los llamados a evacuar la zona, sintió pánico al creer que se quedaba atrapada entre las llamas. Si bien logró escapar, tuvo que abandonar su hogar para volver a encontrar todo perdido, al igual que muchos otros damnificados, dando inicio a la nueva realidad que vive la comunidad y que hasta el momento no han podido superar, marcada también por el impacto en la salud mental. 

Paola Pizarro comenta que fue evaluada tres veces por una dupla psicosocial tras los incendios de 2024, pero luego fue dada de alta junto a su hija –con la que vivió el incendio– porque, según les dijeron, “estaban bien”. 

Desde entonces no ha recibido más apoyo, pese a que asegura haber vivido un año marcado por el agotamiento y las dificultades emocionales de reconstruir su casa mientras cuida de sus hijos y apoya a otras familias afectadas. 

Intentó conseguir atención psicológica en el Cesfam, pero hasta ahora no hay horas ni equipos disponibles. Las acciones prometidas, como la creación de nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar (COSAM) anunciados hace más de un año, nunca se concretaron. 

No se priorizaron gastos en materias de salud mental, a pesar de que el Ministerio de Salud recibió $370 millones del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) para utilizar en acciones y prestaciones de apoyo psicosocial a las personas afectadas. Los recursos –según los gastos del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota– se destinaron principalmente a insumos clínicos, mantenimiento de equipos de producción, y arriendo de equipos informáticos. “Solo quedamos en llamadas, así de desolador ha sido esto”, lamenta Pizarro.

Para este reportaje se revisaron las iniciativas contempladas para ser financiadas por el FET, según lo establecido en la Ley 21.681. En dicha revisión se identificó que entre las prestaciones y acciones consideradas por el presupuesto se incluyen medidas de apoyo y atención psicosocial para las comunidades afectadas, que debían ejecutarse durante 2024. También la reposición y reconstrucción de infraestructura pública dañada.

Luego, se analizaron los presupuestos asignados por el Ministerio de Hacienda a las distintas carteras durante el 2024, constatando que al Ministerio de Salud se le transfirieron $370 millones del FET, en el marco de las ayudas para los damnificados por el incendio de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, monto que –según acredita un documento de la Dirección de Presupuestos (Dipres)– muestra una ejecución de 0,0%. 

Matías Acevedo, exdirector de la Dipres, asegura que la redacción sugiere que podría tratarse de un error administrativo, ya que los recursos fueron utilizados, pero no se registraron oportunamente en el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGFE).

Fuente: DIPRES

Se solicitó información al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota que confirmó no haber podido ejecutar el fondo correctamente, debido a su fecha de carga en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE). El SIGFE registra y valida todas las transacciones presupuestarias. Para que un gasto quede contabilizado debe estar previamente ejecutado, pero si se ingresa fuera de plazo no puede atribuirse oficialmente al fondo correspondiente, aun cuando los recursos hayan sido utilizados. 

Respecto a la posible asistencia de salud mental a los afectados en la atención primaria, se consultó a los municipios de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, responsables de la gestión económica de los CESFAM, a través de Transparencia. Las tres municipalidades confirmaron no haber recibido recursos asociados al FET.

Los vecinos de poblaciones afectadas por los mega incendios de Valparaíso no han recibido la atención psicológica que se les prometió, poniendo en riesgo el desarrollo de trastornos que afectan la salud mental, perjudicando su vida personal y dificultando la superación de la catástrofe.

El fondo que no se ejecutó en salud mental

La Ley 21.681, publicada en julio de 2024, creó el Fondo de Emergencia Transitorio (FET) por Incendios, destinado a financiar la reconstrucción en la Región de Valparaíso tras la catástrofe de febrero de ese año. El artículo primero de la norma establece que los recursos del fondo, por un máximo de $800 mil millones de pesos, deben cubrir desde la reconstrucción de viviendas hasta “acciones y prestaciones de apoyo psico-social para las personas afectadas”.

Según el último informe trimestral publicado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) –sobre los gastos ejecutados del FET a marzo de 2025– se había utilizado un 5,6% del fondo. En cuanto al apoyo psicológico, según un documento de DIPRES, el año 2024 se le asignaron $370 millones de pesos al Ministerio de Salud. No obstante, registros oficiales confirman que los gastos efectivamente ejecutados con cargo al FET se destinaron a la compra de insumos básicos y equipos para la red de salud –como materiales para el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU), artículos médicos y ropa de trabajo– y también para pagar servicios necesarios durante la emergencia, entre ellos seguros de ambulancias, traslado de pacientes, mudanzas y el arriendo de computadores. 

No se registró ningún gasto asociado a atención psicológica, acompañamiento comunitario ni programas de contención. El Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ) fue consultado para aclarar si los recursos estaban vinculados a programas de apoyo psicológico o bajo qué criterio fueron ejecutados, sin obtener respuesta hasta la fecha. Esto deja en evidencia la brecha entre el compromiso legal y la implementación efectiva de las medidas de salud mental para los damnificados.

Esa brecha se refleja en historias como la de Rigoberto Saint Jean (46), otro damnificado. La noche del incendio fue a buscar a su madre, con la esperanza de encontrarla en algún albergue. Sin embargo, a la una de la madrugada del 3 de febrero de 2024, la encontró sin vida en lo que había sido su casa.

“Nadie vino después a preguntar cómo estábamos”, cuenta. Dice que no recibió atención de las duplas psicosociales –equipos formados por un psicólogo y un trabajador social que brindaron primer apoyo tras la catástrofe– ni acompañamiento especializado: “Las familias que encontramos a nuestros seres queridos no tuvimos contención, tuvimos que lidiar solos con eso”.

Saint Jean cuenta su historia como una forma de denuncia y asegura que lo que más le preocupa es que los damnificados que perdieron todo “no tengan más razones para vivir”. Hoy su lucha es que se entregue ayuda real a sus vecinos y se tomen medidas para no repetir los mismos errores. “No normalicemos las muertes, porque las tragedias van a seguir. La salud mental no se transa”, enfatiza.

El Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota (SSVQ) aclaró que los fondos destinados al Minsal “no fueron ejecutados de la forma correspondiente debido a la fecha en que fueron ingresados al Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado (SIGFE)”. Matías Acevedo, exdirector de la Dipres, precisó que: “Lo importante es si se prestó el servicio o no, no de dónde salió (el fondo)”. En este caso, se ejecutó un aproximado de $372 millones en gastos corrientes que no incluyen desembolsos relacionados a programas de salud mental ni contratación de personal. En otras palabras, el fondo no se utilizó como debía.

La información entregada vía Transparencia muestra los montos ejecutados en el marco de la catástrofe. De un total de $372.305.460, aproximadamente un 69% se destinó a “insumos clínicos”, gastos que incluyen desde kits de circuitos de ventilación, hasta uniformes. Otros de los mayores gastos fueron 14,7% en “mantenimiento” y 10,9% en “arriendo de equipos informáticos”. Sin embargo, el monto total no considera acciones de salud mental. Aunque la ley contempla la reposición, reconstrucción y habilitación de infraestructura pública dañada, el apoyo psicosocial comprometido –también incluido en la normativa– quedó fuera de la ejecución.

*Los insumos clínicos incluyen sensores de capnógrafo, toallas desinfectantes, parches de marcapaso, circuitos de ventilación, insumos de vía aérea para la Red SAMU, pañales para adultos, accesorios de lactancia, termos y equipamiento especializado como ventiladores de transporte.

Salud mental en espera

Paola Pizarro lleva cerca de tres meses esperando que llamen a su hija (14) para recibir atención psiquiátrica. Pidió una hora en el CESFAM Miraflores Alto el 12 de agosto de 2024, pero desde entonces no ha obtenido respuesta. Desde el incendio, ha notado a la menor triste y desmotivada, y le preocupa su “bajo rendimiento” escolar. “La pueden [los profesionales] enfocar un poco. Yo puedo hacer muchas cosas como mamá, pero siento que no me quiere contar todo para no ponerme más triste”, comenta.

Según cifras del SSVQ obtenidas a través de Transparencia, el número de personas que buscaron acceder a atención psiquiátrica en los hospitales que atienden a las comunas afectadas aumentó un 46,1% entre 2023 y 2024. Esta cifra incluye a quienes fueron derivados desde los CESFAM a los hospitales administrados por el SSVQ.

Carlos Mellado Yáñez, psicólogo y académico de la Universidad Santo Tomás de Talca, ha investigado por años los efectos del trauma en adolescentes y jóvenes. En uno de sus estudios, analizó las consecuencias del incendio forestal “Las Máquinas” de 2017, revelando altas tasas de estrés postraumático, depresión y ansiedad entre la población analizada. Sus investigaciones aportan evidencia concreta sobre cómo la catástrofe y la falta de apoyo psicológico prolongan el daño emocional en las comunidades. 

Según Mellado, los desastres no solo dejan daños materiales, sino también consecuencias emocionales que pueden extenderse por años. Entre los síntomas más frecuentes en quienes enfrentan este tipo de catástrofes se encuentran la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y la ideación suicida. Por eso recalca la urgencia de una atención oportuna: “Mientras más tarde lleguemos, es más posible que los síntomas se desplieguen y causen más daño a las personas”. Pero además de una atención inmediata, el psicólogo menciona la importancia de que sea una atención prolongada: “Este tipo de síntomas que ocurren en los desastres tienden a ser cíclicos; tú puedes mostrar ciertos indicios de mejoría, pero estos pueden volver”.

El problema de una terapia inconclusa

Carlos Orellana (67), exfuncionario de la Armada y vecino de Viña del Mar, perdió a su hija menor de 14 años y a su exesposa durante la tragedia, ambas vivían en el sector Pompeya Sur en Quilpué. “Desde ese minuto, para mí fue todo un infierno”, cuenta. Un estudio psicológico, encargado por el equipo jurídico que lleva su querella contra el Estado, determinó que padece de estrés postraumático e ideación suicida. 

Recibió contención psicológica en el Hospital Naval a tres meses de la catástrofe, pero no por parte del Estado. Tras esa atención inicial, no tuvo seguimiento ni apoyo para continuar su tratamiento en salud mental, lo que lo obligó a buscar por sus propios medios a una psiquiatra particular: “El apoyo que ella me ha dado, sumado a los medicamentos, me cambiaron la vida. Yo creo que, si todas las personas tuvieran los medios para poder acceder a estas consultas, se haría más llevadera esta carga atómica que puedan tener en su persona”.

Según información del Ministerio de Salud obtenida a través de Transparencia, entre febrero y octubre de 2024 se realizaron 15.729 acciones de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) en la Región de Valparaíso, como parte de la respuesta del Ministerio de Salud a los incendios. Los registros detallan 1.851 atenciones de primera ayuda psicológica e intervención en crisis, 12.034 consultas de salud mental asociadas a la emergencia y 996 intervenciones grupales, además de pesquisas activas, acompañamientos psicosociales y sesiones de psicoeducación. Estas acciones fueron ejecutadas por los Equipos de Apoyo a la Respuesta en Salud Mental (ARSAM), duplas psicosociales y los COSAM móviles desplegados durante la fase de recuperación.

Por otro lado, la respuesta del MINSAL, no precisa el uso de los fondos destinados a estas intervenciones, argumentando que esa información corresponde al SSVQ. Si bien el reporte revela la cantidad de atenciones, la gestión del presupuesto y su ejecución permanecen sin respuesta.

“El trauma percibido fue particular de cada sector”, cuenta un psicólogo que integró las duplas psico-sociales y prefirió no ser identificado. La ayuda entregada por los profesionales fue uniforme en todas las comunas y poblaciones, y finalizó en el mismo período. No se trató de un apoyo personalizado, sino más bien de una asistencia general con un seguimiento poco sostenido.

Aunque reconoce que se trataba de una situación de emergencia y de primeros auxilios psicológicos, también admitió sobre esta primera atención que: “Quizás hubiera sido ideal que continuara hasta diciembre de 2024”.

*Este reportaje fue realizado por Agustina Carroza y Cecilia Orueta en la sección del  profesor Pedro Ramírez del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.