Golpe a la Fiscalía: Corte desestima petición de desafuero contra el gobernador Claudio Orrego por caso Procultura

La jornada de este martes el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago estuvo escuchando los alegatos en solicitud de desafuero de gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por sus implicaciones en el caso Procultura, ligado a la investigación por mal uso de recursos por parte de la fundación liderada por el psiquiatra Alberto Larraín -que a fines de enero fue detenido en su domicilio-.

Y es que Orrego figura como imputado por fraude al fisco en la investigación que está liderando la Fiscalía Regional de Antofagasta por este caso, ligado a una de las aristas del caso Convenios.

De hecho, tras la detención de Larraín, desde la Fiscalía Regional de Antofagasta señalaron que “personal de la Brigada Anticorrupción de la PDI concretó la detención de cinco personas presuntamente involucradas en ilícitos que habrían afectado al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago con ocasión de la suscripción e implementación de un convenio con la Fundación Procultura durante el 2022″. 

El convenio del programa “Quédate” que complica a Orrego

Según la Fiscalía, Orrego habría cometido fraude al fisco por suscribir dos convenios con la fundación Procultura, por un total de $1.690 millones, sin que el organismo contara con la “capacidad, idoneidad, competencia y experiencia” necesarias para ejecutar dichos contratos.

Se refieren a los recursos destinados en 2022 al programa “Quédate”, para la prevención del suicidio y el fomento de la salud mental de la RM. Allí, si bien una vez gatillada la crisis del caso Convenios se canceló el contrato, seguirían habiendo cerca de $1.000 millones, según la Fiscalía, que no estarían justificados.

Y de acuerdo al organismo persecutor, el convenio carecía de justificación técnica y estaría sustentado únicamente en la cercanía entre Larraín y el gobernador.

En esa línea, es que se solicitaba el desafuero de la actual autoridad regional de la RM, para que así perdiera su fuero como autoridad electa, quedando habilitado para ser formalizado e incluso haber sido suspendido de su cargo como gobernador.

Sin embargo, y por decisión unánime, el tribunal desestimó la medida contra la autoridad de la RM.