Condenan a exfuncionario del Minsal por adjudicar a su propia empresa un millonario contrato de residencia sanitaria durante la pandemia

El 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago expuso este 17 de febrero un caso vinculado a la gestión de la pandemia en el país. Se trata de una causa contra el exfuncionario público Orlando Durán Ponce, acusado de haber favorecido a su conveniencia un negocio ligado a la residencias sanitarias en pleno avance del COVID-19.

Los hechos se remontan a 2020, cuando eran los inicios de la emergencia sanitaria. Para dar respuesta, el Ministerio de Salud recurrió a contrataciones rápidas para habilitar espacios de aislamiento para personas contagiadas o sospechosas de contagio.

En ese contexto, apareció la empresa Hotel Clínico SpA, creada pocas semanas después de declarada la alerta sanitaria, pero que terminó por obtener el convenio público para operar como residencia sanitaria en la Región Metropolitana.

De acuerdo a la acusación presentada por la fiscalía y respaldada por el Consejo de Defensa del Estado, Orlando Durán, bajo el cargo de jefe en la División de Atención Primaria (Divap), habría participado directamente en el proceso que permitió la contratación de Hotel Clínico SpA, siendo que mantenía vínculos previos con algunos de los departamentos ofrecidos.

Y es que Durán ya había administrado anteriormente un negocio con 19 de los inmuebles otorgados por Hotel Clínico SpA, pues solía subarrendarlos temporalmente a través de la plataforma Booking.

Cómo se destapó el fraude por las residencias sanitarias de Hotel Clínico SpA

Tras la contratación, comenzaron las irregularidades con los registros de los usuarios que hacían uso de la residencia sanitaria. Dado que para el visado de pagos era necesario contar con una lista de los pacientes efectivamente atendidos, Hotel Clínico SpA entregó una planilla con este detalle.

Sin embargo, un 88,27% de las 154 personas supuestamente ingresadas, entre marzo y junio de 2020, mantenía una procedencia desconocida, pues no habían sido derivadas como casos que necesitaran aislamiento a petición del Ministerio de Salud.

A esto, la causa declara que “el mismo listado individualizaba a 94 huéspedes de nacionalidad extranjera, pero 56 de ellos ni siquiera se encontraban en el país durante las fechas que se informaba que habían hecho uso de la residencia”, determinando que Orlando Durán “certificó falsamente que el servicio se prestó de forma conforme”.

De esta forma, se frenó el pago total del contrato que superaba los $200 millones, pero se siguió investigando como un caso de fraude al fisco.

A esto se suma, además, que Durán fue acusado de facilitar la contratación de su pareja, Alexandra González Silva, en el Servicio de Salud Metropolitana Occidente, siendo que no cumplía funciones reales en la división. Aún así, se le pagaron $2,4 millones, considerándose de igual forma como un delito.

Una condena a libertad vigilada intensiva y una multa por $100 millones

Resumiendo los hechos, el Ministerio Público refirio a que “el acusado aprovechando su posición, tuvo acceso a información privilegiada sobre la estrategia de la autoridad pública para contratar residencias sanitarias, de manera que el imputado orquestó una estrategia personal para reconvertir los departamentos que administraba en una residencia sanitaria”.

De esta forma, el tribunal le impuso a Durán una pena de 900 días de presidio, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por tres años y un día, y el pago de una multa por $102.793.152 por negociación incompatible y fraude al fisco frustrado.

Asimismo, fue condenado a otros 900 días de reclusión, la misma sanción accesoria y una multa adicional de $2.400.000 por el segundo fraude al fisco, explicado en la contratación improcedente de su pareja, Alexandra González.

Sin embargo, el tribunal sustituyó las penas de cárcel por libertad vigilada intensiva “por el término que duren las condenas, debiendo presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile”.