Oposición se activa contra el Gobierno de Boric por cable submarino chino y alista citaciones al Congreso de ministros Muñoz y Van Klaveren

“Sin observaciones” fue el comentario que dejó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el 27 de enero de este año en un documento de la cartera que dirige en el cual se autorizaba que el proyecto del cable submarino chino de la empresa China Mobile International, el cuestionado por el gobierno de Estados Unidos y que significó la revocación de visas de tres funcionarios del Ejecutivo —entre ellos, el propio Muñoz—, siguiera su curso.

De acuerdo a El Mercurio, el documento establecía la concesión de 30 años y autorizaba a la compañía para “instalar, operar y explotar una Red de Transmisión por cable de Fibra Óptica Submarino con repetidores y tecnología DWDM”, el que interconectaría a Chile con China a través de las ciudades de Hong Kong y Concón.

Es aquello lo que levantó molestia en Estados Unidos, graficada en el embajador que tiene el país en Chile, Brandon Judd, quien, según contó, se reunió con distintos ministros de la actual administración del Presidente Gabriel Boric para hacerles saber la incomodidad estadounidense porque podía verse “socavada” la seguridad nacional y regional.

Además, enfatizó en que ya existía un cable submarino que une a Chile con Oceanía —el cable Google Humboldt—, por lo que uno nuevo resultaba “redundante”.

Pese a la firma de Muñoz que visó el cuestionado proyecto, el decreto finalmente no prosperó, luego de que el mismo fuese anulado, según se explicó en un comentario complementario en el escrito, por requerimiento de Guillermo Petersen (PC), jefe de gabinete del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), quien por correo electrónico justificó la decisión “por razones de error técnico en su tipeo”.

Tanto Petersen como Araya son vistos como los otros funcionarios del Gobierno de Chile que habrían visto revocadas sus visas para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que aún no han sido notificados.

Citaciones a Muñoz y Van Klaveren

La revelación de la aprobación y posterior anulación del decreto, antecedentes que no eran conocidos públicamente, generaron comentarios inmediatos en el Congreso, cuyos integrantes ya habían conversado en los días previos por WhatsApp las acciones a tomar por el caso, que ha implicado un deterioro en las relaciones diplomáticas de Chile con Estados Unidos.

Así fue el caso de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en la que el diputado Stephan Schubert, integrante de la instancia, comenta a The Clinic que la idea que prevaleció en el grupo fue citar al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, a una sesión ordinaria de la comisión, la que ocurriría el martes de 3 de marzo, un día después del retorno a las labores legislativas.

Ello con el fin de hacer más expedita la citación, puesto que el diputado Diego Schalper (RN), también integrante de la comisión, levantó la idea —y se la expresó a la presidenta de la comisión, la diputada Ericka Ñanco (Frente Amplio)— de realizar una sesión especial en la propia instancia parlamentaria con el ministro Muñoz y el subsecretario Araya.

“Con lo que hemos conocido hoy, pienso que debemos evaluar una comisión investigadora. ¿Con cuántas sorpresa más nos vamos a encontrar?”, preguntó Schalper retóricamente.

No obstante, en el espacio la idea de la comisión investigadora no se ve plausible aún. En la comisión comentan que falta información al respecto y que sería muy apresurado convocar esa instancia cuando aún no ocurren explicaciones oficiales por parte del Gobierno al Legislativo, considerando el período de receso parlamentario.

“Aquí falta que el Gobierno explique en qué condiciones se encuentra esto. El Gobierno tiene que ser claro en cuáles son los procedimientos”, dice Schubert, y añade: “Aquí falto prudencia, oficio. Tenemos un subsecretario comunista que estaba apurado en cerrar contratos con China. Me gustaría ver los vínculos que tiene, y cuáles va a seguir teniendo con posterioridad”, en referencia a Araya.

El Gobierno, en tanto, se defendió por el tema. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), sostuvo la mañana de este martes en Radio Duna que “la aprobación (del decreto) fue retrotraída porque se requerían análisis adicionales“.