Paulina Zamorano, exencargada del Plan de Búsqueda: “Es un honor que me haya echado un abogado de Pinochet, eso significa que estábamos haciendo muy bien el trabajo”

Paulina Zamorano llevaba 14 años trabajando para el Estado. Pasó desde la universidad a ser abogada litigante del Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ejecutivo, en enero de 2012, cuando gobernaba el expresidente Sebastián Piñera. En esa función estuvo más de 10 años, hasta que en 2022 la entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter, la nombró como jefa subrogante del citado programa. Un año más tarde, el subsecretario Xavier Altamirano la designó como jefa titular. Su asunción a dicho cargo tenía un claro objetivo: el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

“Trabajé en los distintos gobiernos en la labor de abogada litigante. Tenía a mi haber las causas principalmente de detenidos desaparecidos y algunos también ejecutados políticos años 74, 75 y parte del año 76. A cargo de causas, junto con otros compañeros, por supuesto, como Villa Grimaldi, Operación Colombo, procesos relacionados con el recinto de Venda Sexy, José Domingo Cañas, Cuatro Álamos, entre otros”, dice Zamorano, quien esta semana fue informada –vía decreto ministerial– que no seguiría en el cargo.

También, desvincularon a otras dos jefaturas del programa: Tamara Lagos Castro, jefa del Área de Archivos e Investigación Documental; y Magdalena Garcés Fuentes, jefa del Área de Búsqueda y Trayectorias.

“Me esperaba la salida. No hubo ninguna comunicación, salvo el primer día en que el subsecretario fue a la oficina del programa. Pero nosotros, como jefatura, siempre estuvimos muy abiertos a poder trabajar. De hecho, yo les mandé muchos mails, mandando informes de gestión, proyecciones, planificación, próximas sesiones de trabajo, propuestas de oficio para que se despacharan. No tuvimos ninguna respuesta. Cero. Lo que no esperábamos era que descabezaran a tres jefaturas del programa. Ese fue el choque”, asegura Zamorano.

—¿En qué pie cree que queda el programa?

—Mira, el programa es creado por ley. Es un programa de continuación que tiene muchos años de existencia. Sin ir más lejos es una instancia de continuación de la Comisión de Verdad, pero yo creo que va a ser importante conocer cuáles son esos nuevos lineamientos que señaló el ministro y su subsecretario para el programa y para una política pública de esta naturaleza, porque uno puede decir que el Plan Nacional de Búsqueda se encuentra operativo, pero que sean simplemente palabras que no se traduzcan en un trabajo efectivo. Y eso es lo que pone en riesgo.

Ya el hecho de que se hayan producido estas desvinculaciones, de que haya habido una falta de reunión también con las organizaciones, que es como parte de la esencia de nuestro trabajo, y que todos finalmente nos sigamos enterando por la prensa de lo que está sucediendo, también pone en riesgo uno de los pilares principales del plan, que es la participación y la información adecuada y reparadora para los familiares y para toda la sociedad.

—¿Cree que hay hallazgos que quedan como en vilo?

—Yo creo que es probable una ralentización del trabajo. Había una coordinación muy fluida con las y los ministros en visita. Yo creo que una de las virtudes también que tiene el Plan Nacional de Búsqueda es la coordinación con el Poder Judicial. Muchas acciones quedaron caminando con el Poder Judicial. Pero los ministros también trabajaban en base al presupuesto del programa. Entonces, si es que también hay una afectación al presupuesto, yo creo que hay que poner atención en eso.

—¿Hay casos que cree que están en riesgo? 

—Sí, eso es efectivo. Nosotros en el contexto del plan además recibimos mucha nueva información de lugares. Y durante este periodo se hicieron trabajos importantes de investigación y diligencias en terreno preliminar en virtud de estas nuevas informaciones.

Y había algunos avances importantes. No puedo dar mucha información respecto a eso, pero sí hay lugares que, en virtud de nuevos lineamientos o falta de reforzamiento del trabajo que ya se estaba implementando, pueden claramente verse obstruido con una nueva administración. 

—¿Ve un compromiso real?

—Uno el compromiso lo ve en los hechos, no en las palabras. El Gobierno ha dicho que va a continuar, pero no cómo lo va a hacer ni sus lineamientos. Hay que estar bien observantes en cuanto a eso. 

Pero sí creo que no es fortuito que nuestras desvinculaciones las haya hecho el ministro de Justicia y no el subsecretario de Derechos Humanos, de quien dependíamos. 

—¿En qué sentido?

—El ministro fue asesor y abogado defensor del dictador Pinochet, participó directamente en las causas de la operación Colombo, causas que tanto Magdalena como yo fuimos las abogadas querellantes. Entonces no es de extrañar que tanto su desvinculación como la mía hayan sido de él. Es decir, para mí es un honor realmente que me haya echado un abogado defensor de Pinochet, eso significa que estábamos haciendo muy bien el trabajo. Y así lo sentimos las tres que fuimos desvinculadas. 

—¿Cuál fue el gran hito del Plan de Búsqueda?

—Yo creo que hubo hartos hitos. Yo creo que el Plan surge además en medio de una gran reticencia de familiares. Porque claro que era una deuda de 50 años. Yo creo que cuando se lanza el Plan Nacional de Búsqueda, el decreto que firma el presidente con varias de las carteras de ese entonces, frente a todas las agrupaciones familiares que vinieron todas a Santiago, yo creo que marcó el puntapié de que esto es ahora un nuevo giro, el trabajo cambia, va a tener un nuevo enfoque, y se recogió en ese espacio como la esperanza que eso estaba produciendo, pero también un gran peso que eso también conllevaba.

—Se generaron muchas expectativas. 

—Sí, se generaron muchas expectativas. Entonces nos tuvimos que apoyar en distintos equipos psicólogos y psicólogas que ya venían trabajando con los familiares y trabajando todos unidos.

—¿Se cumplieron esas expectativas?

—Yo creo que falta mucho trabajo todavía, o sea, estaba en desarrollo. Es una política pública permanente, yo creo que hay avances significativos, importantes, sobre todo en materia de articulación con distintas instituciones, con participación activa de familiares y de organizaciones, algo que jamás había sucedido antes en una política de esta naturaleza. Es decir, no solamente convocar e informar a los familiares, sino que convocarlos a participar de cuáles eran las metodologías y de cuáles iban a ser las principales hipótesis de búsqueda. Eso es algo nuevo incluso a nivel internacional. Eso no pasa.

Nosotros también tenemos un informe, bueno, que no alcanzamos a publicar, que es un informe de hallazgo. Siempre se ha hablado de “a quién encontraron”, “no hay ninguna persona que hayan encontrado”. Pero hay un informe que da un catastro de todos los hallazgos producto de las investigaciones. Por ejemplo, en Colonia Dignidad, que se encontraron todos los nuevos búnkers, lugares nuevos para trabajos en terreno. Además, se hizo un reconocimiento de una víctima desaparecida. El caso de Luis Pino Soto. Reconocimos una nueva víctima que fue mal calificada en su momento. Imagínate, después de tantos años, que su familia siempre argumentó que era víctima de desaparición forzada, y les dijeron que no, el Plan Nacional de Búsqueda dijo “es una víctima”. 

—No ve como un fracaso no haber encontrado más osamentas. 

—No y porque no era el objetivo. Si medimos el Plan Nacional de Búsqueda en virtud de si encontramos una osamenta, un resto óseo, obviamente va a ser una política de fracaso, porque justamente la desaparición forzada y la manera en que trabajaron los aparatos represivos fue no dejar huellas. Y todas las agrupaciones y familias que estaban ilusionados con poder encontrar, no era el objetivo principal. Por eso, en la mayoría de las reuniones siempre se dijo: “Queremos saber qué fue lo que pasó”. Las trayectorias, es decir, los patrones macrocriminales de desaparición. Si hasta el minuto la desaparición forzada había sido investigada solamente como el caso a caso. 

—¿Lo de Bernarda Vera, detenida desaparecida que fue encontrada con vida en Argentina después de años, lo ve como un fracaso?

—Al revés, es un hallazgo. Yo sé que es una noticia muy impactante, de hecho nosotros por eso lo empezamos a investigar, porque cuando se investiga sobre las trayectorias de los patrones y empezamos a investigar el episodio de Liquiñe, nos dimos cuenta y dijimos, bueno, y todos estuvieron acá, luego hay muchas declaraciones de todo este conjunto que cae en el asalto a la patrulla. Dijimos, “nos falta ella, nos falta Bernarda Vera”. Empezamos a investigar y encontramos líneas que daban cuenta de que ella al parecer había sobrevivido y estaba en Argentina. Eso es parte de una investigación que no tenía ningún sesgo político. Y luego, una vez que ya teníamos un caso sólido, lo presentamos a la justicia.

—¿Y saben en qué está ese caso?

—Mira, lo está investigando el ministro Álvaro Mesa, en un cuaderno reservado secreto. Nosotros le entregamos toda la información, los informes, los oficios que nos hicieron llegar. Pero luego el ministro lo sigue investigando de manera reservada. Entendemos que han habido algunos avances importantes, todavía no está finalizada esa investigación.

—Si tuviera que hacer una autocrítica o algo que pudieran haber hecho mejor, ¿qué cree que falló?

—Yo no creo que el plan haya fallado. Yo creo que el plan está en la cúspide de su implementación. Una política de esta naturaleza, con 50 años de retraso, que se haya diseñado, se haya implementado en menos de 2 o 3 años, es un éxito completo. De hecho, cuando vino el grupo de trabajo ahora en enero, estaban muy sorprendidos de todo el trabajo que se había hecho en Chile y van a sacar prontamente un informe que va a dar cuenta de todas esas nuevas prácticas de Chile para recomendarlas al exterior. En España también van a ocuparnos de ejemplo para un programa similar. 

Yo no creo que sea una política fracasada, ni mucho menos. Yo creo que es una política que está en su cúspide trabajando y que por eso ahora nosotros estamos preocupados para que eso se mantenga.