Death Note en Calama II: el testimonio de la madre de uno de los estudiantes apuñalados y la carta de profesores que acusa fallas del colegio que pudieron evitar la tragedia

Karla Velásquez es apoderada del Instituto Obispo Silva Lezaeta desde hace más de 12 años. Su hijo mayor egresó de cuarto medio en 2025, mientras que L., el más pequeño, cursa en segundo medio. Toda una vida ligada al establecimiento de orientación católica. 

A ellos como familia les acomoda, pues son muy devotos. En especial de la virgen de Ayquina, conocida como la “Chinita”, cuya imagen es la más venerada en el norte chileno. Cada 8 de septiembre, unos 70 mil peregrinos y mineros llegan al poblado de Ayquina, en la Región de Antofagasta, para rendirle culto. 

Karla estaba realizando sus actividades tranquilas cuando su celular sonó pasadas las 10 de la mañana, el viernes 27 de marzo pasado. Era otra apoderada, la tesorera de otro segundo medio del instituto: “Apuñalaron a L.”, fue lo único que logró retener. 

Sin darle muchos antecedentes, sólo le dijeron que ella recibió el recado de otra mamá, que tenía la información de un grave incidente en el Instituto Obispo Silva Lezaeta. 

Cortó y corrió de forma desesperada. 

“Llego al colegio inmediatamente, porque yo vivo a dos cuadras. Me demoré tres minutos. En ningún momento el colegio me dio una explicación”, relata Karla a The Clinic para recrear lo que han sido estas tres últimas semanas en Calama.  

Antes de que H.M.L.–el Juzgado de Garantía instruyó referirse al imputado con sus iniciales–concretara su intento de masacre, denominada Dies Irae, se encontró en el patio central con el segundo medio que estaba en clases de música al aire libre. 

Casualidad o algo divino, pues los alumnos de 15 años generaron una especie de barrera o escudo para frenar el plan de odio del estudiante de 19 años: en un cuaderno había escrito que la intención era asesinar, al menos ocho niños, del primero básico al considerarlos “puros”, lo que su muerte los salvaría del relato capitalista. 

Tras apuñalar a la inspectora María Victoria Reyes, hizo lo mismo con tres alumnos. Tres amigos que tenían una historia en común y muchos planes para el futuro: L., E. y R., quien resultó con las heridas más graves y aún permanece hospitalizado. 

El trío de compañeros estaba trabajando en un proyecto de ciencias para presentarlo en una feria estudiantil de la Región. En 2025 habían conseguido el tercer lugar al exhibir el estudio de una proteína del Río Loa. Para este año estaban buscando más apoyo para agrandar el rango de análisis y mantener su foco sobre la zona hídrica de las aguas nortinas. 

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, L. fue atacado por la espalda. Su instinto de supervivencia lo salvó. Lo miró fijo a la cara y sólo atinó a lanzar patadas al atacante para evitar que los puñales lo impactaran. Estos movimientos, provocaron heridas en sus brazos. 

Cuando sus fuerzas comenzaron a decaer, llegó otro compañero, quien aplicó un tackle para contener a H.M.L. y terminar con los intentos homicidas.  

“Todos sabemos que la historia hubiera sido distinta si no hubiera sido así”, asegura Karla. 

Madre de alumno herido: “Si el colegio tenía conocimiento del estado mental de esta persona, obviamente que debe ser responsable”

L. fue trasladado de urgencia junto a sus compañeros al hospital de Calama. Como logró defenderse, fue dado de alta el mismo día tras las curaciones de emergencia. Pero las heridas internas aún no sanan. Es más, todavía lo mantienen en un estado de shock con la ocurrencia de algunos recuerdos en su cabeza.  

–¿Su hijo ha podido contarle qué ocurrió ese día viernes?

–Del tema no, porque él todavía no ha hecho testificación en la fiscalía. Entonces todavía no ha hablado. Lo va a hacer prontamente porque él está con psicólogo y de acuerdo a lo que la psicóloga vaya viendo nos va a decir cuándo ya es el momento en que él pueda prestar su declaración.

–¿Entiende lo que ocurrió? 

–Él entiende, pero todavía tiene unos bloqueos. Y tampoco hemos indagado más por lo mismo, porque como él tiene que declarar entonces para no revictimizar ni que vuelva a hablar cada vez lo que vivió.

–De lo que ha podido recabar usted, ¿qué le han contado del trágico episodio?

–El curso y mi hijo tuvo la mala suerte de estar en ese momento ahí. No lo conoce, no se conocen, mi hijo es de segundo medio y tiene 15 años. El otro es un adulto de 19 años, repitente de cuarto medio. Entonces no se conocen, nunca lo habían visto, nunca se habían cruzado.

Y tuvo la mala suerte de ese día estar ahí y estar justo en la salida después de que atacaron a la inspectora y ser el siguiente que atacó por la espalda. 

–¿Tenían conocimiento de este alumno o que estuviera diagnóstico de alguna situación médica compleja?

–La verdad de las cosas que llevo 12 años en el colegio con mi hijo mayor y ahora con L., pero yo no, por más que vieran las fotos no recuerdo haberlo visto a él. Tampoco soy de inmiscuirme en los otros niños. Más si es un niño grande, es repetente, no tengo cómo haber sabido de él: de si tenía alguna situación mental, como te digo, nunca lo había visto, no recuerdo haberlo visto alguna vez, menos si es que él tenía ya antecedente en el colegio o si ya venía con algún tema médico.

Toda esa información la tiene que explicar el colegio en realidad, si es que ellos tenían la información de la situación de él.

–Otros apoderados han criticado al colegio por ocultar temas de bullying en el colegio. ¿Qué sabe usted sobre esos episodios?

–Llevo 12 años con mi hijo mayor en el colegio, que salió el año pasado de cuarto, pero a modo personal no tenemos antecedentes. Todo lo que ha salido de casos lo hemos enterado con detalle ahora o son historias de pasillo que uno escucha que se comenta, pero así en detalle no tengo información. Sería irresponsable decir algo así. 

–Pero el colegio ¿ha instado en informar protocolos a la comunidad escolar para enfrentar los temas de acoso escolar? 

–Cuando salió la ley Karim que eran como pinceladas, porque lo hacen en todos lados, pincelada del acoso, pero siempre más que nada para bienestar del colegio.

–¿Usted supo del suicidio de una alumna hace unos años por este tipo de situaciones?

–Bueno, eso se enteró a nivel de colegio. Obviamente que todos se enteran, pero tampoco tengo información. Se comentaba que la chica sufría bullying. Es lo mismo, lo que se escucha en el colegio nomás. 

–Y nunca se abordó este tema como comunidad escolar?

–No, como comunidad nunca. 

–¿Qué espera que debiera ocurrir de ahora en adelante?

–Obviamente que el protocolo del colegio cambie. Es algo que a todos nos consterna: la muerte de una inspectora, el ataque de los niños, pero el protocolo que ellos utilizan debería de cambiar, no tratar de tapar el sol con un dedo. De poder explicar, de poder buscar soluciones. Si el colegio tenía conocimiento del estado mental de esta persona, obviamente que debe ser responsable. Creo que la investigación lo va a decir más adelante, pero el colegio igual tiene un cierto grado de culpa al final, porque si ellos, como le digo, si ellos tenían conocimiento deberían responsabilizarse también. 

Karla espera que las autoridades del Instituto Obispo Silva Lezaeta modifiquen la comunicación que han sostenido hasta ahora, la cual califica de “escasa”. Dice que solo lo han llamado una sola vez, luego de hablar el primer día con un canal de televisión. 

Expresa que necesitarán apoyo para la rehabilitación mental que viene para su familia, porque no estaban acostumbrados a este ritmo: sesiones psicológicas, entrevistas con el Ministerio Público y los diversos trámites en el hospital.

“He leído que mi hijo se lo buscó porque le hacía bullying. Eso no es así. Nunca lo había visto. Se habla y se tergiversa mucha la información”, recalca la apoderada, quien asegura que como madre envía “confiada a clases a sus hijos” y no para que vuelvan “apuñalados”. 

La Carta de los profesores a los sostenedores: “Exigimos se nos respete y se nos asegure que no volverán ocurrir hechos de todas las índoles (…) y poder expresarnos sin temor a represalias”

El martes 31 de marzo, H.M.L. fue formalizado por cuatro delitos graves, por lo que de ser condenado, podría enfrentar penas perpetuas en la cárcel. Sobre todo, luego que el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, definiera este hecho como el primer caso de “violencia escolar dirigida” ocurrido en Chile.   

“Este fenómeno se caracteriza por una premeditación clara y, a menudo, una lista de objetivos que incluye a docentes específicos o compañeros identificados como acosadores”, comentó el persecutor. 

Sin embargo, en la Fiscalía de Antofagasta determinaron continuar con las pesquisas de manera reservada y con menos celeridad. Esto ante la arremetida judicial de la defensa del imputado que está buscando que la Justicia decrete este proceso como nulo, argumentando problemas psiquiátricos. 

Así, para estos días, el Ministerio Público esperaba que los abogados de H.M.L. presentaran un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta con la intención de pausar las pesquisas, que hoy están enfocadas en la toma de declaraciones de víctimas, profesores y directivos. 

En medio de la controversia legal, un grupo importante de docentes del Instituto Obispo Silva Lezaeta se ha estado reuniendo para exigir cambios radicales en la conducción del establecimiento. Sobre todo, al denunciar que las situaciones de acoso escolar nunca se han tratado de manera profesional. Por lo que a su juicio, el ataque del viernes 27 de marzo, se pudo evitar. 

Incluso, como ejemplo, aportan un presunto caso de violación que afectó a una alumna de octavo básico, quien habría sido víctima de un compañero de cuarto medio al interior de uno de los camarines. 

“En nuestro establecimiento nunca se ha realizado una reunión o taller donde se traten estos temas y se realice una reparación”, sostiene el cuerpo académico. 

Todo esto quedó expresado en una carta que hicieron llegar a la rectora Alejandra Zamora y los directores del colegio de Calama, en las últimas horas, bajo la representación de la “Familia Lezaeta” en alusión al nombre del establecimiento. 

“Los trabajadores exigimos en esta ocasión se nos respete y se nos asegure que no volverán a ocurrir estos hechos de todas las índoles ya acontecidas, como diálogo, merecemos paz, seguridad laboral, estabilidad y sobre todo un lugar donde uno se exprese sin temor a las represalias por parte del Directorio o Convivencia Escolar. Estamos muy temerosos y preocupados por nuestro futuro en nuestro colegio, un lugar que por años nos ha acogido”, se lee en la misiva. 

El profesorado advierte que si no sigues la línea de los sostenedores ocurren situaciones de despido, a pesar de tener antecedentes contundentes sobre hechos de bullying. Situaciones que The Clinic reveló la semana pasada al narrar diversas acciones judiciales presentadas en los tribunales laborales de Calama.  

En esa línea, los funcionarios apuntan que han derrochado varias instancias para crear un plan de emergencia para estos casos. “Se nos ha arriesgado al nivel de que una trabajadora y amiga haya perdido la vida, porque no han puesto atención en las advertencias que todos los funcionarios y familia Lezaeta han mencionado a nuestra rectora”, resalta el escrito. 

Una denuncia por violación que nunca habría llegado a la Justicia y tampoco a la comunidad escolar en Calama

Y profundizan en dos episodios graves que ocurrieron previo al ataque del viernes 27 de marzo. Los docentes denuncian “lavado de manos” de las autoridades del Instituto Obispo Silva Lezaeta por el caso de una alumna de segundo medio que se quitó la vida en 2022 por, aparentes, situaciones de acoso escolar que estaba viviendo día a día. Como así también a un supuesto caso de violación al que “no pusieron atajo”. 

The Clinic consultó al Ministerio Público para saber si este hecho llegó a sede penal, cuya respuesta fue negativa. Al preguntar a otros docentes, que pidieron reserva de su identidad por temor a represalias, sostuvieron que nunca se habría denunció a la Justicia. 

Según recuerdan, ese día la menor no solicitó ayuda, “sólo deambuló por el patio llorando”. Por ello fue llevada a enfermería y se citó a su madre. Días después, la rectora convocó a los padres del supuesto abusador y se habría determinado la salida del estudiante.

“No se dieron detalles si el colegio lo expulsó o quedaron en acuerdo con la familia para retirar al alumno de forma voluntaria para no hacer la denuncia como institución”, asegura una persona que conoció del proceso.    

La víctima, en tanto, también se tuvo que retirar al no soportar el estrés del supuesto ataque sexual en los camarines del colegio. “La madre e hija quedaron sin ayuda y muy afectadas”, indican a este medio, advirtiendo que este tema no se habló nunca como comunidad y sólo se hizo una visión rápida a los profesores para zanjar el conflicto. 

The Clinic consultó nuevamente a las autoridades del Instituto Obispo Silva Lezaeta para tener una versión sobre estas denuncias, pero no hubo respuesta. 

Un clima de incertidumbre que en los últimos días ha traspasado la Región de Antofagasta. Varios colegios han presentado situaciones de emergencias ante posibles ataques o enfrentamientos con armas entre estudiantes. 

El último hecho grave ocurrió en Los Ríos, la tarde del miércoles pasado en el Instituto Comercial de Valdivia. Cuando la inspectora general encontró un rayado en el baño que advertía un supuesto “tiroteo” para las 9:30 horas del jueves 9 de abril. 

La denuncia llegó rápidamente a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, que logró la detención de un adolscente de 16 años como el autor del escrito por el delito de amenaza de atentado y daños. 

Y no fue la única. Al parecer, hubo una concertación para aplicar este tipo de mensajes en varios establecimientos del país. Por ejemplo, en La Serena se suspendieron las clases en varios colegios al descubrir los mismos mensajes en los sanitarios. 

Una conmoción que esconde perfiles que los centros educativos prefieren no atender en momentos oportunos. Por ejemplo, en Calama, hubo diagnósticos de alerta sobre H.M.L, pero que su colegio habría desestimado sin avisar a su cuerpo docente para prevenir situaciones de riesgo. 

Lo que queda en evidencia al consultar a algunos profesores de la familia Lezaeta, quienes describen de esta manera al imputado que asesinó a una inspectora y dejó a tres alumnos y una paradocente con heridas de gravedad: un joven introvertido, de poco contacto visual con muy poca habla. No daba problemas, conflictos y situaciones de indisciplina. Prácticamente no iba a clases y tenía un bajo rendimiento académico. No tenía muchos amigos y siempre caminaba con la cabeza agachada mirando el piso.

Quizás por eso nadie nunca lo reconoció. Era un invisible.