Death Note en Calama: todas las alertas que el asesino de la inspectora dejó en su cuaderno y los otros episodios de violencia que marcaron al Instituto Obispo Silva Lezaeta

El cuaderno del estudiante H.M.L., de 18 años, no solo era una especie de biblia con textos sagrados para él. También se convirtió en un código clave para los detectives de la Brigada de Homicidios que empezaron a investigar el intento de masacre del pasado viernes en la mañana en su colegio en Calama. 

Los escritos, las reseñas de otros atentados internacionales y la bibliografía abrazada a un concepto en latín Dies Irae –el día de la ira– fueron las respuestas a los acertijos que el joven planteó en sus registros que comenzó a cultivar para atacar el Instituto Obispo Silva Lezaeta, un colegio particular subvencionado con orientación católica. 

Ahí dejó a entender que la planificación de la masacre estaba motivada por “el odio, el capitalismo y la misantropía –el odio generalizado al género humano– acumulado por supuestos conflictos con sus profesores y algunos compañeros que definió como “los acosadores”. 

El plan buscaba generar un impacto importante: al menos ocho muertes, enfocado en estudiantes de primero básico. La masacre le permitiría tener la repercusión mediática suficiente e iría con el lineamiento de ser víctimas de seis o siete años. Es decir estar en la categoría de “puros” (no contaminados con el escenario global ni afectados por el relato de un mundo capitalista).  

Pero había algo importante. De concretar su objetivo –que tenía como fecha límite el 15 de mayo próximo– no podía sobrevivir, porque eso generaría un “acto de vergüenza”. Por ello, el suicidio o un enfrentamiento con carabineros era lo ideal que debía ocurrir. Sin embargo, de llegar a la cárcel buscaría una fórmula para concretar su muerte en su celda.

“Pastillas o corte de venas” en lo posible, dejó estampado en su cuaderno alojado en un lugar especial de su dormitorio. 

¿Por qué eligió el viernes 27 de marzo? Aún no hay respuestas. De hecho, el Ministerio Público no ha podido tomarle declaración. El imputado no ha querido acceder a un interrogatorio. 

Pero sus armas sí hablaron. Y bastante. Lo que demuestra que este alumno venía cultivando un odio y rechazo contra su propia comunidad escolar hace varios meses o años bajo la inspiración de atentados similares en otras partes del mundo. 

En el armamento incautado –una batería de cuchillos tipo militares– dejó símbolos y escritos alusivos a masacres ocurridas en Japón, Rusia, Finlandia y Estados Unidos. 

Por ejemplo, se sintió vinculado con el tiroteo en la Universidad Estatal de Perm, ocurrido el 20 de marzo de 2021. El estudiante de primer año de derecho, Timur Bekmansurov, asesinó a seis personas y dejó a otras 47 con distintas lesiones. Ese día, al igual que el alumno chileno, dejó grabado un video en Youtube advirtiendo que su acción se motivaba por un “desbordante odio”. 

Solomon Henderson es otro referente de H.M.L. El estudiante de la escuela Antioch High de Tennessee asesinó a Josselyn Corea Escalante en la cafetería del establecimiento el 22 de enero de 2025. Luego, se quitó la vida. La investigación del FBI arrojó que el atacante tenía vínculos con grupos terroristas y antisemitas.

La PDI también encontró referencias hacia Otoya Yamaguchi, un solitario joven japonés que asesinó al político socialista Inejiro Asanuma, el 2 de noviembre de 1960 en Tokio, durante un debate político en medio de la campaña parlamentaria. 

Detrás de este crimen, estaba una inestabilidad en su vida escolar que llegó al punto de una mala relación con sus compañeros en el día a día. Además, generó un profundo “odio” hacia los extranjeros, especialmente hacia los ciudadanos coreanos y chinos. 

En la funda de uno de los cuchillos incautados, la policía descubrió otro escrito con corrector blanco: “Auvinen–7/11”, cuya simbología no pasó desapercibida. Se trataba de la masacre que protagonizó Pekka-Eric Auvinen, quien dejó ocho personas muertas en el colegio Jokela, ubicado a unos 50 kilómetros al norte de la capital de Finlandia. El alumno, de 18 años, terminó con su vida al dispararse en la cabeza. 

Sin embargo, lo que dejó sorprendidos a los detectives de homicidios fue otro cartucho plástico para proteger otro cuchillo que había entre sus pertenencias. Con el mismo corrector blanco el imputado escribió “Lanza”. Y no precisamente en referencia a otra arma, sino que al apellido de otro protagonista de una masacre. Una que él, aparentemente, quiso imitar. 

Se trata de Adam Lanza, un joven de 20 años, que la mañana del 14 de diciembre de 2012 perpetró un letal ataque a la escuela Sandy Hook, en Connecticut, Estados Unidos. Antes de ir al colegio, mató a su madre de cuatro disparos en la cabeza. Luego, robó cuatro de sus armas y se dirigió a cumplir su objetivo: usó un rifle Bushmaster capaz de disparar 45 balas por minuto. Tras finalizar el recuento fue horroroso: 20 niños muertos, de entre 6 a 7 años y seis adultos. Algo similar a lo que el alumno de Calama había dejado registrado en su cuaderno. 

Los archivos del FBI revelaron que Lanza también había documentado su masacre, la cual había diseñado con otras ocurridas en distintos momentos de la historia. Y que entre los argumentos de la cruel matanza en masa estaba el síntoma de una “sociedad destrozada”. Por tanto, el asesinar niños–como lo imaginó H.M.L.– era para salvarlos de las “influencias dañinas” de los adultos.  

Así, el caso del Instituto Obispo Silva Lezaeta pudo terminar en una tragedia aún peor. Si bien, el estudiante de cuarto medio no portaba armamento de fuego, sí reunió una serie de cuchillos capaces de generar una muerte rápida como ocurrió con la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años. 

El imputado portaba cuatro cuchillos, uno con forma de katana. Un frasco con gas pimienta, líquidos acelerantes, además de una bomba simulada con diversos artefactos para intentar armarla y detonarla. Según detalló el fiscal Eduardo Peña en la audiencia de formalización, la teoría apuntó a que la usaría para intentar escapar de la policía si es que se veía acorralado tras concretar la masacre. 

El plan no funcionó. Tras los primeros ataques–dos adultos y tres menores–, H.M.L. fue reducido por otro alumno, quien fue ayudado posteriormente por algunos docentes. 

Para el Ministerio Público no hay dudas de que este episodio del 27 marzo de 2026 constituyó el primer caso de “violencia escolar dirigida” ocurrido en Chile.

“Este fenómeno se caracteriza por una premeditación clara y, a menudo, una lista de objetivos que incluye a docentes específicos o compañeros identificados como acosadores. El autor de TSV suele ser un miembro de la comunidad educativa, lo que le otorga un conocimiento táctico del terreno, las rutinas y las debilidades de seguridad del plantel”, comentó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. 

Las alertas que dejaron otros casos judiciales por acoso del Instituto Obispo Silva Lezaeta

Es un instituto que se declara confesional católico. Fue creado en 1960 y partió con 80 niños repartidos en cuatro cursos. El primer edificio se levantó en unos gallineros y su nombre se debe al obispo de Antofagasta que en ese tiempo cumplía 100 años: monseñor Luis Silva Lezaeta. 

Sus primeros profesores fueron cuatro sacerdotes y dos hermanas: una canadiense y otra española. Así nació este colegio en Calama, que al día de hoy opera como particular subvencionado, administrado por una fundación religiosa, cuyos valores principales se basan en el cristianismo.

En la última PAES tuvo un promedio de 621 puntos en las pruebas obligatorias registrados por el Demre. Lo que hizo ubicar al establecimiento en el lugar 1007 de los más de tres mil que rindieron la prueba.

De acuerdo a antecedentes recopilados por The Clinic, la muerte de la inspectora María Victoria Reyes no sería la primera asociada a situaciones de acoso en el colegio. En octubre de 2022, una alumna de segundo medio se habría quitado la vida por un estrés extremo vinculado a malas relaciones con otras compañeras del Instituto Obispo Silva Lezaeta. 

Nunca se investigó formalmente, al parecer. Pero una ex compañera dio a conocer esta información en las últimas horas, a través de redes sociales, tras enterarse de la tragedia en su escuela. 

“El colegio nunca hizo nada contra los acosadores. La responsable reconoció que acosaba a Nicole por envidia”, reveló Carla Cofré, egresada de cuarto medio en 2024, quien agregó que ella pasó por lo mismo y también experimentó ideas suicidas por el bullying que sufría y no recibió apoyo escolar. 

Estas denuncias no alcanzaron una línea mediática. Pero los distintos tribunales de Calama sí conocieron otras situaciones ocurridas en el establecimiento por acoso escolar, que abarcaron conflictos entre alumnos y profesores.

The Clinic tuvo acceso a dichas causas tramitadas en juzgados civiles, laborales y también en la Corte de Apelaciones de la Región de Antofagasta. 

El primer caso es sobre una demanda de indemnización de perjuicio, presentada en noviembre de 2021, contra el sostenedor del Instituto Obispo Lezaeta. Una apoderada presentó una acción judicial en 2020 por situaciones graves de acoso escolar de su hijo B.V.H, quien ingresó a la escuela en segundo básico en 2014. 

De acuerdo al documento, todo funcionó bien hasta el cierre de año en 2016. Al año siguiente, “la vida de B. comenzó a cambiar hasta decantar en un estado de salud mental deplorable que impuso concluir de manera anticipada el año escolar 2019 para acotar riesgos”. 

El bullying del que era parte fue detectado por sus hermanos mayores –también alumnos regulares del establecimiento– y por relatos de otros apoderados. 

“Era motivo de risas de sus pares, quienes lo motejaban como ‘guatón pobre’, representado con ello su modesta condición económica. Lo molestaban por su vestuario, zapatos, mochila, color de calcetines, inclusive por la ropa que usaba su madre”, se lee en la demanda civil. 

Con el paso del tiempo, las burlas decantaron en golpes físicos que fueron constatados por las revisiones de un pediatra. B. nunca quiso decir nada y guardó en silencio el calvario que estaba viviendo en su curso. 

Las autoridades del colegio intentaron interceder con profesores, psicólogos y orientadores, pero sus fórmulas no fueron suficientes. El menor fue retirado del establecimiento tras un complejo diagnóstico médico: gastritis nerviosa, cursando una depresión amplificada por la vergüenza del estado de sus palmas que evidenciaban la crisis en su cuerpo. 

Al parecer fue mejor la estrategia de su familia, pues informaron que en su nueva escuela alcanzó un promedio 6,3, afianzó una relación estrecha con sus nuevos compañeros y lo más importante: “recuperó su alegría y hoy es un niño feliz”.  

El Instituto negó los hechos tanto en sus respuestas a la demanda como durante el desarrollo del juicio civil. A pesar de que varios apoderados ratificaron las acciones de acoso escolar en el estrado, los profesores y directivos las negaron bajo juramento. 

Tras un año de revisiones, la Justicia rechazó la demanda y dejó sin indemnización a los exintegrantes del colegio católico al determinar que no se pudieron “acreditar” las denuncias de bullying entre 2017 y 2019. 

A fines de 2024, otro apoderado acusó la misma situación. En esta oportunidad, la familia presentó un recurso de protección contra el Instituto Obispo Lezaeta, pues supuestamente habían vulnerado los derechos del alumno al determinar su repitencia ante los conflictos de violencia física y psicológica que estaba teniendo con sus compañeros. 

Así, según el escrito judicial, la apoderada sostuvo que su hijo de 14 años comenzó a ser víctima de bullying no sólo de sus pares, sino que también de los docentes. 

“Solía descompensarse, respondiente de manera agresiva, en busca de defenderse (…)A pesar de poner en conocimiento del colegio que las reacciones eran motivadas por las agresiones físicas y verbales, hacían caso omiso desacreditando los descargos”, indicó la madre en su denuncia al punto de detallar que el colegio por estas distintas situaciones “le aplicaba sanciones disciplinarias, que fueron siendo cada vez más severas”. 

Lo que incluso habrían sido protagonizada por los propios directivos. “En un momento, la directora del colegio refiere a través de un correo supuestas amenazas”, se lee en el escrito. 

Esta controversia terminó con la solución de repitencia de su hijo, a pesar de los numerosos informes psicológicos derivados de la terapia que estaba sujeto. 

“Informes elaborados por profesionales particulares, que indicaban que mi hijo era víctima de bullying en el contexto escolar, y que fueron puestos en conocimiento del establecimiento educacional, no los consideraron, no adoptaron tampoco ninguna medida que velara por su interés superior”, informó la familia a la Corte de Apelaciones de Antofagasta. 

A pesar de todos los antecedentes expuestos, el tribunal de alzada rechazó el recurso al considerar los argumentos presentados por el Instituto Obispo Silva Lezaeta, transmitidos por Daniel Gálvez, abogado de la fundación educacional. 

El punto de vista fue totalmente contrario a la apoderada. Indicaron que otorgaron nuevas posibilidades de evaluación para evitar la repitencia, sumado a un listado de reuniones con sus especialistas. Incluso dieron a entender que la madre no tuvo un comportamiento adecuado con el trato a los profesores y personal directivo. 

Tras el fallo de la Corte, el alumno fue expulsado. Sin embargo, el colegio ofreció reponer la matrícula, luego que tuvieran un revés en el Tribunal de Familia, donde se acreditó que el adolscente sí fue víctima de bullying. 

“Pero (el joven) nunca quiso regresar por el trauma ocasionado”, sostuvo la familia para este reportaje.  

El conflicto de la orientadora con la prevencionista de riesgo que terminó en demanda laboral

El 24 de septiembre de 2019, Zorka Carvajal comenzó a trabajar como prevencionista de riesgos en el Instituto Obispo Silva Lezaeta. Un mes después, su rol se volvió importante con la violencia que se desató en las calles por el Estallido Social. Sin embargo, su papel se volvió más trascendental con el inicio de la pandemia del Covid 19. 

Así, sus funciones netamente se enfocaron en dar cobertura a las medidas de seguridad para evitar contagios masivos y preservar el desarrollo de las clases tras el regreso a las aulas. 

Para esa misión tuvo que trabajar codo a codo con la orientadora del colegio de ese entonces Sara Ávila, con quien tuvo una buena relación hasta mediados de 2021. Pero de un momento a otro, la cordialidad cambió por malos tratos y una especie de ghosting: la aisló y Sara dejó de contestar los llamados y correos electrónicos laborales.  

Zorka sin entender trató de mejorar la comunicación con su colega, pues al estar a cargo de las estrategias de prevención para la pandemia, necesitaba de la orientadora para que los protocolos llegaran a los alumnos y profesores. Pero no hubo caso. La relación en vez de mejorar, empeoró. 

Hasta que un día entendió la razón: al conversar con un auxiliar, éste le confesó que tenía una relación amorosa con Sara y que ella estaba celosa, porque no podía verlos juntos. 

“Esta vieja se pone celosa de todas”, le dijo el funcionario de aseo del colegio, según se consigna en un documento judicial. Este asunto escaló a los directivos, quienes no tomaron en cuenta el relato de la prevencionista de riesgos. Sólo le advirtieron que esas situaciones eran del ámbito privado.

A los días de esa reunión, Zorka Carvajal fue despedida sin un argumento claro e incluso después de ser bien evaluada por su desempeño en las medidas de protección del virus asiático. 

Esta situación generó una crisis de pánico en la funcionaria que terminó en el inicio de una afectación grave de su salud mental. Ante ello, decidió presentar una demanda laboral contra la fundación del colegio católico, la cual tuvo una tramitación rápida al negociar un acuerdo económico en la Justicia, en julio de 2022. 

Una vez más, el establecimiento no se hizo cargo en la profundidad del conflicto. Dinámicas que se retratan en otras dos demandas laborales tramitadas en los juzgados de Calama: una profesora y una asistente de educación presentaron similares acciones por malos tratos y abusos psicológicos de otros docentes. 

En los documentos se da cuenta que al tener un vínculo cercano con la rectoría u otros directivos, la fórmula era el despido o el término anticipado del contrato sin abordar las acusaciones de acoso por parte de los profesores más antiguos. 

Para este reportaje se pidió una versión al Instituto Obispo Silva Lezaeta, pero no hubo una respuesta de su rectora Alejandra Zamora o de los representantes legales de la fundación católica. 

Un colegio que sigue en estado de shock por el intento de un alumno de cometer una masacre el viernes 27 de marzo. Pero con una comunidad que se moviliza: durante el jueves, un grupo de apoderados protestó para pedir la salida de todo el equipo directivo del establecimiento. Acusan negligencias y no haber escuchado las señales de alerta de sus propios hijos afectados por el bullying como los informes de profesionales que advertían problemas con el alumno H.M.L.

Según conocedores de esos informes, en 2022 una psicopedagoga realizó un detallado reporte sobre la salud mental y estado de vulnerabilidad del imputado por una suerte de “abandono” que pesaba sobre él de su familiar nuclear. 

“El colegio no hizo nada, como siempre. Ni con nuestros niños acosados ni con alumnos en estado de alerta”, cuenta uno de los apoderados que pidió resguardo de su identidad. 

Una información que ya investiga el Ministerio Público mientras intenta sortear el estrategia de la defensa penal del alumno, a quien quieren acreditar como una persona inimputable con lo que evitarían que se haga responsable del atentado que le quitó la vida a una inspectora y que buscaba eliminar a sus compañeros de primero básico en su Dies Irae.