Aldo Valle, exministro de Ciencia de Boric: “No estoy de acuerdo en que toda manifestación contraria al orden público haga perder derechos sociales”
Aldo Valle, el último ministro de Ciencia del expresidente Gabriel Boric, respalda a su sucesora, Ximena Lincolao, quien fue gravemente agredida en la Universidad Austral. De todas formas, es contrario a quitarle la gratuidad a estudiantes que cometan delitos así y es crítico de algunas medidas de Lincolao. hasta ahora me ha parecido una gestión que tal vez partió con algunas medidas que provocan, desde luego, dudas. Yo, en particular, no estoy de acuerdo con eliminar instrumentos como las becas. Creo que respecto de toda política pública se puede revisar sus objetivos, ajustar recursos, necesidades. Las políticas públicas y los instrumentos de la política pública no están establecidos o escritos en piedra", asegura.
Sigue a The Clinic en Google News Por Martín Browne 12 de Abril de 2026
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Aldo Valle, abogado y exrector de la Universidad de Valparaíso, fue uno de los últimos ministros en sumarse al gobierno del expresidente Gabriel Boric. Lo hizo en el Ministerio de Ciencia el 22 de julio de 2025 y reemplazó en el cargo a Aisén Etcheverry, quien se fue como jefa del equipo de asesores del entonces mandatario.
Hoy Valle, a sus 70 años, volvió a las aulas y desde ese lugar vio toda la contingencia marcada por los ataques que sufrió la ministra actual de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia, justamente en su hábitat natural.
A diferencia del gobierno de Boric, en el que pasaron cuatro secretarios de Estado por el Ministerio de Ciencia con bajo conocimiento público, la ministra Lincolao, tras la agresión, tuvo más figuración que cualquiera de ese listado durante la exadministración.
El apoyo a la ministra de Ciencia fue transversal. Autoridades de derecha e izquierda defendieron a la ministra y condenaron los ataques. Valle es uno de ellos, pese a que también tiene algunas críticas a su gestión.
“Ver las imágenes de un video, aunque borroso, me pareció ya un hecho muy lamentable, porque lo que se ve ahí claramente son conductas de un grupo de estudiantes que a mi juicio son inaceptables, sin matiz alguno. Ojalá nuestro país nunca tenga que ver que un ministro o una ministra de Estado tenga que arrancar de un grupo de estudiantes que, manifiestamente, busca la oportunidad de agredirla. Eso, desde luego, es, repito, inaceptable”, dice el exministro de Ciencia.
Y agrega: “Se trata de una ministra de Estado del país, de un gobierno legítimamente constituido. En consecuencia, faltamos a nuestra educación cívica, a nuestros deberes cívicos. Cuando ponemos a una autoridad del Estado en esas condiciones, es una conducta antidemocrática, porque repugna a un valor sustantivo de la democracia, que es la tolerancia política”.
—¿Qué opina de aquellas personas que justifican o que le ponen matices a las agresiones? ¿Qué opina que gente de izquierda lo haga?
—No hay que poner matices. Se trata de conductas inaceptables y en eso hay que ser enfático. Esos mismos estudiantes, tal vez jóvenes, en los primeros años, no saben en realidad para quién trabajan. Los efectos, la percepción pública, le hace muy mal al proyecto democrático. Y por lo mismo creo yo que hay que marcar diferencias.
Los proyectos políticos no pueden depender de episodios, y tampoco pueden amarrarse a episodios, porque en definitiva cargan de modo permanente, lamentablemente, con dudas que generan conductas como esas en la ciudadanía, porque es así, digamos. Y porque además la protesta legítima, el derecho a disentir nunca ha sido incompatible con estándares de respeto. De buen diálogo. Hacer que terminemos hablando de la violencia, obviamente desvía entonces el análisis que debemos hacer de las políticas públicas, de las decisiones de interés público, y terminamos hablando entonces de estos hechos lamentables, inaceptables, y por lo mismo yo creo que hay que marcar diferencias con esas conductas. Hay que estar en contra.
—¿Deberían expulsar a esos alumnos?
—Yo no creo que sea bueno anticipar las sanciones. Creo que lo que corresponde, sí, es que se aplique la institucionalidad universitaria, de modo que esas conductas no queden impunes. Porque nos hacemos un daño mayor, a largo plazo, y desde luego en el presente, si esos hechos, finalmente, no tienen sanción alguna.
Y debe hacerse con el pleno respeto a la autonomía de las universidades, para que hagan valer esa institucionalidad y sancionen, en la medida en que corresponda, a las personas que participaron de estos hechos. Sobre la base, obviamente, del debido proceso y de la aplicación de sanciones preestablecidas que están, por lo demás, en todos los estatutos y reglamentaciones de las universidades.
—¿Los estudiantes que agreden deban perder la gratuidad o beneficios sociales?
—Las sanciones siempre deben hallarse preestablecidas, no pueden establecerse con efecto retroactivo. Pero además debe haber proporcionalidad entre la conducta infractora y la sanción. No estoy de acuerdo en que toda manifestación contraria al orden público haga perder derechos sociales.
—¿Cree que las universidades están algo desbordadas ante la violencia de los alumnos?
—Yo no creo que las universidades estén desbordadas, me parece que lo que uno observa, también, es que en determinados momentos críticos, en que legítimas demandas que no han tenido una respuesta oportuna de parte del sistema político, lo que ha habido son movilizaciones, y no necesariamente agresiones a autoridades. A veces también he visto, desde luego, lenguajes totalmente desproporcionados, insultantes, ofensivos, pero que se persiga a una autoridad del modo como se aprecia en las imágenes que muestran lo que pasa en la Universidad Austral, eso es bastante más excepcional, y por lo mismo, yo creo que hay que confiar en que la universidad, y los rectores, independientemente y más allá de este caso en particular, hacen los esfuerzos, y han hecho los esfuerzos para sancionar a las y los estudiantes.
—¿Deberían entrar los carabineros en casos así a la universidad?
—A mí me parece, digamos, que sólo sobre la base de la decisión de la autoridad universitaria. Creo que es un principio también institucional, muy importante, cuando se llevan a cabo de modo flagrante infracciones constitutivas de actos sancionados por nuestro sistema penal, la autoridad debe intervenir en el ejercicio de sus atribuciones. Y no me parece que en esos casos haya que esperar, digamos, una autorización, si se están cometiendo delitos sancionados por el sistema penal. No sé si sea este el caso, de modo que es bueno hacer esa distinción.
—¿Debería renunciar el rector?
—No, no me parece a mí que eso debiera determinar la renuncia del rector, porque las universidades son comunidades educativas que tienen de nuevo en su interior estamentos distintos que actúan con independencia de la responsabilidad o de la voluntad que pueda tener, en este caso, el rector. Los estudiantes no son sujetos que dependan del rector, no son funcionarios de la universidad.
Continúan siendo ciudadanos, y el sistema político democrático para bien reconoce esa condición. Y entonces no creo yo, digamos, que hechos como estos determinen que el rector debería renunciar. A mí me parece que lo que debe hacer el rector es aplicar la institucionalidad, porque la institucionalidad universitaria es, a su vez, la base de la gobernanza de la universidad, que él mismo debe promover.
—Cambiando el tema. ¿Qué le ha parecido la gestión de la ministra Lincolao en el Ministerio de Ciencia?
—Mira, hasta ahora me ha parecido una gestión que tal vez partió con algunas medidas que provocan, desde luego, dudas. Yo, en particular, no estoy de acuerdo con eliminar instrumentos como las becas. Creo que respecto de toda política pública se puede revisar sus objetivos, ajustar recursos, necesidades. Las políticas públicas y los instrumentos de la política pública no están establecidos o escritos en piedra. Siempre deben discutirse, monitorearse, evaluarse. Pero creo que no es bueno, de entrada, poner términos e instrumentos necesarios para la formación de nuestras capacidades científicas e intelectuales.
En general los países se procuran, sobre la base, de contribuir con incentivos para que estudiantes del país puedan también formarse en otras partes, porque cuando vuelven, eso tiene un impacto muy favorable en las universidades y en los procesos de formación de nuevos científicos en el país.
—¿Siente malestar en el mundo académico con las medidas en Ciencia?
—A mí me parece que no es para nada tampoco conveniente adelantar juicios respecto de los efectos que podrían tener medidas restrictivas respecto de la gratuidad, entendiendo, digamos, que refieren a un colectivo. A mí me parece discriminatorio decir que si usted tiene más de 30 años no tiene derecho a la gratuidad. Creo que el Estado debe más bien dar las oportunidades, obviamente poner requisitos, poner límites, porque los recursos, digamos, nunca son suficientes. Y hay que por lo mismo identificar muy bien los objetivos que se deben lograr.



