Daniela Serrano (PC) y la Ley de Reconstrucción: “El Gobierno busca dividir al Congreso, tal como divide el país entre bien nacidos y los que no están bien nacidos”

La diputada Daniela Serrano, que representa al distrito 12 (La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo, Pirque), ha seguido de cerca las distintas iniciativas del Gobierno a propósito de su cargo como jefa de bancada del Partido Comunista. Dice haber sido testigo de cómo el Ejecutivo ha sostenido reuniones con las bancadas de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y del Partido por la Democracia con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, pero con el PC, pese a las solicitudes que, afirma, ha hecho llegar, sin lograr respuesta.

En entrevista con The Clinic, Serrano, quien fue presidenta de la Juventudes Comunistas, aborda esa distancia con el Gobierno e insiste en que el Ejecutivo “tomó sus decisiones y, hasta el momento, es no dialogar con la bancada nuestra, y espero que lo pueda revertir, porque marca un mal precedente de lo que ellos hacen como Gobierno”.

Así, advierte que desde su bancada no han definido una posición respecto del Plan de Reconstrucción Nacional que anunció el Presidente José Antonio Kast el miércoles por cadena nacional. “No queda más que esperar que ingrese a la Cámara y, por nuestra parte, darle el tratamiento que corresponde”.

—¿Qué le pareció el anuncio del Plan de Reconstrucción Nacional que hizo el Presidente Kast el miércoles?

—Cuando nosotros escuchamos la cadena nacional, porque hay que decir que nos enteramos por ahí, ya que el proyecto de reconstrucción no ha sido conversado con todas las bancadas, apuntamos a que, a nuestro parecer, siempre fue una reforma tributaria encubierta. Y esto se confirma con la baja de impuestos de primera categoría del 27% al 23%. Se anuncian algunos tipos de beneficios tributarios, una rebaja también transitoria de impuestos por donaciones, pero no nos queda claro de qué manera se estaría recaudando ni de qué manera se estarían ampliando los fondos de emergencia para las regiones de Ñuble y Valparaíso.

—¿Qué le parece lo más complejo del anuncio?

—Es que uno esperaba que el Gobierno, como no ha conversado esto con las bancadas o incluso no ha transparentado las más de 40 medidas, hiciera un anuncio más específico. Pero, por ejemplo, se hizo un anuncio que hablaba de la restricción de que las instituciones de educación superior ingresaran a la política de gratuidad. Sin embargo, esto lo hizo el Presidente y después, al otro día, el ministro de Hacienda, Jorge Quirz, anuncia que ya no va a ser el límite de gratuidad a los 30, sino que va a ser después de 12 años de salir de la enseñanza media y, si uno suma y resta, termina siendo prácticamente lo mismo.

Entonces, uno esperaba también mayor transparencia por parte del Presidente con todos los anuncios, pero nos estamos enterando de a poco del carácter de este proyecto de reconstrucción nacional.

—Con lo que sabe, ¿la bancada del PC ya tomó una posición?

—No queda más que esperar que ingrese a la Cámara y, por nuestra parte, darle el tratamiento que corresponde. Es decir, que entre, que tenga un trabajo en las comisiones temáticas y no solamente pase por Hacienda.

O sea, un megaproyecto como este, que todavía tenemos un desconocimiento de todas las implicancias que tiene, tiene que ser tratado como corresponde en el Congreso Nacional.

—¿Se va a oponer a la idea de legislar en caso de que el proyecto no llegue separado?

—Nosotros lo que primero necesitamos es conocer la magnitud del proyecto antes de anunciar si nos vamos a oponer o no a la idea de legislar. Si el proyecto tiene un mal tratamiento, nosotros también vamos a, primero, ver dónde se va a ubicar este proyecto.

El Gobierno no hace parte a bancadas parlamentarias que tiene vetadas, pero nosotros hemos podido formalmente transmitir nuestra preocupación de que tiene que separar el proyecto. Con todo, vamos a esperar que ingrese y, según también el tratamiento que se le dé en la misma Cámara, nosotros vamos a decidir nuestra votación. Por el momento, lo importante ahora es conocer la magnitud del proyecto.

—¿Por qué cree que el Gobierno no los ha invitado a reunirse?

—Es una decisión que tiene que responder el Gobierno. Si yo saco mis propias conclusiones, es porque el Gobierno está buscando dividir al Congreso, tal como divide el país entre bien nacidos y mal nacidos. Lo hace con el Congreso, porque nosotros hemos pedido diálogo con el Gobierno, pero lamentablemente no hemos tenido el espacio para que nos den cuenta de proyectos de tal envergadura, donde incluso en la práctica de gobiernos anteriores siempre hubo un intercambio con la oposición.

El Gobierno tomó sus decisiones y, hasta el momento, es de no dialogar con la bancada nuestra, y espero que lo pueda revertir, porque marca un mal precedente de lo que ellos hacen como Gobierno. Dividir al Congreso Nacional, no tener espacio de encuentro, exigir un consenso, pero sin siquiera abrir un espacio de conversación, da cuenta, sobre todo, de las intenciones que tiene este Gobierno, que solamente es imponer su agenda ideológica, imponer una agenda de corte de beneficios fiscales, de cortar también derechos sociales, en los cuales nosotros no estamos dispuestos a ser parte, ser cómplices de esta situación.

—¿Qué les dicen cuando le han pedido diálogo?

—Yo le pedí diálogo al ministro García Ruminot y lo que quedamos es en agendar una reunión que no se ha materializado. Y entiendo que ya hubo una urgencia, al menos, de reunirse con otras bancadas, pero nosotros estamos a la espera de que el Gobierno pueda también sentarse a conversar. Nosotros ya hicimos la primera demostración de que para nosotros era importante conocer el proyecto de reconstrucción nacional, pero no hemos tenido retorno.

Serrano y el proyecto de Escuelas Protegidas: “Lo que se está haciendo es mandar a profesores y asistentes de la educación a revisar mochilas sin una capacitación”

—¿Cómo ha visto el trámite legislativo en el tema de seguridad escolar?

—Lo que sucedió en estos últimos días marca un precedente muy peligroso de cómo está llevando no solamente la gente del Gobierno, sino el comportamiento que actualmente tiene el oficialismo.

—¿Qué cosas están marcando ese precedente?

—Por ejemplo, se restringió la audiencia a los invitados y esa fue la decisión que tomó el presidente de la Comisión de Educación, Sergio Boadilla. Él lo restringió, acusando que teníamos una urgencia. Se abrieron distintos espacios y nosotros estuvimos también con toda la disposición de asistir a todas las sesiones especiales, y cuando llegó el momento de votar, tuvimos un espacio muy acotado para presentar indicaciones.

Y es más, hay dos cosas muy complejas. Primero, en el trámite hubo un monopolio de la palabra por parte del presidente de la Comisión de Educación, donde se restringió —y esto también en un diseño con el Ejecutivo— que el Ejecutivo no respondía a las preguntas que nosotros hacíamos sobre los artículos aprobados. El Ejecutivo, y en particular la ministra de Educación, María Paz Arzola, tuvo un escaso diálogo con los parlamentarios. Ella asistía a la comisión, pero quien respondía era el subsecretario, lo que me parece muy complejo, porque ella es ministra de Estado. Tiene que tener también un conocimiento sobre la materia y no lo demostró en la discusión.

Por otra parte, se declararon incompatibles las indicaciones que nosotros presentamos cuando ya habíamos hecho la consulta a la Secretaría si las indicaciones presentadas eran compatibles con lo ya aprobado y la Secretaría nos dijo que sí. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Educación las declaró incompatibles sin argumentar por qué las declaraba incompatibles.

Eso marca un mal precedente. Un precedente autoritario, un precedente donde finalmente el actual oficialismo no quiere dialogar.

—¿Qué es lo que más le preocupa de cómo quedó el proyecto?

—Lo que más me preocupa es que, tal como quedó diseñado, va a configurar un enfrentamiento de las comunidades educativas. Es decir, el Gobierno presentó este proyecto sin un informe financiero, sin una inversión de recursos y, en particular, lo que se está haciendo es mandar a profesores y asistentes de la educación a revisar mochilas sin una capacitación. Y lo que es muy complejo, incluso con la intervención de Carabineros, es que no hay claros protocolos para tratar con niños, niñas y adolescentes.

Esto, además de las restricciones que pusieron en términos de gratuidad a los estudiantes sancionados.

—¿Y por dónde cree usted que debería abordarse el tema de la seguridad escolar?

—El problema de seguridad no es un problema solamente dentro de la escuela, sino también de la sociedad. No tiene solo una receta. Y, por tanto, quienes crean que con “Escuelas protegidas”, que es el proyecto del Gobierno, se va a resolver el problema, cuando además tiene serios problemas de aplicación, están muy equivocados.

—¿Y qué propuestas creen que hacen falta?

—Principalmente tienen que haber propuestas presupuestarias, por ejemplo, con la instalación de herramientas para detectar hoy día el ingreso de elementos que puedan poner en riesgo el bienestar de la comunidad educativa. Eso ya existe y, por tanto, la decisión pasa por poner recursos.

Ahora, hay otras iniciativas que yo creo que también tienen que ser de carácter preventivo. Cuando nosotros estamos hablando de los programas socioemocionales, habilidades para la vida, los programas PIE, también para atender a aquellos estudiantes que tienen problemas, sobre todo socioeconómicos, también de vinculación con la escuela, tiene que estar aparejado de recursos.

Sin embargo, cuando le hemos preguntado al Ministerio de Educación cómo van a aplicar los recortes presupuestarios y si estos programas se van a ver afectados, el Ministerio no responde. Entonces estamos en un muy mal pie.

—¿Cómo ve el debate sobre que los estudiantes que cometan actos violentos no puedan recibir más beneficios del Estado?

—Tiene un problema de vicio de constitucionalidad en ese aspecto.

—¿Por qué?

—Porque si tú eres un estudiante que figura para el beneficio de la gratuidad, eres uno de los estudiantes más vulnerables también del país. Y, por tanto, eso significa que, aparte de la sanción, que es una sanción firme ejecutoriada que sale dentro del proyecto, ¿vas a tener otra sanción más, que es la de quedar sin gratuidad?

Primero, yo creo que el vicio de constitucionalidad pasa por dos sanciones por un mismo hecho. Pero, segundo, y yo creo que es lo más grave —y por eso he dicho que este artículo del proyecto es un proyecto que castiga principalmente a los estudiantes más vulnerables del país—, es que aquel estudiante que tiene los recursos, que va a poder acceder a la educación superior, no se le castiga, porque él tiene los recursos para poder hacerlo. O sea, la pena accesoria solamente se la pones a aquel estudiante más pobre del país. ¿Pero de qué manera, por ejemplo, con el mismo hecho y de la misma gravedad sancionas a aquel que tiene mayores recursos? Finalmente, es un problema de constitucionalidad en cuanto al principio de igualdad ante la ley.