Carta a la directora: ¿Quién administra mejor para los estudiantes?
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Durante años discutimos la Nueva Educación Pública como si la pregunta fundamental fuera quién debía administrar los colegios: los municipios o los Servicios Locales de Educación Pública. Pero quizás esa nunca fue la pregunta correcta.
La pregunta debiera ser más sencilla: ¿quién lo hace mejor para los estudiantes?
El 5 de agosto el Gobierno ingresó un proyecto que vuelve a modificar la implementación de los SLEP. No es un ajuste aislado: la propia iniciativa reconoce que la Nueva Educación Pública ha requerido sucesivas modificaciones legales y administrativas durante cuatro gobiernos, además de recursos fiscales para enfrentar déficits y dificultades de instalación.
La propuesta permite postergar determinados traspasos, flexibiliza los requisitos para que municipios con buen desempeño continúen administrando sus establecimientos y permite comparar sus resultados con los del Servicio Local que debería recibirlos.
La idea parece de sentido común: si un municipio obtiene buenos resultados, mantiene sus finanzas ordenadas y asegura continuidad educativa, ¿por qué debería entregar sus colegios a un sostenedor que no puede garantizar condiciones iguales o mejores?
El propio proyecto reconoce que el cambio de sostenedor, por sí solo, no ha producido mejoras significativas en resultados SIMCE. Eso debiera obligarnos a mirar menos la estructura y más los resultados.
También existe una razón concreta para no apurar el proceso: según el Mineduc, 34 SLEP, que abarcan 177 comunas, deberían completar sus traspasos entre 2027 y 2029, mientras todavía se implementan 84 tareas normativas y operativas. Extender los plazos no es retroceder, sino asegurar que el traspaso ocurra cuando existan las condiciones para beneficiar a los estudiantes.
Desde Escuelas Abiertas creemos que la educación pública no necesita defender administradores: necesita defender a sus estudiantes. Eso significa exigir aprendizaje, continuidad de las clases, buena gestión, transparencia y responsabilidad, sin importar el nombre de la institución que esté detrás.
Los SLEP que funcionan deben fortalecerse. Los que presentan problemas deben mejorar. Y los municipios que hacen bien su trabajo deberían poder demostrarlo con evidencia.
Porque en educación pública la pregunta no debiera ser quién administra, sino quién es capaz de garantizar que los niños aprendan, que las escuelas funcionen y que las clases ocurran todos los días.
