La dura cotidianidad de una escuela básica en Pedro Aguirre Cerda: profesores deben “dialogar” con narcos para proteger a sus alumnos

En la intersección de Avenida Lo Ovalle con Arturo Alessandri, en el sector sur de la comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC), una reja blanca marca el ingreso a la Escuela Lo Valledor. Camino al establecimiento, por el tramo cercano a la línea férrea, se ven bolsas vacías de tusi esparcidas en el pavimento.

El sonido metálico de una campana rompe el silencio: adentro, los niños inician sus clases mientras los docentes intentan sostener la normalidad; afuera, la tríada de violencia, consumo y narcotráfico.

Esa escena –cotidiana para quienes transitan por el sector– dialoga con una preocupación que en las últimos meses se instaló con fuerza en la agenda pública: la seguridad en los establecimientos educacionales. El punto de quiebre fue el asesinato de la inspectora María Victoria Reyes, cometido por un estudiante de 18 años en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, de Calama.

A ese caso se le sumaron otros: porte de armas, amenazas de tiroteos y una nueva riña en la misma ciudad que terminó con un estudiante apuñalado. Frente a ese escenario, la ministra de Educación, María Paz Arzola, habló de la necesidad de tomar medidas extraordinarias, expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que se reforzarán los esfuerzos para garantizar entornos escolares seguros. De hecho, a partir de lo ocurrido en Calama, el gobierno de José Antonio Kast presentó el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, que busca aumentar la seguridad en recintos educativos mediante la revisión de mochilas y mayores atribuciones a directores. La iniciativa fue aprobada para su legislación en la Cámara de Diputados y hoy se encuentra en la comisión de educación del Senado.

Pero más allá de la reacción institucional, en lugares como la Escuela Lo Valledor la crisis se presenta con otras capas. Aquí, el perfil de los apoderados está marcado por la vulnerabilidad, según describe un profesor del establecimiento, al que se le resguarda la identidad por temas de seguridad. Ninguno de los apoderados cuenta con formación universitaria y solo un pequeño porcentaje tiene estudios técnicos. La mayoría no supera la enseñanza media, e incluso algunos apenas alcanzan la educación básica.

“Hay un porcentaje muy pequeño de apoderados que realmente se interesa por la educación de sus hijos. Que se preocupa por ellos, por los materiales que tienen que traer al colegio, o los manda aseados y con uniforme”, explica el profesor.

Los vecinos más antiguos del sector de Lo Valledor Sur conocen este establecimiento bajo apodos que cargan con décadas de estigma: “El gallinero” o “La ratonera”. Le han puesto así por su infraestructura y algunas riñas entre los escolares. 

En este contexto, desde el equipo docente advierten que llegan estudiantes que han sido expulsados de múltiples instituciones: “Saben que por falta de matrículas aquí no los van a echar”. En la misma línea, desde el Slep añaden: “Este es un establecimiento que tiene un índice de vulnerabilidad de alrededor del 75%”.

Un exdocente de la Escuela Lo Valledor -al que también se le resguardará la identidad- recuerda que su primera vez en el colegio se sintió como un retroceso de décadas. “En Chile hay muchas escuelas vulnerables donde, en general, existen recursos. Pero aquí se carece de todo. No hay materiales para darle el acceso a los niños como corresponde”, menciona. A su juicio, la realidad del recinto es el síntoma de una desconexión institucional: “Lamentablemente, las leyes no alcanzan a llegar hasta acá”.   

Desde el establecimiento, una fuente del equipo directivo asegura que el recinto mantiene una matrícula baja con 147 alumnos, pero que pese al contexto complejo hay muestras del trabajo y del mérito de sus alumnos lo que queda demostrado en mejoras en los resultados SIMCE.

Según Josefina Abarzúa, jefa de Estudios, Monitoreo y Datos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Rosa, los puntajes en lectura pasaron de 217 en 2024 a 224 en 2025. En Matemática subieron de 201 a 220 puntos en el mismo periodo.  

Desde la Escuela señalan además que han realizado otras labores para mejorar la convivencia. lndican que desde el año 2022 realizan la “Corrida Escuela Lo Valledor”, con diferentes categorías de km, con la participación de la comunidad educativa (equipo docente, asistentes de la educación, estudiantes, apoderados, entre otros). En ella, además, participan los vecinos, el municipio de Pedro Aguirre Cerda y Carabineros, quienes colaboran para el cierre de calles en esa jornada con colaboración de los vecinos.

El narcotráfico como vecino en Pedro Aguirre Cerda 

Durante la segunda semana de clases como profesora, una de las docentes del colegio recuerda que un alumno con trastorno del espectro autista se le acercó con las manos abiertas y le mostró dos balas que había encontrado en el patio. “Yo recién me estaba contextualizando con el entorno. ¿Cómo puedo normalizar que mis estudiantes encuentren balas en el colegio?”, dice.  

Para los docentes, escenas como esa no son excepcionales. Según relatan, para los estudiantes ver gente drogada haciendo desórdenes es parte del día a día: “Saben de dónde son y lo que hacen, están tan familiarizados que les resulta irrelevante”. En esa línea, desde el establecimiento advierten que el consumo y venta de drogas forman parte del entorno inmediato del recinto. “Cerca de la escuela hay una casa donde se vende y se trafica harto”, señala un miembro del equipo directivo.

De acuerdo el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros, en 2025, en el cuadrante donde se ubica el colegio, se contabilizaron 12 delitos, infracciones y/o incivilidades vinculadas a la Ley de Drogas. En lo que va de 2026 la cifra asciende a 39 casos.

A esto se le suma una tendencia sostenida según el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), en la misma comuna los delitos asociados a drogas, como tráfico y otras infracciones a la ley, pasaron de 46 casos en 2021 a 90 en 2025.

Un profesor recuerda que, cuando daba clases en la escuela, el crimen organizado estaba presente en el sector, donde había soldados en puntos fijos por las calles perpendiculares a Av. Lo Ovalle, personas atentas a quién viene y a quién va, y a cualquier movimiento que delate la presencia policial. “Miran que no vengan a allanarlos. Siempre estaban los mismos en el mismo lugar, ya hasta me saludaban”, relata. Además, menciona que el trayecto que solía hacer los lunes, desde el paradero hasta la escuela, estaba lleno de bolsas de tusi: “Por cuadra, era fácil ver 15 en el suelo”. 

Para los docentes, el peligro tiene horarios y sonidos reconocibles. Uno de los profesores, que reside a poco más de un kilómetro del establecimiento educacional, relata que el ruido es constante: “Casi todas las noches se escuchan fuegos artificiales y balaceras. Con los años, esto ha ido aumentando”. Esta situación afecta directamente a los alumnos, que muchas veces llegan cansados o atrasados a clases. “Llegan cansados, pero igual te cuentan lo que pasó la noche anterior: ´Chisme, chisme´. Para ellos es el cotilleo semanal, porque están tan integrados en esta realidad que ya forma parte de su vida”, cuenta.

El entorno no solo es violento, también paraliza la vida cotidiana. En 2024, un funeral de alto riesgo frente a la escuela amenazó con suspender las clases, pero desde el equipo directivo optaron por no ceder. Según relata una fuente del establecimiento, la decisión fue mantener a los alumnos dentro del recinto para resguardar su seguridad y asegurar que continuaran aprendiendo, en lugar de verse involucrados en lo que ocurría fuera.

Cuenta que se acercaron a conversar con la familia, que accedió a respetar el horario escolar: “Como usted se acercó (a hablar), no vamos a hacer nada hasta que terminen las clases”. Durante tres días hubo calma. Sin embargo, el día del entierro la situación cambió y les advirtieron: “A las doce salimos y no nos hacemos cargo si hay balazos”. Ese día la jornada terminó antes, los niños alcanzaron a almorzar y se fueron en paz.  

Cuando la violencia es puertas adentro  

Al comienzo de 2025, una docente recuerda que varios de sus alumnos de quinto reaccionaban con una rabia que la descolocaba: se peleaban y salían de la sala para tirar piedras contra las ventanas. “En una ocasión, un niño le tiró un piedrazo a otro y le rompió la cabeza”, menciona.  

A su juicio, estas conductas están directamente relacionadas con el contexto del barrio. Lo ve como una réplica de la lógica que domina en la calle: quién manda, quién golpea más fuerte, quién impone respeto: “Es un espejo de lo que ocurre en la sociedad, y ellos lo ven muy de cerca”.  

Pero frente a este tipo de situaciones, las suspensiones no son una opción para el equipo directivo. “Me carga mandarlos a la casa a no hacer nada, a que estén solos. Prefiero que limpien el patio o que ayuden a la comunidad”, señala una fuente directiva del establecimiento.

El entorno de la escuela provoca que en los alumnos exista una falta de motivación escolar. Según un docente de la escuela, muchos no proyectan continuar sus estudios más allá de octavo básico ni aspiran a una formación universitaria. “Piensan que vender droga es una profesión que les va a dejar dinero. Ven a personas que lo hacen y que andan en tremendos autos. Ellos quieren tener pistolas y ser choros. ´Si te echan de la escuela, ¿qué vas a hacer?´ les pregunto y me responden que se pondrán a traficar”, relata.  

En medio de la conmoción nacional por los hechos en Calama, el presidente José Antonio Kast ha advertido que la violencia escolar responde a un deterioro prolongado en la convivencia y disciplina, y ha destacado la necesidad de resguardar la integridad de las comunidades educativas, fortaleciendo el diálogo con los establecimientos. “Esto va creciendo en la medida que no le ponemos atajo a ciertas faltas de respeto”, mencionó el pasado 31 de marzo en una entrevista realizada por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI). 

 Sin embargo, para los docentes que enfrentan la violencia día a día en la Escuela Lo Valledor, la solución no pasa únicamente por recuperar la disciplina, sino por intervenir un entorno que termina imponiéndose sobre cualquier reglamento escolar. Según cree un profesor del establecimiento, se trata de una crisis estructural, donde las leyes carecen de fuerza frente al poder del barrio: “Las cosas no van a cambiar por cerrar o fusionar la escuela, los niños seguirán viendo el narcotráfico y a gente drogándose, va a seguir todo tal cual”.  

Para él, el respeto por la autoridad se debilita, e incluso desaparece, cuando los estudiantes perciben que el sistema es inoperante ante su mismo entorno. “Esto ya trasciende. Para que las cosas mejoren, aquí depende del tipo de gobierno que haya, el tipo de leyes que se fomenten y las penas que se impartan”, agrega. 

Porque lo peor de todo, concluye, es que incluso los mismos alumnos tienen un diagnóstico al respecto: “Te dicen que los narcos están en la cárcel un rato y salen, que manejan todo el negocio desde adentro. Un niño explicándote eso, imagínate”. 

Las fuentes citadas en este reportaje fueron mantenidas en anonimato para resguardar sus identidades.