Columna de Carmen Soza: Volver a centrarnos en la educación

¿La educación que están recibiendo los niños chilenos hoy, es mejor que hace 10 años? Esa, y no otra, es la pregunta que deberíamos atrevernos a responder antes de seguir avanzando en la implementación de una reforma que se nos prometió revolucionaria. Si vemos los resultados de las mediciones, el SIMCE 2025 confirmó el estancamiento, concluyendo que cuatro de cada diez alumnos de 8° básico no están alcanzando los objetivos de aprendizaje esperados. Y en la última prueba PISA, Chile quedó muy por debajo del promedio OCDE, con más de la mitad de los jóvenes de 15 años bajo el nivel mínimo esperado en Matemática. La respuesta es evidente, basta ver los datos y la realidad, y duele: no, nuestros niños no solo no están mejor, sino que la curva se proyecta en forma descendente.

Hace más de una década, el exministro Eyzaguirre lo dijo expresamente: había que “quitarles los patines” a los estudiantes. No fue retórica, fue una decisión política. Lo que se hizo, en los hechos, fue empobrecer la calidad de la discusión de políticas públicas para supeditar la educación a la ideología por sobre toda evidencia internacional. Y diez años después no hay mea culpa: ni de quienes diseñaron la inclusión sin estándares mínimos y medibles, ni de quienes empujaron la tómbola, ni de quienes prometieron que los Servicios Locales de Educación Pública serían la gran solución. Se hicieron reformas que a todas luces han tenido resultados desastrosos, y los efectos los sufren las familias y nuestros niños, que derechamente no aprenden y que se quedan sin herramientas para desplegar su potencial.

Hoy los SLEP están cuestionados. Ya hay 36 servicios en operación administrando más de 160 mil estudiantes y 800 establecimientos, y algunos de los resultados son elocuentes: en Atacama fueron 83 días sin clases; en Magallanes, déficit estructural sobre los 25 mil millones de pesos y un nuevo paro masivo de profesores el año pasado, al que se suma —en mayo de 2026— el paro de los jardines infantiles del propio SLEP por deudas en bonos y asignaciones. ¿Esa fue la “nueva educación pública” prometida? Conviene entonces detenernos y preguntarnos algo incómodo: ¿qué entendemos, en concreto, por educación pública? Porque si es solo un sello, una etiqueta administrativa según quién sea el sostenedor, estamos preocupándonos sólo del envoltorio. Lo que de verdad debe estar garantizado no es un tipo de sostenedor: es la educación. Que cada niño aprenda, en un entorno seguro, con buenos profesores y con un proyecto formativo coherente con los valores de su familia.

A muchos esta distinción los incomoda, porque la ideología los esclaviza. No conciben la educación sin el Estado prestador, sin el Estado dueño, sin el Estado omnipresente y uniformador. Por eso endiosan la educación pública estatal y, al mismo tiempo, defienden las reformas de la última década que limitaron y asfixiaron la educación particular subvencionada y la creación de nuevos proyectos: más permisología, más burocracia, menos autonomía para los directores, menos libertad para los padres para elegir libremente la educación de sus hijos. Se cerraron colegios, se ahogó la innovación y miles de familias quedaron sin alternativas reales.

El punto y análisis debe ser justamente el contrario: el instrumento no es lo importante. La clave es que existan proyectos educativos diversos y de calidad, y que el Estado los promueva y los habilite sin importar quién los sostenga. Ese es el rol subsidiario del Estado bien entendido: garantizar que la educación llegue, no acapararla ni asfixiarla. Habilitar a las familias para que puedan tomar sus propias decisiones con libertad, no reemplazarlas.

Por eso urge rescatar la diversidad de proyectos educativos. La libertad de enseñanza no es un capricho de un sector: junto con ser una garantía debidamente consagrada en nuestra Constitución, es la condición necesaria para que florezcan colegios distintos —humanistas, técnicos, científicos, de inspiración religiosa, laicos, artísticos, deportivos u otros— y para que cada familia decida y encuentre libremente el que mejor calce con sus hijos, intereses y habilidades. Cuando el Estado se obsesiona con homogeneizar, mata esa riqueza. Cuando confía y habilita, la multiplica. Por eso es tan importante la discusión que se está dando actualmente en el Congreso, para permitir de una vez la posibilidad de recuperar la libertad de elección de las familias volviendo a poner a los niños y no a los dogmas o ideologías, en el centro.