Columna de Luis Cordero Vega: Los dilemas de implementación

Uno de los rasgos más característicos del funcionamiento estatal chileno es su adhesión a las reglas, como si la mera existencia de las mismas garantizara el orden y, además, lograra la transformación social que se pretende.

Este asunto tiene distintas dimensiones. La primera está asociada a la forma en que la sociedad chilena ha entendido sus instituciones, algo ampliamente documentado desde 1833, no sólo por lo que representó la Constitución portaliana, sino por cómo el país construyó esa estructura a través de la gramática de Andrés Bello. Esa idea de orden ha atravesado distintos momentos de nuestra vida institucional hasta hoy.

La segunda tiene que ver con la manera en que enfrentamos nuestros problemas públicos, que en las últimas décadas se ha traducido en una seguidilla de soluciones institucionales, especialmente desde el retorno a la democracia. Cada vez que se desea llevar a cabo una reforma sustantiva, el Congreso y el Ejecutivo recurren a regulaciones por infraestructura: creación de organismos administrativos, consejos, mandatos de coordinación e interoperabilidad, y procedimientos de distinta naturaleza.

Eso tiene un efecto simbólico de “aparente solución”, pero supone entregar a organismos heterogéneos decisiones de impacto directo en la vida cotidiana de las personas, pero terminamos en una paradoja. Creemos regular para obtener un cambio, pero preferimos crear instituciones para ese fin. Es lo que ha sucedido en mercados financieros, electricidad, educación, medio ambiente, consumidores y seguridad pública.

¿Por qué? La sociología del Derecho lo explica bien. La ambigüedad legal a través de regulaciones institucionales genera un símbolo de soluciones mediante estructuras y entrega a las organizaciones una amplia latitud para definir qué significa cumplir la ley.

Las consecuencias están a la vista. El Estado multiplica sus organizaciones sectoriales, aumentan los actos públicos -la denominada permisología- y se complejiza su funcionamiento integrado. La singularidad de la solución institucional es la atomización estatal y la multiplicación de ineficiencias. El problema no termina siendo un Estado más grande, sino uno fragmentado.

Pero hay un segundo problema. Creer que la solución pública se agota en el texto legal aprobado supone ser indiferente a su implementación. La distancia entre lo aprobado y lo ejecutado es lo que define la eficacia estatal y la confianza de las personas en las instituciones.

Como se ha explicado recientemente (OCDE, 2026), el abismo entre el diseño de las instituciones y la realidad no se produce porque las normas se desmantelen, sino porque simplemente no se ejecutan. En esa brecha se pierden fondos públicos, se ocultan conflictos de interés, aumenta la desconfianza y se corrompen las instituciones. No hay nada más corrosivo para la democracia que la ineficacia de promesas legales que se dejan sin aplicación o no cumplen sus propósitos.

” No hay nada más corrosivo para la democracia que la ineficacia de promesas legales que se dejan sin aplicación o no cumplen sus propósitos“.

¿Por qué se producen estas brechas? Es el resultado predecible de superponer procesos rígidos en instituciones nuevas o antiguas, sin recursos ni medios para ejecutarlos. A ello se suman cegueras tecnológicas, falta de respaldo político a quienes deben implementar esas reglas, déficit de capacidades, cambios intempestivos de criterios y puntos ciegos no identificados. Fallas de diseño, institucionales y de supervisión que, sumadas, provocan fallas de ejecución y disocian lo prometido por el sistema político de la acción gubernamental efectiva, alimentan la decepción ciudadana y provocan frustraciones por la sensación de estancamiento. 

Este ha sido el dilema habitual de las agendas anticorrupción, ambientales, emprendimiento, crecimiento y hoy de seguridad pública.

En efecto, en los últimos años se alcanzó el mayor consenso legislativo desde el retorno a la democracia en materia de seguridad pública. Más de 70 leyes de una calidad determinante. Ahí están la fiscalía supraterritorial, el fortalecimiento del Ministerio Público, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el cambio de dependencia de Gendarmería, la ley de seguridad municipal, la ley de reincidencia, la cooperación eficaz, la nueva regulación del comiso, el fortalecimiento de las medidas intrusivas, los delitos económicos, la actualización de la seguridad privada, la nueva ley antiterrorista y el nuevo sistema de inteligencia, el fortalecimiento de las policías, entre otras.

¿Bastan estas normas para transformar la realidad? Por cierto que no. La clave sigue estando en la implementación y en la gestión que la sostiene, de modo que insistir en nuevas soluciones legislativas sin atender a cómo se ejecutan las leyes ya dictadas sólo compromete la eficacia pública, agrava la desconfianza ciudadana y convierte la solución en un nuevo problema.

Chile goza de una larga tradición de estabilidad institucional y de una razonable fe en la ley. Pero estos son tiempos de la gestión. De lo contrario, seguiremos construyendo espejismos sobre las reglas y retardando cada día más las soluciones públicas.