UDI se abre a evaluar acusación constitucional contra Nicolás Grau, pero idea no convence a RN

Una contienda entre economistas se desató en las últimas horas con el protagonismo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su predecesor, Nicolás Grau (Frente Amplio), luego de la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de este año que elaboró Teatinos 120, y en el que se denunció millonarias inconsistencias en el cálculo de las proyecciones fiscales del país entre 2026 y 2030 respecto a lo elaborado previamente por el gobierno anterior.

En ese sentido, Quiroz sostuvo —en un punto de prensa realizado ayer lunes— que el IFP de la administración de Gabriel Boric estaba mal calculado, por lo que tanto el déficit fiscal así como la deuda serían mayores que las informadas hasta entonces. Ese antecedente derivó en que se iniciara una investigación sumaria en la cartera para dar con los responsables del mal cálculo.

Grau se defendió anoche a través de X y esta mañana en entrevista con Tele13 Radio. El punto que defendió fue que Quiroz se “apresuraba” al decir que había un cálculo errado en la proyección de la deuda, y que esta era “consistente y no tiene errores de cálculo“.

El reproche del ministro de Hacienda provino de la aparente no inclusión de una deuda de US$ 10.500 millones, número que al aplicarse la corrección que apela Quiroz dejaría la deuda pública en un 45,4% del PIB en 2028, por sobre el límite del 45%.

Además, hubo correcciones respecto al crecimiento del país desde un 2,4% a un 2,1% para este 2026.

¿Reaparece amenaza de acusación constitucional?

Fuera del debate técnico, sin embargo, rápidamente comenzaron a aparecer las críticas políticas.

En esa línea, uno de los primeros en esbozar la idea de una acusación constitucional en contra Grau —y que podría efectuarse hasta el próximo 11 de junio, fecha límite en que se cumplen tres meses desde que dejó su cargo— fue el presidente de la comisión de Hacienda en la Cámara, el diputado republicano Agustín Romero.

El parlamentario afirmó que lo revelado en el IFP de Quiroz era “gravísimo” y que “acá no basta con decir ‘nos equivocamos’“.

“Cuando se inflan ingresos, se esconden gastos y se maquilla la deuda pública, hay responsabilidades políticas que tienen que hacerse valer“, sostuvo Romero, uno de los hombres líderes en el Congreso del partido que fundó el Presidente José Antonio Kast.

La idea no es completamente rechazada en el oficialismo. El diputado Jaime Coloma (UDI), consultado por The Clinic, sostuvo que las cifras entregadas por el Gobierno eran “bastante dramáticas en cuanto al sobreendeudamiento que nos dejó el gobierno de Boric“.

“Obviamente que para decidir una eventual acusación constitucional habría que determinar la infracción a la ley o a la Constitución. Por eso tenemos que realizar un estudio profundo para decidir si hay o no mérito para una acusación contra el exministro Grau“, afirmó el representante del distrito 14.

En RN, en tanto, según señalan integrantes de la colectividad, no se ha tomado una posición definitiva sobre el tema.

En todo caso, no son pocos los que alertan que impulsar una medida así sería contraproducente, puesto que, primero, alteraría las negociaciones que se iniciarán en el Senado con la oposición sobre el proyecto de ley de Reconstrucción y, segundo, no ven que resulte exitosa la ofensiva contra el jefe de la billetera fiscal de Boric en el último período de su mandato.

Grau apuntado nuevamente por el Congreso

La idea de acusar constitucionalmente a Grau no es nueva.

En diciembre, en la discusión del proyecto de ley de reajuste al sector público, la UDI inició una arremetida en contra del ahora exministro por incluir en esa legislación normas que escapaban de la modificación en la remuneración de los empleados fiscales, que llevaron a denominar el proyecto como “ley de amarre“, dado que incluía trabas para desvincular a funcionarios fiscales.

Las indicaciones fueron rechazadas en la discusión parlamentaria y la amenaza de acusación amainó, pero volvió a hacerse presente en febrero, mes en que dio a conocer un déficit estructural de 2025 de 3,6% del PIB, lo que estaba lejos de las estimaciones de la administración de Boric, que había proyectado previamente un 2,2% y, antes de ese número, un 1,1%.

Pese al episodio, tampoco prosperó la acusación, entre otras cosas, porque habrían nuevos ingresos en el Congreso que anticipaban su rechazo a la ofensiva, como el Partido de la Gente (PDG).