Ciudad
2 de Junio de 2026Los 15 alcaldes bajo la lupa de Contraloría por incumplir declaración obligatoria: ediles de Arica y Santo Domingo entre los que podrían enfrentar sanciones y hasta pérdida del cargo
El organismo fiscalizador otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar la situación. De mantenerse el incumplimiento, los ediles podrían enfrentar sanciones de hasta 50 UTM e incluso la pérdida del cargo.
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La Contraloría General de la República emitió una advertencia el pasado 27 de mayo a 15 alcaldes de distintas zonas del país que no habían actualizado su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), cuyo proceso es obligatorio. El organismo es el encargado de llevar a cabo la fiscalización de las DIP, con un proceso de revisión y control.
A través de los oficios remitidos a cada una de las jefaturas edilicias, se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar sus declaraciones. Si se mantiene el incumplimiento se mantiene, la CGR iniciará el procedimiento de sanciones formales.
Según la norma, la sanción a la que se exponen los alcaldes corresponde a una multa entre 5 y 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $3,5 millones, o, inclusive, la destitución del cargo si, pasados cuatro meses desde la sanción inicial, la autoridad sigue sin actualizar su declaración.
Entre los alcaldes apercibidos están, desde la RM, Roberto Pérez, edil de San José de Maipo, Fernando Rodríguez, de la comuna de Santo Domingo en Valparaíso, y de la comuna de Arica, Orlando Vargas. Hay autoridades advertidas en 12 de las 16 regiones del país.
Cabe destacar que las Declaraciones de Intereses y Patrimonio está regida por la ley N° 20.880,
La DIP es un instrumento de probidad pública que deben presentar autoridades y funcionarios del Estado, como ministros, subsecretarios, jefes de servicio y funcionarios hasta el tercer nivel jerárquico, entre otros dentro de los 30 días de asumir o cesar en su cargo, y actualizarse anualmente entre el 1 y el 31 de marzo (con una actualización adicional en septiembre para jefes de servicio y quienes participen en compras públicas).
En ella se declaran datos personales, información de parientes, actividades profesionales o económicas de los últimos 12 meses, y el patrimonio completo (activos y pasivos).
