El insólito error del Ministerio de Vivienda: gastó cientos de millones en subsidios de arriendo para personas fallecidas

Una auditoría realizada por contraloría al Programa “Integración Urbana de Campamentos” constató la existencia de 168 personas fallecidas continuaron recibiendo el beneficio del subsidio de arriendo entregado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

En el informe, Contraloría señala que “no se adoptaron oportunamente acciones tendientes a poner término al beneficio ni a regularizar su continuidad en favor de otro integrante del núcleo familiar que, eventualmente, cumpliera los requisitos establecidos para ello”.

Se agrega, además, que el 26 de agosto de 2025 la División de Políticas Habitacionales notificó, mediante correo electrónico dirigido a los responsables regionales, la regularización de estos casos. Sin embargo, los montos asociados a beneficiarios fallecidos fueron incorporados en los estados financieros.

Según Contraloría, el servicio tardó hasta 1.133 días en gestionar la regularización de los contratos, lo que generó una sobrevaluación de los gastos elegibles por un monto de $110.884.553.

Tardanza en el actuar de la subsecretaría

En su respuesta, la Subsecretaría indicó que los fallecimientos de los beneficiarios ocurrieron después de la asignación del beneficio, por lo que sostuvo que la situación no correspondía a un otorgamiento indebido de subsidios. Señaló, además, que los 168 contratos se encuentran actualmente terminados y que “73 fueron terminados en agosto de 2025, mientras que los 93 restantes finalizaron entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, con excepción de dos casos cuyo término se materializó en febrero de 2026”.

Contraloría, sin embargo, precisó que los pagos fueron efectuados fueron después del fallecimiento de los beneficiarios, manteniéndose los desembolsos pese a que estos ya habían perdido su calidad de beneficiarios. Además, constató un retraso considerable en las gestiones destinadas a poner término a los contratos respecto de la fecha de defunción de quienes figuraban como titulares

Según explicó la Subsecretaría, la detección tardía de estos casos obedeció a la falta de interoperabilidad entre los sistemas institucionales y el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI). Para enfrentar esta situación, desde agosto de 2025 se implementó una consulta trimestral al Registro Civil para identificar oportunamente a beneficiarios fallecidos.

Además, la Subsecretaría informó que inició un procedimiento disciplinario para establecer si existen responsabilidades administrativas por las irregularidades detectadas. Contraloría, por su parte, mantuvo el cuestionamiento y señaló que los pagos realizados después del fallecimiento de los beneficiarios deberán ser corregidos ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ya que corresponden a gastos que no cumplían con las condiciones para ser financiados.