Polémica resolución para cobrar IVA a casinos en línea abre flancos y duros cuestionamientos al SII: “lo ilegal debe ser combatido, no regularizado de manera parcial”

La resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII), que reconoce “de facto” los sitios de apuestas en línea al permitirles pagar IVA, provocó una ola de cuestionamientos de forma transversal en el mundo político. Si bien desde el Gobierno respaldaron la medida, sectores del oficialismo se distanciaron de esta posición y cuestionaron la normativa, sumándose a la arremetida de la oposición.

Desde la UDI, los diputados Marco Antonio Sulantay y Hotuiti Teao -ambos integrantes de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja- instruyeron “citar a la brevedad” al actual director del SII, Jorge Trujillo, para que acuda al Congreso a explicar en detalle la resolución emitida y llamaron al gobierno a acelerar la tramitación del proyecto de ley que busca regularizar las casas de juego on line y establece una serie de restricciones en su funcionamiento con resguardo para los menores de edad.

“Es fundamental que todas las actividades que operan en Chile paguen los impuestos que corresponden. Sin embargo, lo que no puede ocurrir es que resoluciones de este tipo terminen transformándose en una suerte de regulación encubierta de las plataformas de apuestas en línea, que hoy funcionan sin un marco normativo. Entendemos la necesidad de aumentar la recaudación en el país, pero no podemos permitir que, bajo ese pretexto, se termine dando manga ancha a una actividad que no sólo opera al margen de la ley, sino que además genera serios riesgos para la ciudadanía, especialmente en los niños y jóvenes”, advirtieron los parlamentarios de la Bancada UDI.

Entre otras reacciones por parte de sectores del oficialismo, la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, también cuestionó la resolución del SII en Radio Cooperativa y señaló que la prioridad debió haber sido poner en discusión inmediata al proyecto de ley que busca regularizar este tipo de actividades y de esa forma, comenzar a gravar la actividad. “Si bien hay opiniones encontradas, lo que hizo Impuestos Internos viene a enredar la discusión. Hubiese sido mas limpio primero ver la reforma legal y después avanzar en circulares que apliquen impuestos”, puntualizó.

La discusión sobre la legalidad de las casas de apuestas en línea se da luego que un fallo de la Corte Suprema en septiembre del año pasado calificara esta actividad como ilícita y ordenara el bloqueo inmediato por parte de las empresas de telecomunicaciones a este tipo de sitios.

El exsubsecretario de Hacienda y también integrante de la UDI, Julio Dittborn, expresó hoy en una carta al director en El Mercurio que “a 48 horas de que el Presidente anunciara diversas medidas para proteger a la juventud y combatir resueltamente el crimen, el comercio ilícito y la incivilidades, el SII anuncia con bombos y platillos la regularización tributaria de las casas de apuestas ilegales, que lucran con el juego clandestino”.

En ese sentido, Dittborn precisó de manera tajante que “con este insólito e ilegal criterio, el afán recaudatorio desatado puede llegar a proponer cobrar impuestos a los secuestros extorsivos. Lo legal es legal y lo ilegal debe ser combatido, no regularizado de manera parcial”.

Oposición acude a Contraloría

En la otra vereda, los diputados Luis Cuello (PC), Boris Barrera (PC) y Juan Santana (PS) recurrieron este viernes a la Contraloría General de la República (CGR) para que revise la legalidad de la resolución del SII. En el requerimiento se planteó que la resolución representa un cambio de criterio respecto a la posición adoptada por la misma institución en 2023, que instruyó que no correspondía registrar como contribuyentes a quienes desarrollaran actividades ilícitas, declaradas ilegales por órganos del Estado.

En el documento solicitado ante la Contraloría, se solicitó que se determinara si el SII actuó dentro del marco de sus facultades al habilitar un sistema que permita la tributación de este tipo de plataformas de forma posterior a los fallos emitidos por el máximo tribunal el año pasado. “El Ministro de Hacienda no puede avalar ni respaldar una decisión que, en la práctica, otorga patente de corso a una industria oscura e ilegal”, señaló el diputado Cuello.

También el diputado Jaime Mulet (FRVS) ingresó un requerimiento ante la CGR solicitando que  se pronuncie sobre el alcance de la resolución del servicio. “Además, aquí mismo le pedimos a la Contraloría que oficie a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), porque también estos juegos online se reflejan y obviamente operan a través de los bancos chilenos. Estos bancos no deberían tampoco permitir la operación de actividades ilícitas. Hace pocos días vimos cómo intervinieron el Banco Santander producto de operaciones ilegales de lavado de dinero. Esto es más o menos lo mismo”, indicó.

En ese contexto, el parlamentario del FRVS calificó como grave la normativa del SII y criticó que “muchos medios -no todos- incluso se hacen los lesos porque están con los auspicios dentro de sus propias organizaciones. Muchos influencers en este país están auspiciando casinos y son absolutamente ilegales. Por eso es que le he pedido el pronunciamiento a la contralora”.

En tanto, el diputado radical, Rubén Oyarzo, se sumó a los cuestionamientos y remarcó que “claramente hay un acto ilegal y queremos que la Contraloría se pronuncie porque sabemos que el ministro Quiroz ha cometido algunos hechos como las colusiones. Entonces, no queremos que se esté legalizando empresas que por la Corte Suprema fueron declaradas ilegales, dos veces”.

La posición del Ejecutivo

Con todo, desde el Gobierno salieron a cerrar filas y apoyar la polémica resolución. Fue el mismo ministro de Hacienda Jorge Quiroz, quien manifestó que “el Servicio de Impuestos Internos es una entidad independiente, se rige por su director, y el director aplica la ley”. Y agregó que “lo que le compete a Impuestos Internos es recaudar los hechos que están gravados”.

El jefe de cartera explicó que ese “es su deber, sin pronunciarse respecto de si es o no legal, que eso corresponde a otra instancia, donde ustedes saben que hay un proyecto que se está discutiendo”