El primer gran golpe a De Grange: Contraloría le da portazo a modificaciones propuestas por Transportes al reglamento de la Ley Uber

El ministro de Transportes, Louis de Grange, a poco tiempo de asumir ingresó modificaciones mediante un decreto supremo al reglamento que busca regularizar a las aplicaciones de transportes y sus conductores -el planteado en la Ley Uber- en el cual realizó una serie de cambios en comparación a los que había propuesto la administración anterior.

Sin embargo, en un documento con fecha de ayer, la Contraloría le dio un portazo a los cambios del ministro mediante el decreto supremo Nº 212.

“Esta Contraloría General no ha dado curso al documento del epígrafe (…) que aprueba el reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros”, lee el documento.

Ello, argumentó el organismo contralor, “teniendo en cuenta que el acto administrativo en estudio elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi”.

Y detalla aquellos “como antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para su primera inscripción y cilindrada mínima, sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública“.

“En ese sentido, cabe anotar que, si bien corresponde a la Administración definir las exigencias para los servicios de que se trata, en este caso se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe, de manera que, con mayor razón, resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción, máxime si ello redunda directamente en el estándar mínimo exigible a otros servicios de transporte, como son aquellos realizados a través de las empresas de aplicación de transportes reguladas en la ley N° 21.553″, lee el dictamen de Contraloría.

Y agrega: “Corrobora lo anterior lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la ley N° 19.880, y lo expresado por este Organismo Fiscalizador en sus dictámentes N°s 18.055, de 2011, y 59.892, de 2015, en orden a que el principio de juridicidad, en una concepción amplia y moderna, conlleva la exigencia de que los actos administrativos se encuentren debidamente motivados y sustentados en fundamentos racionales, de modo que no obedezcan a decisiones que puedan ser arbitrarias o que, eventualmente, pudieran estimarse una desviación de poder”.

De esa forma, la Contraloría concluye que “en relación con lo dispuesto en la letra a) del artículo único del acto administrativo examinado, corresponde que ese Ministerio establezca un plazo determinado para efectos de cumplimiento de la obligación de comunicar la adscripción de los servicios de taxi básico, ejecutivo o de turismo, a una empresa de aplicación de transportes”.

El senador Fidel Espinoza (PS), quien valoró el rechazo de Contraloría, cuestionó que “siempre dijimos que debemos nivelar hacia arriba, no hacia abajo. El ministro de Transportes debe mantener criterios anteriores. Es decir, vehículos 1.4 hacia arriba y licencia profesional. Solo ello garantiza seguridad a miles de pasajeros que utilizan las aplicaciones”.

Así también se pronunció el diputado de la comisión de Transportes, Ignacio Achurra (FA): “Tras años de debate legislativo y trabajo técnico, la Ley Uber logró un equilibrio difícil entre usuarios, taxis, conductores y plataformas. Una regulación de esta complejidad no admite improvisaciones“.

“Ministro Louis de Grange, es momento de retomar el camino de los consensos. El martes en la comisión de transportes, insistimos en la necesidad de una sesión especial para abordar este tema y esperamos su colaboración“, agregó Achurra.