“Lo más importante es volver el foco a la prevención, más que a la sanción”: Gobierno prepara cambios por vía administrativa a la Ley Karin

Hace casi dos años que ya rige la Ley Karin, normativa que busca apoyar a los trabajadores con prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en los espacios de trabajo.

Y si bien desde el Ejecutivo, y casi de manera transversal, la normativa que fue inspirada en una trabajadora que sufrió de acoso y luego se suicidó, es bien valorada, lo concreto es que se está analizando modificarla.

Luego de revisar si ha cumplido con los objetivos propuestos, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, comentó a La Tercera que “el balance del ministerio es positivo en cuanto al objetivo central de la ley, que es instalar una nueva forma de abordar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, pasando desde una lógica reactiva a una lógica preventiva”.

El problema, dice el subsecretario, es que si bien el objetivo de la norma era generar un cambio tanto de mentalidad como cultural visibilizando este tipo de situaciones, “su implementación ha sido tremendamente ineficiente y nuestro deber es mejorarla”.

Una de las falencias que se ha identificado, por ejemplo, es el factor de que en ocasiones no se logra distinguir adecuadamente entre situaciones que efectivamente podrían constituir acoso o violencia laboral, y otros conflictos propios de la gestión cotidiana en los espacios de trabajo.

Ello ha generado una sobrecarga en la Dirección del Trabajo, plantea el subsecretario, dado que de hecho en la DT casi el 20% del total del personal realiza funciones vinculadas a la Ley Karin.

Por ejemplo, a enero de 2026 se registraban 70 mil denuncias ingresadas por esta normativa a la DT, de las cuales al momento de realizar la preclasificación, solo el 40% correspondía a Ley Karin.

Qué plantea la Ley Karin actualmente

La Ley Karin principalmente implicó modificaciones en el Código del Trabajo, con la aparición de nuevas definiciones legales, así como el perfeccionamiento de las existentes, tales como el acoso laboral, el acoso sexual, la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, y la no discriminación.

Además, de forma explícita se incorporó la perspectiva de género en las relaciones laborales, con la integración incluso del “acoso sexista” como una de las conductas penalizadas.

Pero entre los principales cambios concretos, la Ley Karin, por ejemplo, eliminó el requisito de que para que se configure la figura de acoso laboral, deba existir una conducta repetitiva. Ahora basta con una sola acción u hostigamiento grave para que se inicie un proceso de denuncia.

Así también se amplía la protección a los trabajadores: ahora se les protege también contra agresiones físicas o verbales ejercidas por personas externas, como clientes o proveedores. Además, la norma obliga tanto a las empresas como a los órganos del Estado a tener protocolos claros de prevención y capacitación continua sobre el buen trato.

Las modificaciones por vía administrativa que plantea el Gobierno

Con el diagnóstico de lo que ha sido la implementación de la ley, es que el Ministerio del Trabajo planea realizar modificaciones por vía administrativa a la norma, mediante ajustes reglamentarios, los cuales se presentarían este segundo semestre.

Una de las medidas que se alistan, según comentaron a La Tercera, apuntará a incorporar criterios “más claros” para el análisis inicial de las denuncias. Y que se pueda fortalecer los mecanismos de orientación temprana para que las personas puedan verificar si sus denuncias corresponden a la Ley Karin o no.

También “se están revisando ciertas formalidades que hoy pueden generar rigideces, demoras o dificultades prácticas sin aportar necesariamente mayor protección, con el fin de facilitar una respuesta más rápida y eficaz cuando corresponda adoptar medidas”, explicó el subsecretario.

Así también se busca mejorar la claridad de las obligaciones de empleadores, trabajadores y de la propia Dirección del Trabajo, fortaleciendo la coordinación y trazabilidad de los procedimientos.

En resumen, se busca asegurar una respuesta oportuna con tiempos acotados, clarificar las implicancias, focalizar los recursos y mejorar la eficacia del sistema, comentan desde el Gobierno.

“Lo más importante es volver el foco a la prevención, más que a la sanción. Solo de esa forma lograremos cumplir con el espíritu de la ley y su objetivo principal”, dijo el subsecretario.