Columna de Juan Francisco Galli/ Ley Nain-Retamal: Las dos almas de la izquierda

La ley Nain-Retamal fue disputada desde un principio. Lo fue razonablemente porque el contexto –y también el consenso- político sobre el uso de la fuerza del Estado había cambiado radicalmente en los últimos años.

Hasta 2018, había una opinión generalizada que las policías no solo tenían el derecho sino el deber de hacer uso de la fuerza para resguardar y proteger a los ciudadanos. Una de las características básicas e inalienables del Estado moderno es su capacidad para usar la fuerza en contra de personas para “darle eficacia al derecho”, según dispone nuestra Constitución. Eso sí, esa fuerza solo debe ser usada cuando es estrictamente necesaria y en la proporción que permita al Estado cumplir su función protectora. Esa fuerza es la que se utiliza al detener al autor de un delito flagrante, al allanar una casa narco o al ingresar a una toma.

El estallido social pareció cambiar ese consenso. La “primera línea” que lanzaba piedras, palos y fuegos artificiales a las fuerzas policiales fue apoyada por grupos importantes de la sociedad chilena como una defensa legítima del derecho de manifestación, incluso recibiéndola en el Congreso Nacional. Muchas instituciones del Estado incluso operaron en esa lógica, el INDH, la Defensoría de la Niñez presentaron querellas ante la más mínima noticia de represión, sin chequear mínimamente la veracidad de los hechos. Incluso el persecutor penal pareció caer en esa tentación, imputando homicidios frustrados o torturas a Carabineros que hacían uso del armamento que el mismo Estado le proveyó. El Ministerio Público olvidó momentáneamente que existen delitos especiales para las policías en el Código de Justicia Militar y normas que los eximen de responsabilidad cuando su actuar no ha sido abusivo.

Paradójicamente, fue el gobierno del presidente Gabriel Boric, quien en su campaña prometió refundar Carabineros e indultar a los “presos políticos de la revuelta”, el que debió reconstituir el consenso político del uso de la fuerza a través de la Ley Nain-Retamal. La ley no hace nada tan extraordinario, simplemente lo obvio: cuando un policía actuando por el poder que le da el Estado daña a alguien, debemos entender que la fuerza utilizada es aquella que era necesaria para cumplir su misión de proteger. Si el fiscal o el afectado considera que la fuerza fue abusiva deberá probarlo.

Esto ha generado, sin embargo, serios conflictos entre las dos almas de la izquierda. Ya terminando el gobierno anterior el quiebre se produjo como consecuencia del fallo en el caso de Gustavo Gatica, en que personeros del PC culparon a sus aliados de facilitar con sus votos favorables a la ley el resultado absolutorio para el carabinero involucrado.

Ahora se escribe un nuevo capítulo. Las diputadas del PC Lorena Pizarro y Nathalie Castillo presentaron un proyecto de ley para derogar algunas normas de la ley NainRetamal. También suscribe el proyecto el diputado Jaime Bassa, quien no solo pertenece al FA, sino que fue vicepresidente de la Convención y ahora se suma a un proyecto para desmantelar una ley que su propio sector impulsó desde La Moneda. Las justificaciones dadas a la iniciativa no dejan duda: algunos de sus artículos dejarían en la indefensión a la población civil, en que la víctima “además de ser agredida por un agente del Estado tiene que demostrar haber sido agredida”. Incluso la diputada Castillo ejemplificó con la reciente marcha de la CONFECH en que “un número incierto de manifestantes” habría resultado con lesiones graves gravísimas y también trabajadores de la prensa. Finalmente tildó la ley como “una norma que raya en la impunidad”. Es decir, para el PC y el FA, la ley NainRetamal, aprobada e impulsada por un gobierno encabezado por un militante del Frente Amplio y protagonizado por ilustres ministros comunistas, promovería la impunidad. Todo ello fundado en que el nuevo gobierno no respetaría el derecho de reunión y manifestación, una acusación que, hasta ahora, carece de respaldo en hechos concretos.

Afortunadamente, la reacción del Socialismo democrático dio cuenta de su madurez política. Probablemente inspirada en la reflexión que deben estar llevando adelante sobre los costos de haberse dejado llevar por el infantilismo frenteamplista, la presidenta del PS fue clara y tajante: su partido está por mantener la ley. Algo similar hizo la exministra Tohá que consideró aceptable el tenor actual de la ley o el diputado Araya anunciando su voto en contra del proyecto comunista.

La diferencia aquí es política y profunda. Las fuerzas políticas serias, que quieren ejercer el poder aspirando al gobierno, deben asumir la responsabilidad de haber gobernado y hacerse cargo de sus aciertos y errores, de los acuerdos alcanzados y de lo que no se logró acordar. Eso es lo que hacen las fuerzas políticas que aspiran a darle estabilidad y gobernabilidad a Chile.

El PC y el FA deben decidir qué fuerza política quieren ser de cara a los desafíos de Chile hacia el futuro: una que aspira a gobernar responsablemente o una que les habla a sus fieles nostálgicos de la revolución.