Siete fueron designados durante período de Boric: quiénes son los ministros del TC que le propinaron la primera derrota constitucional al Gobierno

Un golpe directo al gobierno del Presidente José Antonio Kast propinó ayer el Tribunal Constitucional (TC), luego de que, gracias a un requerimiento presentado por parlamentarios de oposición, se declararan inconstitucionales cuatro disposiciones de ley del proyecto de Escuelas Protegidas, propuesta impulsada por el Ministerio de Educación que dirige María Paz Arzola, y que había sido aprobado por el Congreso a inicios de junio.

La resolución del tribunal, dada a conocer en la noche de este martes, se tradujo en un tropiezo importante para el Gobierno, pues la agenda educacional cobró especial atención en el Ejecutivo y se anticipó, incluso, a la del proyecto de reconstrucción.

Lo que motivó que el Gobierno destinara sus esfuerzos en la propuesta destinada a educación fue el asesinato de una profesora en un colegio en Calama a finales de marzo, además del intento de golpiza que sufrió a inicios de abril la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral, en Valdivia.

La iniciativa tenía el objetivo del Gobierno de “fortalecer la convivencia educativa” y brindar de mayores herramientas a los colegios para actuar frente a “hechos graves de violencia“. Por eso es que había artículos que establecían el permiso para la revisión de mochilas por parte de la PDI o Carabineros cuando lo pidiera el establecimiento educacional, aunque la disposición fuera medianamente cuestionada por el TC.

Asimismo, el tribunal también frustró el intento del Ejecutivo de establecer inhabilidades para acceder a la gratuidad universitaria, enunciado que estaba presente en la apuesta legislativa del Gobierno.

La reacción de Arzola sobre la notificación del TC fue cauta. La ministra dijo esta mañana en Radio Infinita que estaba a la espera de conocer la resolución que tomó el tribunal y que, luego de eso, evaluarían los pasos a seguir. Además, afirmó que el objetivo del Ejecutivo, pese al fallo, “sigue siendo el mismo” y que se estaba más “avanzado” respecto de antes.

El pleno del TC que cuestionó el proyecto de Escuelas Protegidas

El martes fue un día con movimiento en el TC. Hasta allí acudieron distintas organizaciones interesadas en exponer sus planteamientos sobre los requerimientos de constitucionalidad, para que estos estuvieran contemplados a la hora en que el pleno del tribunal tomara la decisión.

El grupo está compuesto por 10 abogados, y es presidido por Daniela Marzi, designada en abril de 2022 por el expresidente Gabriel Boric. Liderará el TC hasta el próximo 12 de julio, tras dos años en el cargo.

Los otros nueve integrantes son Nancy Yáñez, Catalina Lagos, Raúl Mera, Héctor Mery, Marcela Peredo y Alejandra Precht, quienes se sumaron mientras Boric era Presidente de la República; Yáñez y Marzi fueron promovidas por él, mientras que el resto se integró al tribunal con acuerdo del Congreso.

María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Mario Gómez son el resto de ministros del TC, quienes fueron designados en su momento durante el período el expresidente Sebastián Piñera.

Cuatro son abogados de la Universidad Católica (Silva, Fernández, Mery, Precht) ; tres de la Universidad de Chile (Yáñez, Mera, Gómez) y el resto son titulados de la Universidad de Valparaíso (Marzi), la Universidad de Talca (Peredo) y la Universidad Diego Portales (Lagos).

Fueron ellos quienes, ayer martes, conversaron sobre los requerimientos solicitados por los parlamentarios. Antes de eso, sin embargo, recibieron a expositores quienes plantearon sus posiciones sobre la ley.

Hasta el TC llegaron a realizar audiencias públicas Anuar Quesille, defensor de la niñez; Vicente Strelow de la Fundación Jaime Guzmán, María Trinidad Schleyer de la Fundación Libertad y Desarrollo; y José Manuel Díaz de la Fundación Escuelas Abiertas, entre otros.

Luego de esas exposiciones, los ministros subieron al segundo piso del edificio y discutieron y argumentaron los requerimientos de forma reservada. En dicha instancia fue también en la que se dispusieron a votar, a vista de Matías Vargas, secretario abogado y ministro de fe del TC.

De hecho, fue Vargas quien envió los oficios respectivos de la decisión del TC al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) y al propio Presidente de la República.

Tales instituciones se vieron representadas ayer por los abogados Bárbara Sepúlveda (Senado), exconvencional constituyente del PC; Pablo Sandoval (Cámara); y Juan José Ossa, exministro Segpres de Piñera.

Fueron los ministros del TC los que definieron si habría comunicado de prensa o no por la decisión que tomaron. De momento, qué voto cada ministro es información secreta.

En el oficialismo consideran que la declaración de inconstitucionalidad de determinadas normas se justificó meramente en la composición del tribunal.