Por qué la AC contra Grau tiene exiguas posibilidades de ser aprobada y asoma como una derrota para el oficialismo

Una sesión especial convocó la mesa directiva del Senado en plena semana regional para poner en discusión un único tema: la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, ofensiva que la semana pasada fue aprobada por la Cámara de Diputados con 77 votos a favor.

Al economista militante del Frente Amplio se le acusó en un libelo —emanado desde el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano— de haber vulnerado la regla fiscal y errar en las proyecciones de su cartera mientras la lideró entre agosto de 2025 y marzo de 2026.

A pesar de que la arremetida provino de la derecha y de una parte del oficialismo, el escenario dejó a la vista grietas que hay en el sector y que han ido apaciguando la arremetida contra el exlíder de Teatinos 120, en donde el resultado de la acusación en la Cámara Alta se ve poco auspicioso.

Inicio complejo de acusación contra Grau

El 25 de mayo, el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, publicó el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la administración de José Antonio Kast. Para tal instancia convocó a un punto de prensa, oportunidad en la que sostuvo que en el escrito dieron cuenta de millonarias “inconsistencias” que hubo en el último IFP emanado del gobierno anterior de Gabriel Boric.

Ese mismo día en el Palacio de La Moneda la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo (RN), notificaba los resultados de la auditoría total que hicieron de los cuatro años de la gestión de Boric, en la que cuestionaron cerca de 10 mil millones de dólares gastados en el aparato público.

Esos antecedentes motivaron a diputados libertarios y republicanos por igual, quienes sin coordinación previa avisaron al día siguiente que presentarían una acusación constitucional contra Grau, el encargado de la billetera fiscal antes de Quiroz y quien se defendió particularmente de los dichos de su sucesor esa misma mañana.

La premura en el anuncio provocó serias molestias de inmediato en el oficialismo, sobre todo en Chile Vamos. Tanto la UDI, RN como Evópoli recriminaron que los republicanos actuaran sin avisar al resto de los partidos de Gobierno, posteriormente negociaran una ofensiva con un partido que no es parte del oficialismo —los libertarios— y que, además, la ofensiva se impulsara en medio de los intentos de La Moneda por negociar con la oposición un acuerdo que permitiera el avance del proyecto de reconstrucción en el Senado.

“No se puede llamar al diálogo por un lado y tensionar ese mismo espacio por el otro“, fueron las palabras con las que incluso la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), criticó la ofensiva contra Grau.

“Actuamos con responsabilidad y, sobre todo, con lealtad hacia el Gobierno”, cuestionó por su parte el diputado Eduardo Cretton (UDI), dichos que respondieron a una “provocación” que hizo el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) sobre sus pares de Chile Vamos, en la que afirmó que ellos tendrían que “responder” a su electorado en caso de que la acusación se cayera.

Desde los libertarios y republicanos argumentaban que no tenían tiempo de sobra para enjuiciar políticamente a Grau. Lo anterior lo sostenían en que la herramienta de la acusación constitucional contra exministros de Estado tiene un plazo de tres meses para presentarse, por lo que la arremetida vencía el 11 de junio.

Asimismo, el timonel republicano, Arturo Squella, defendía que la discusión de la ofensiva con la de la megarreforma respondían a temas e intereses distintos, por lo que un efecto colateral no se veía probable.

Al momento de la votación de la acusación en la Cámara, si bien se dio cuenta del respaldo a esta que le dieron diputados libertarios, socialcristianos, e incluso la UDI a la ofensiva, en la bancada de RN, Evópoli e independientes algunos resistieron, como su jefe de bancada, Diego Schalper; además de los diputados Luis Pardo, Ximena Ossandón y Jorge Guzmán. Joanna Pérez, exintegrante de Demócratas, tampoco dio su voto a favor.

Panorama adverso en el Senado

Con descuelgues dentro del propio oficialismo y con una especie de dependencia del Partido de la Gente (PDG), que la apoyó con la mayoría de sus 13 diputados, llegó la acusación al Senado, desde donde ya se veía algo debilitada: se requiere mayoría absoluta para aprobarla (26 votos) y la derecha como tal considera solo a 24 senadores, los que varios de ellos habían dado apreciaciones negativas sobre el juicio político contra exautoridades.

“Las acusaciones constitucionales son herramientas serias, que deben evaluarse con responsabilidad jurídica y política y no desde la lógica del enfrentamiento coyuntural“, planteó por ejemplo a este medio el senador Sergio Gahona (UDI), a la vez que su par Gustavo Sanhueza sostuvo que “sancionar a una persona por 5 años para ejercer un cargo público, sobre todo cuando salió del Gobierno, no le veo mucho sentido”.

En RN la sensación era que para la arremetida no era “el momento”, como dijo el senador Germán Becker, y que el clima político tenía que estar acorde a la discusión que significaba el proyecto misceláneo, planteamiento que dio el senador Andrés Longton.

Asimismo, el ambiente al interior del Senado es que esa cámara representa los “acuerdos” y la “moderación” antes que la “refriega política” de la Cámara, por lo que se prevé mesura en sus integrantes contra Grau.

Por otro lado, en los últimos días se han realizado gestos y acciones por parte de senadores oficialistas que se tradujeron en un menor respaldo a la acción de los libertarios y republicanos.

Así fue el caso del presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien felicitó a Schalper por anunciar su voto en contra de la acusación, lo que posteriormente le significó tener que inhabilitarse de la votación, dado que el Senado actúa como juez y sus integrantes no pueden anticipar su veredicto.

La arremetida también perdió peso con el acompañamiento que hizo este lunes el senador Manuel José Ossandón (RN) al Presidente Kast, quien viajó a Paraguay para ser parte de la reunión del Mercosur, y quien tendrá una posterior escala en Uruguay, citas que tendrán al mandatario y a Ossandón fuera del país hasta el jueves.

De todos modos, Ossandón cuestionó la acusación —como no podrá votarla— y mencionó que “políticamente le hace mal al gobierno del Presidente Kast“.

Con esas dos bajas del oficialismo, que se podrían sumar a otros descuelgues de integrantes de la UDI y RN, se estima que el éxito de la acusación es considerablemente bajo, pese a que sean diputados libertarios y republicanos los que acudirán esta jornada al hemiciclo para convencer a los senadores de que Grau merece una pena política de cinco años sin ejercer en cargos públicos.