El mea culpa del FA por las acusaciones constitucionales que impulsó en el pasado y por qué ahora se allana a reformar el mecanismo

Pasadas las 16:30 horas de ayer, el senador frenteamplista Diego Ibáñez tomó la palabra en la Sala de la Cámara Alta para fundamentar su voto en contra de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, la que pocas horas después terminaría siendo rechazada de forma contundente ante el desmarque de representes oficialistas.

En su intervención, el expresidente de Convergencia Social sostuvo que el libelo carecía de sustento jurídico y que contradecía lo que habían señalado distintos órganos técnicos y expertos respecto de las supuestas infracciones constitucionales que alegaban los diputados del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario.

“Uno podría comentar aquí que Juan Sutil o Marisol Peña tienen una opinión en contra de esta acusación”, señaló Ibáñez. Sin embargo, el eje de su intervención fue político y apuntó a un fenómeno que, a su juicio, ha marcado los últimos años. “Quiero referirme a una dimensión más política: a extremar el fanatismo de las ideas”. Sobre ese concepto agregó: “Lo digo con toda la absoluta autocrítica que nos corresponde”.

La autocrítica de Ibáñez

Ese “fanatismo de las ideas”, según el senador, es “eso que alimenta la polarización, que alimenta la falta de diálogo y que impide parlamentar en base a la evidencia. Eso que Gabriela Mistral llamaba, como una droga, esa garra de acción directa, esa garra metálica, reivindicando la inteligencia del huemul en política”.

El mea culpa del senador apuntó a la responsabilidad que tuvo la izquierda, entre ella el Frente Amplio, en el uso intensivo de las acusaciones constitucionales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, período en el que se presentaron nueve libelos contra ministros y dos contra el propio mandatario.

En ese contexto, Ibáñez recordó que “aprender de lo que ha pasado en los últimos años, a muchos parlamentarios hoy nos llevó a presentar conjuntamente una reforma constitucional para aumentar los requisitos de la acusación constitucional. Ahí el diagnóstico es compartido con RN, con la UDI y con Evópoli. Firmamos un proyecto de reforma constitucional porque creo que no es sano abrir un proceso de polarización, una guerra de bandos, donde cada administración que sale termina con una acusación presentada por la que llega”.

El senador insistió en esa mirada: “Lo digo con toda la autocrítica que implica para todos los que fuimos diputados en los últimos cinco años“. Se trata de una posición pocas veces asumida desde ese bloque del progresismo.

A su vez, deslizó un mensaje hacia el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano: “Quiero hacer una invitación también a quienes hemos sido presidentes del partido del Presidente y, con mucho respeto, a atajar y a dialogar, a defender el oído delicado y a aprender con toda la autocrítica“.

El mea culpa, acompañado del respaldo a una reforma constitucional para elevar los requisitos de las acusaciones constitucionales, era una postura que ya venían impulsando algunos parlamentarios frenteamplistas. Esta jornada, sin embargo, la idea fue respaldada públicamente por la presidenta del partido, Constanza Martínez.

El respaldo de Martínez a reformar el mecanismo

La timonel del FA, en conversación con El Mostrador, sostuvo que el debate sobre el abuso de esta herramienta “ha sido transversal” y se arrastra desde hace varios años. En esa línea, afirmó que la acusación constitucional “se desnaturalizó” y que “necesitamos poder mejorarla”.

Sobre ese punto, Martínez explicó que desde el FA “apoyamos el proyecto de ley de Diego Schalper (RN), con firmas transversales, como las del senador Diego Ibáñez y la diputada Gael Yeomans, porque creemos que hay que buscar mecanismos para que esa herramienta no obstruya el trabajo del Congreso”.

Con todo, Martínez hizo una distinción entre las acusaciones constitucionales del pasado y la que ayer fue rechazada contra Nicolás Grau. “Son discusiones distintas y nosotros ya hemos hecho públicamente un análisis sobre lo que puede generar el mal uso de esta herramienta”.

Así, la presidenta del FA aseguró que “lo que vimos ayer fue una acusación basada en hechos falsos y en una no crisis política en la que está el país”. Esto, sostuvo, “a diferencia de otros momentos, donde uno puede decir con mayor o menor claridad que existía un conflicto abierto, ya sea por el estallido social o por situaciones como el lucro en la educación”.

Martínez concluyó que, a diferencia de episodios anteriores, la arremetida contra Grau se sustentó en “hechos falsos, descartados por organismos autónomos”.

Con todo, los dichos de Martínez contrastan con lo que había declarado la diputada Yeoman a La Tercera quien había amenazado con que, en caso de que la acusación constitucional avanzara al Senado, “vamos a juzgar al ministro Quiroz con los mismos argumentos que al exministro Grau, eso es lo que corresponde cuando uno tiene un mínimo de coherencia”.

Sin embargo, su firma al proyecto que impulsó al diputado Schalper confirmó el giro de la diputada en esta materia.