Columna de Juan Francisco Galli/ Quitarle los bienes al crimen: una agenda correcta si se hace bien

Detrás de una encerrona como la que terminó en tragedia en San Bernardo suele haber algo más complejo que el robo mismo. Hubo un individuo o una “organización” que encargó elvehículo de determinadas características, que pagó a un grupo de jóvenes para que llevaran a cabo el robo y luego toda una estructura para deshacerse del vehículo para su posterior venta, desarme, clonación o “exportación”. Si se desarmara el negocio, se desincentivaría el delito violento.

Esta semana, en el Foro Internacional sobre Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, el ministro de Justicia anunció que se encontraba en la Secretaría General de la Presidencia un proyecto que apunta justamente a abordar ese problema: “la liquidación de los activos provenientes del delito”. El ministro detalló que se crearía una agencia que administraría y liquidaría los bienes en corto tiempo y que el producto de dichas ventas iría a fortalecer a las policías y a un fondo para las víctimas.

Este anuncio constituye una muy buena noticia. Atacar las ganancias del crimen apunta al corazón del cambio que ha tenido la criminalidad en Chile. Si hay algo que caracteriza a la delincuencia organizada es que se parece más a una empresa ilícita que a un delito por ocasión. El antiguo dicho de que “la ocasión hace al ladrón” no aplica para la delincuencia organizada porque ella requiere preparación, organización y reparte beneficios económicos mucho más allá de quien ejecuta materialmente el delito. Los delitos violentos que parecen no ser organizados muchas veces tienen algún grado de organización detrás. 

La propuesta del ministro Rabat apunta justamente a eso, a hacer más eficaz la afectación patrimonial de los delincuentes. Los bienes en manos de una persona imputada por delitos graves pasan a ser administrados por el Estado y el producto de su venta a beneficiar a la sociedad y no al negocio ilícito. Esto no es nuevo. Fue una de las medidas aplicadas por Italia para combatir a las mafias que controlaban el comercio ilícito y el narcotráfico en el sur de ese país. Lo han intentado también Colombia, México, el Reino Unido y Estados Unidos, aunque algunos con partidas falsas. Incluso la Unión Europea emitió una directiva en 2024 para que los Estados miembros lo incorporaran a su legislación como parte de su estrategia contra el crimen organizado.

En Chile, esto constituye una positiva evolución de la Ley N°21.575, que en 2023 modificó la Ley de Drogas, iniciada en el gobierno del Presidente Piñera y concretada bajo el Presidente Boric, y que permitió la enajenación temprana de bienes incautados al narcotráfico.

Sin embargo, es necesario levantar algunas alertas. Pese a que la idea es buena y el objetivo es loable, la ejecución debe ser prolija para evitar que el resultado buscado se frustre. El caso británico es un ejemplo de mala implementación: la National Audit Office —el equivalente a nuestra Contraloría— criticó duramente a la entidad a cargo de perseguir los bienes criminales. Señaló que la agencia de recuperación de bienes se creó sin estudio de factibilidad previo, se le fijó la meta de autofinanciarse en tres años y terminó gastando 65 millones de libras para recuperar solo 23. Fue disuelta en 2008.

También en Chile, al legislar sobre este asunto surgieron inquietudes sobre el correcto resguardo de la presunción de inocencia y el debido proceso en la afectación de los bienes. Me parece que esas observaciones pueden ser superadas y hay argumentos sólidos para contrarrestarlas. Enajenar antes de una condena es defendible pero el Estado tiene que estar en condiciones de responder rápidamente cuando se equivoca. 

La sociedad civil debe jugar un rol relevante en la administración de los bienes, particularmente cuando pueden tener un fin de bien público. El caso italiano es paradigmático: la ley contra la mafia de 1996 nació de un millón de firmas recogidas por la asociación ciudadana Libera, y hoy más de mil organizaciones civiles gestionan bienes confiscados en cerca de cuatrocientas comunas. Es central que los recursos que deriven de este nuevo mecanismo se usen en respuestas efectivas y visibles para la ciudadanía, y no resulten en gastos superfluos o innecesarios. Y aquí conviene ser cauto, porque el destino de los bienes no siempre cumple el objetivo deseado. Destinar lo recaudado a las policías tiene lógica: la investigación patrimonial es cara, lenta y poco atractiva, y sin incentivo no se hace. Pero ese mismo incentivo puede generar distorsiones. 

Por último, es necesario construir sobre las bases ya establecidas. La ley de 2023 amplió elrol de la Dirección de Crédito Prendario en la administración y enajenación de los bienes incautados. En mayo de 2026, el Gobierno anunció la constitución de una mesa de trabajo entre los ministerios de Seguridad y del Trabajo para justamente abordar esta materia. El diagnóstico ya es conocido: las especies incautadas terminan siendo un problema para el Estado, por almacenamiento y por pérdida de valor, además de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos.

Atacar el patrimonio del crimen es la línea correcta para enfrentar a la delincuencia más compleja. Pero conviene calibrar la promesa desde ahora para que no sea una agencia que cuesta más de lo que recupera, y terminemos de igual manera con “corrales” llenos de autos oxidándose.