El 2 de abril de 2024, el primer llamado entró al call center de BancoEstado sin llamar la atención de los ejecutivos de atención telefónica. Una clienta decía no reconocer un giro que se había realizado con su tarjeta de débito. 

Al día siguiente entraron nueve llamados más al call center. Ninguno de los analistas que los recibió tenía forma de saber que estaban presenciando el inicio de un fenómeno que, en cuestión de semanas, se convertiría en una de las causas penales con más querellados de la historia reciente del sistema bancario chileno.

Durante tres semanas, los reclamos se acumularon de a poco: ya había mil casos hacia el 21 de abril. Un número alto, pero manejable para un banco del tamaño de BancoEstado.

Entonces llegó el 25 de abril. Ese día, el BancoEstado recibió 1.155 reclamos. Al día siguiente entraron 1.036 más. En 48 horas, 2.191 personas –casi una por minuto– llamaron para decir exactamente lo mismo: no reconocían un retiro hecho con su propia tarjeta, con su propia clave, en un cajero automático o una caja vecina. 

Para fin de mes, la cifra semanal había trepado a 3.288 casos. Casi la mitad de todo lo que hoy investiga la Fiscalía ocurrió en apenas siete días.

El tutorial que llevaba el logo del BancoEstado

También en abril de 2024, mientras BancoEstado comenzaba a detectar una seguidilla de reclamos idénticos, en TikTok empezaron a circular videos que prometían enseñar cómo aprovechar el mecanismo. Sobre el logo del banco aparecía un mensaje simple: “Háblenme los que quieran saber cómo llenar el formulario”. Debajo, los hashtags #viralvideo y #paratodoelmundo.

La cuenta que lo difundió se hacía llamar, sin ninguna relación con la institución, “banco estado”. No era un perfil oficial ni estaba verificado. Sin embargo, el video comenzó a circular con rapidez. En pocos días acumuló más de un centenar de comentarios y terminó funcionando como una especie de foro abierto donde desconocidos intercambiaban dudas, instrucciones y advertencias para no ser detectados por las autoridades.

Meses después, BancoEstado incorporaría capturas de esa publicación como parte de la segunda ampliación de su querella por los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de abril de 2024.

El hilo comenzaba con preguntas elementales. “¿Cómo??”, escribió una usuaria identificada como Isma. “Ayúdeme porfavor, necesito la plata”, respondió Alejandra. Felipe dejó apenas una palabra —”yo”—, como quien levanta la mano para sumarse. Otro usuario, “moreno”, preguntó si el método funcionaba “para todos” o si tenía algún requisito.

Con el paso de los comentarios, el tono cambiaba. Ya no eran solo consultas. Había personas que hablaban como si ya hubieran probado el mecanismo y empezaban a compartir recomendaciones entre ellos.

“Los que la hacen la 2da no la hagan, se van directo a PDI con la primera”, escribió una usuaria llamada Morín. Otro, identificado como Juanín, agregaba un dato todavía más específico: “Ahora están pagando con vale vista, te mandan a juzgado primero, si no vas no liberan la plata”.

BancoEstado efectivamente comenzó a reemplazar los pagos por vale vista y, en octubre de ese año, solicitó al tribunal retener 7.033 documentos antes de que el dinero llegara a los reclamantes.

Mientras esas conversaciones se multiplicaban en TikTok, el fenómeno seguía creciendo fuera de la pantalla. Entre el 15 y el 20 de abril, BancoEstado detectó otros 566 clientes replicando exactamente el mismo patrón observado en los primeros casos: recibían un depósito, retiraban el dinero y luego denunciaban una transferencia no reconocida.

De los 7.000 querellados, esta reconstrucción periodística tuvo acceso a la identidad completa de cada uno de ellos: nombre, monto reclamado y número de vale vista, a través del consolidado que el propio BancoEstado adjuntó como anexo al expediente judicial para fundamentar la retención de fondos.

Entre las ampliaciones de la querella, hay un caso que ilustra mejor que ningún otro la delgada línea entre la torpeza y la premeditación. A comienzos de 2026, una clienta creó su clave BEPASS desde la aplicación del banco, a las 17:25 horas. Solo minutos después se registró el primer giro en un cajero automático con esa misma clave recién creada. El dinero terminó en una cuenta de su propia titularidad.

No hizo falta un cómplice, ni un hacker, solo una clave nueva. 

La ocasión hizo al ladrón.

El truco no estaba en el sistema, estaba en la ley

BancoEstado no tardó en notar el patrón. En su querella, presentada el 9 de abril de 2024 ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el banco fue categórico: sus tarjetas usan tecnología chip EMV y Contactless, que hacen imposible la clonación y requieren, para cualquier operación, la presencia física de la tarjeta y la clave secreta del titular.

Si el sistema decía que la transacción estaba autorizada, entonces solo podía significar una cosa: la había autorizado el dueño de la cuenta.

El mecanismo, una vez destapado, resultó devastadoramente simple. No hacía falta ser programador, ni hacker, ni tener contactos en el crimen organizado. Bastaba con seguir cuatro pasos:

Primero, recibir un abono en efectivo –por transferencia, depósito en sucursal, cajero o Caja Vecina– por un monto que nunca superara las 35 UF, unos $1.301.980. Segundo, retirar el dinero de inmediato, muchas veces el mismo día. Tercero, llamar al banco y desconocer la operación. Cuarto, esperar. La Ley N° 20.009 –la misma que existe para proteger a las víctimas reales de clonación de tarjetas– obligaba al banco a devolver el dinero en menos de doce días hábiles, sin exigir mayor prueba. En este expediente, el promedio de espera fue de apenas 6,3 días.

No había que romper nada. Solo conocer el plazo, y conocer el tope.

En la primera revisión que hizo el banco, sobre los primeros 61 clientes que habrían hecho una autoestafa, se les pidió a todos que explicaran de dónde había salido el dinero que habían recibido antes del retiro. Solo 22 respondieron.

Un documento judicial al que accedió esta redacción –el consolidado de los 7.033 vales vista que el tribunal ordenó retener en octubre de 2024, antes de que el dinero llegara a manos de los reclamantes– permite reconstruir, caso por caso, la dimensión del fenómeno. Ahí aparecen los nombres, las fechas y los montos que BancoEstado decidió congelar mientras avanzaba la investigación. En total, la justicia retuvo $6.386.845.316.

Pero el listado dice bastante más que eso. Permite observar cuánto dinero estaba dispuesto a reclamar cada persona y, en conjunto, dibuja el comportamiento de miles de chilenos comunes que optaron por intentar quedarse con recursos que el banco sostiene que nunca les pertenecieron. El monto promedio asciende a $908.125 por reclamante.

Hay un dato que llama especialmente la atención. Casi la mitad de los 7.033 montos retenidos –el 46,9%– corresponde a cifras perfectamente redondas: $800.000, $1.000.000 o $1.200.000. En un fraude bancario convencional eso resulta inusual. Las transferencias reales suelen responder al precio de un producto, incluyen comisiones, descuentos o saldos, y rara vez terminan en una fila de ceros. 

Por otra parte, solo el 2,1% de los casos se acercó al tope máximo legal, como si supieran que no convenía llenar tanto el saco: demasiado cerca del límite, y el saco se rompe.

Para BancoEstado, esa uniformidad –miles de personas ejecutando la misma secuencia, con los mismos montos, en la misma ventana de días– no era coincidencia.

Por eso, desde el primer escrito, la querella no solo invoca el delito de uso fraudulento de tarjetas: también invoca asociación ilícita, el mismo tipo penal reservado para bandas criminales, alegando “concertación de voluntades, planificación, finalidades criminales, jerarquías, funciones diferenciadas de liderazgo y testaferros”. 

La respuesta que llegó dos años tarde

El 4 de junio de 2026, el presidente de BancoEstado, Mario Farren, se reunió con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para crear una Mesa Intersectorial contra el Fraude Transaccional. En el comunicado conjunto, Farren dijo que la colaboración entregaría “nuevas herramientas para la desarticulación de estas redes criminales”. Valencia habló de “seguir la ruta del dinero” junto al sector privado.

Fue, en cierto modo, una respuesta institucional a un fenómeno que ya llevaba más de dos años de vida propia.

Para entonces, la Ley N° 21.673 –que en mayo de 2024 le dio a los bancos la facultad de suspender restituciones ante suspicacias de dolo– ya había empezado a cerrar el hueco que en abril de ese año miles de personas encontraron abierto.

El cambio fortaleció la posición de los bancos frente a este tipo de maniobras, pero también abrió un nuevo dilema. Si antes la restitución era prácticamente automática, ahora quienes sí fueron víctimas de un fraude pueden enfrentar un proceso más largo y exigente para recuperar su dinero.

Según pudo confirmar esta redacción con fuentes con conocimiento directo del proceso legislativo, el fenómeno documentado en TikTok llegó a oídos del propio Ministerio de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric mientras se tramitaba la Ley N° 21.673. Las fuentes aseguran que el entonces ministro Mario Marcel tomó conocimiento directo del contenido viral, y que ese antecedente contribuyó al proceso de la discusión legislativa.

En tanto el expediente seguía creciendo: nuevas ampliaciones en 2025, nuevos casos en 2026. En una de ellas, entre el 28 de octubre y el 15 de diciembre de 2025, el banco detectó 18 reclamos vinculados a 119 giros en cajeros automáticos, casi todos concentrados en un radio de apenas 2 kilómetros. Las cámaras de seguridad registraron que todas esas operaciones, en distintos cajeros y distintos días, fueron hechas por la misma persona, cubierta con gorro, jockey y mascarilla.

The Clinic solicitó información a la Fiscalía Centro Norte –a cargo de la investigación que se tramita en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago–. Sin embargo optaron por no participar de este reportaje argumentando que se trata de un proceso en investigación.