Campillai bajo presión por el contrato de su yerno en el Senado: trabajó dos meses como chofer y recibió más de $2,5 millones

Una causa vigente por amenazas de muerte y lesiones volvió a poner el foco sobre la senadora Fabiola Campillai. Esto, luego de que se conociera que su yerno, Gerard Cortés Guerrero, quien registra esos antecedentes judiciales, se desempeñó como su chofer durante los últimos dos meses.

Tras el reportaje de Tele13 que reveló el prontuario de Cortés, la parlamentaria aseguró que su yerno solo fue “un reemplazo” y afirmó que al momento de contratarlo no tuvo conocimiento, ni se advirtió en el certificado, algún antecedente penal previo. “De haberlo sabido, esta contratación nunca se habría ejecutado”, afirmó.

De acuerdo con la información disponible en el portal de Transparencia del Senado, Cortés trabajó para la senadora durante mayo y junio. En abril recibió una remuneración de $1.000.000, mientras que en mayo esta ascendió a $1.589.971.

Cortés ya no forma parte del equipo de la parlamentaria. Según señalan cercanos a la Senadora su periodo laboral comprendió desde el 1 de abril al 21 de mayo de de este año.

Igualmente, la presión sobre la senadora aumentó más una vez que el mismo reportaje diera cuenta, además, de que mantiene una causa vigente por amenazas de muerte contra una hija de la senadora Campillai y de que tiene vínculos familiares con uno de los investigados por el asesinato de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo.

Cómo funcionan las asignaciones parlamentarias

La remuneración que recibió Cortés durante esos dos meses provino de las asignaciones parlamentarias con las que cuentan los senadores para financiar el ejercicio de su labor legislativa.

Estos recursos son definidos por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, órgano integrado por un exconsejero del Banco Central; un exdecano de una facultad de Administración, Economía o Derecho; un exsenador; un exdiputado; y un exministro de Hacienda o Economía, o un exdirector de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Todos son elegidos por el Congreso Nacional con el voto favorable de tres quintos de los parlamentarios en ejercicio.

La función del Consejo es fijar los montos y las reglas de uso de las asignaciones parlamentarias, recursos que son independientes de la dieta que perciben los legisladores.

Las asignaciones se dividen en tres categorías: asesorías externas, personal de apoyo y gastos operacionales.

La primera corresponde a la contratación de personas naturales o jurídicas para la elaboración de estudios, informes u otros servicios especializados vinculados con la función legislativa. En este ítem existe un tope mensual de $4.448.223.

La segunda categoría corresponde al personal de apoyo, es decir, quienes colaboran directamente con el trabajo parlamentario, como asesores, abogados, periodistas, secretarias o choferes, como ocurrió en el caso de la senadora Campillai. Para este ítem, el límite mensual es de $11.406.149, monto que se distribuye entre todos los trabajadores contratados bajo esa asignación.

En cuanto a los gastos operacionales, el Senado señala que estos “corresponden a montos diferenciados por región y circunscripción”. En la práctica, varían según la zona que representa cada senador y consideran gastos asociados al funcionamiento de oficinas parlamentarias, arriendos, servicios básicos, telefonía, traslados y otros costos propios del ejercicio del cargo.

En cualquier caso, todos los gastos efectuados con cargo a las asignaciones parlamentarias deben estar debidamente respaldados, rendidos y publicados en el portal de Transparencia del Senado, donde también se encuentran disponibles las remuneraciones pagadas a los equipos de apoyo de cada parlamentario.

Las críticas a Campillai

El hecho elevó críticas desde el Parlamento a la senadora Campillai. Ahí, por ejemplo, el diputado Pier Karlezi (Partido Nacional Libertario) señaló: “Cuando la senadora Campillai infringe la ley y los reglamentos, parece que nadie la puede tomar como culpable. Ella dice que no se dio cuenta, pero si ella no conoce el prontuario de su propia familia y habla de él como si fuera un total desconodida, me hace pensar que ella siempre hace lo que le conviene y nunca lo que le hace bien a Chile. No me sorprende nada su actitud permanente contra la institucionalidad”.

Por su parte, el diputado republicano José Carlos Meza dijo que este tipo de casos “terminan afectando profundamente la confianza de la ciudadanía con con el mundo político, con el Congreso en particular, porque no sólo se trata de una persona que cuenta con antecedentes penales y que está siendo actualmente investigado por un delito, sino que también de alguien que estaría relacionado familiarmente con la senadora”.

“No se entiende que en el Senado esta persona haya podido pasar los filtros que en la Cámara de Diputados son sumamente estrictos a la hora de pedir certificados de antecedentes. merece una explicación desde la vereda de la secretaría del Senado”, sumó su par republicano Felipe Ross.