Suprema confirma indemnización de $50 millones a Comunidad Plaza Los Nogales por defectos en espacios comunes de viviendas sociales

La Corte Suprema rechazó este martes los recursos de casación que presentó la Inmobiliaria Nataniel y la Empresa Constructora Ormuz, y mantuvo la condena que los obliga a pagar $50 millones de indemnización a la Comunidad Conjunto Residencial Plaza Los Nogales, por fallas de construcción en viviendas sociales.

Originalmente, ante una demanda de indemnización de perjuicios presentada en el 2° Juzgado de Letras de San Bernardo, el tribunal concluyó que las empresas incumplieron su obligación de entregar el inmueble sin fallas y en condiciones adecuadas para ser utilizado por los compradores.

Los daños a las viviendas

La justicia pudo acreditar que el conjunto habitacional tenía pendientes mal construidas que impedían evacuar correctamente el agua, desniveles en los peldaños y escaleras más angostas de lo permitido. Además, los pasillos de los pisos superiores no tenían una techumbre adecuada, por lo que el agua de lluvia debía escurrir por las zonas utilizadas por los residentes para caminar.

Se estableció también que algunas reparaciones realizadas para solucionar estos problemas eran de mala calidad y no se hicieron correctamente.

Por lo tanto, se interpuso una demanda contra las empresas, quienes en su defensa sostuvieron que los problemas eran simples fallas de terminación o acabado, sosteniendo además que el daño fue fijado sin pruebas suficientes y que la sentencia no explicaba adecuadamente cómo se llegó al monto de $50 millones.

Sin embargo, los tribunales descartaron los argumentos, concluyendo que las deficiencias afectaban elementos constructivos e instalaciones del edificio y no simples terminaciones.

Posteriormente, ambas empresas presentaron un recurso de casación, un recurso que busca anular o invalidar una sentencia judicial. No obstante, la Suprema concluyó que los recursos no tenían fundamentos suficientes, porque las empresas pretendían cambiar los hechos que ya habían sido establecidos por los tribunales anteriores y cuestionaban la forma en que se valoraron las pruebas, sin demostrar que se hubiera infringido alguna regla legal sobre prueba.

Por lo tanto, se mantiene la sentencia de pagar entre ambas el monto de $50 millones por los daños derivados de fallas de construcción.