El plazo que fijó la izquierda para recurrir al TC por la megarreforma y cuáles son las materias a impugnar

En la madrugada del jueves fue cuando el Senado cumplió su parte en la tramitación del proyecto de ley de Reconstrucción de la administración de José Antonio Kast. Así, derivó la iniciativa a la Cámara de Diputados, sala en la que el martes se someterán a votación las modificaciones implementadas en el segundo trámite constitucional.

Independientemente del contenido final que pueda surgir de una eventual comisión mixta —si un artículo determinado no alcanza el apoyo suficiente en el hemiciclo—, desde la izquierda ya tomaron una posición hace una semana: acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la megarreforma.

Un grupo de abogados —entre los que están el diputado Jaime Bassa (FA), el exministro Jaime Gajardo (PC), los excomisionados expertos Leslie Sánchez (PPD) y Gabriel Osorio (PS), y hasta el martes el constitucionalista Tomás Jordán (DC)— se ha encargado de coordinar la ofensiva, que apunta a dos puntos principales hasta ahora.

Uno de ellos es la invariabilidad tributaria, que tiene como objetivo la fijación de impuestos para una empresa durante un determinado período de tiempo. El Senado despachó una fórmula proveniente desde un grupo de parlamentarios PPD —rechazada por ellos mismos— acordada con el Gobierno, que considera requisitos de inversión para obtener el beneficio por el máximo período de tiempo: 20 años.

Los senadores del partido que dirige Raúl Soto la rechazaron luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tratara de bajar la propuesta de impuesto corporativo desde un 23% a un 22%.

La otra materia que está en la mira de los abogados opositores tienen relación con la indemnización que deben recibir las empresas por parte del Estado, cuando ocurra el caso en que acudan a la justicia para objetar una resolución de calificación ambiental (RCA) y resulten vencedoras en el juicio.

Como estrategia, los abogados evalúan presentar dos requerimientos, uno por cámara de origen. O sea, que haya un escrito a nombre de los diputados de la Cámara Baja y otro en representación del grupo de senadores de oposición.

De esa forma, replicarían la ofensiva que hubo en el pasado contra el proyecto de Escuelas Protegidas, que resultó favorable para el sector al conseguir impugnar artículos de la propuesta educacional, entre ellas la restricción al acceso a la gratuidad universitaria para quienes se vieran envueltos en conflictos escolares.

Aunque durante la semana se trabajaba en la redacción de las impugnaciones, los parlamentarios ya señalaron, tras la votación en el Senado, que la ofensiva se materializará este lunes. Sin embargo, por ahora no se sabe quiénes serán los abogados patrocinantes de la arremetida ante el TC. En la solicitud anterior ese papel lo tuvieron Bárbara Sepúlveda (PC), exconvencional constituyente, y Pablo Sandoval, exjefe de la división jurídica del Mineduc.

Composición del TC

En todo caso, pese al optimismo en la arremetida que muestran los integrantes del Congreso, en otros sectores de la oposición son tímidos respecto al resultado que pueda tener el requerimiento.

Personas que han estado vinculadas a la elaboración del escrito señalan que este no ha logrado convencer del todo a sus propios abogados. Incluso, apelan a que el hecho que se haya designado a un abogado coordinador —como Jordán— y que este dejara sus labores, es un síntoma que no se podía pasar por alto.

Por otro lado, el cambio de la presidencia del TC también es un factor a considerar. Hasta hace unos días quien lideraba el órgano era la ministra Daniela Marzi, designada durante la administración de Gabriel Boric.

Actualmente, en tanto, el tribunal es dirigido por María Pía Silva, exmilitante de la Democracia Cristiana (DC), aunque vinculada a un sector conservador de la falange. Su nombre provino desde la Corte Suprema y es parte del grupo desde el año 2018.

En ese sentido, algunos calculan que en el tribunal a penas contarían con tres votos si es que se consideran por términos de afinidad: el de Marzi, Nancy Yáñez y el de Catalina Lagos.

Yáñez también fue una nominación que provino del expresidente frenteamplista —la ministra era cercana a Matías Meza-Lopehandía, exjefe de gabinete de Boric—, mientras que Lagos fue nominada por el Senado. Antes de ser integrante del TC fue comisionada experta en el segundo proceso constitucional en representación del Partido Socialista (PS).

En La Moneda, por otro lado, se muestran optimistas frente a la ofensiva y dicen confiar en los equipos técnicos que redactaron las propuestas que se incluyen en la megarreforma. De momento aún no se ficha a un abogado para que asuma la representación del Ejecutivo ante el TC. Antes los representó el exministro Segpres Juan Luis Ossa.