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El frente de mal tiempo, que ha afectado a regiones donde vive cerca del 80% de la población chilena, nos muestra con inquietante claridad, cuán expuesto estamos a un clima más extremo y cuánto nos falta para enfrentar adecuadamente sus consecuencias.
La emergencia climática desde Atacama hasta Los Ríos, la lamentable pérdida de vidas, la suspensión de clases, el cierre de caminos y las inundaciones en ciudades y pueblos y los deslizamientos y socavones de tierra confirman que la lluvia dejó de ser siempre una buena noticia después de años de sequía. El nuevo escenario climático es más complejo. Alterna extensos periodos secos con precipitaciones concentradas, fuertes vientos, incendios y olas de calor.
Cuando grandes volúmenes de agua caen en poco tiempo sobre ciudades impermeabilizadas, quebradas ocupadas y terrenos dañados por incendios, el resultado es devastador. Senapred ha trabajado intensamente en en los puntos de alto riesgo en las regiones de Atacama, Coquimbo, Metropolitana, Araucanía, Biobío, Valparaíso y O’Higgins. Esa magnitud revela que el peligro surge tanto de la intensidad de la naturaleza como de la vulnerabilidad de los territorios y la falta de adaptación de las ciudades a eventos climáticos severos.
Conviene ser precisos. Un temporal es un fenómeno meteorológico. El cambio climático se identifica mediante tendencias observadas durante décadas. La relación aparece cuando estos episodios ocurren en un planeta más caliente, con una atmósfera capaz de retener más humedad y descargar lluvias intensas en periodos breves.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático ha proyectado un aumento de las precipitaciones extremas y de las inundaciones pluviales en América Central y del Sur. Al mismo tiempo, anticipa sequías agrícolas y ecológicas más severas. Esa combinación parece contradictoria, pero define el nuevo escenario. Chile puede recibir menos agua durante el año y enfrentar lluvias más concentradas y destructivas.
Podemos pasar de embalses vacíos a calles inundadas sin resolver la escasez hídrica. La lluvia intensa escurre rápidamente hacia el mar, arrastra sedimentos y sobrepasa sistemas urbanos diseñados para un régimen climático diferente. El problema ya no consiste solamente en cuánta agua cae, sino en dónde, cómo y durante cuánto tiempo.
El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia concluyó que cerca de una cuarta parte del déficit de precipitaciones registrado durante la megasequía de Chile central puede atribuirse al cambio climático provocado por la actividad humana. Esa sequía, iniciada en 2010, presentó déficits de entre 20% y 40% y carece de equivalentes durante el último milenio, según las reconstrucciones climáticas analizadas por el CR2.
Las proyecciones aumentan la preocupación. Un estudio basado en modelos climáticos estima que, bajo un escenario de altas emisiones, las precipitaciones medias anuales podrían disminuir aun más en Chile central hacia fines de siglo. La Agencia Internacional de Energía advierte que Valparaíso, O’Higgins y la Región Metropolitana podrían experimentar reducciones superiores al 14% incluso bajo un escenario de calentamiento más contenido. El impacto alcanzaría el consumo humano, la agricultura, los ecosistemas y la generación hidroeléctrica.
Esta crisis también es social. Una lluvia intensa golpea de manera distinta a una familia instalada junto a una quebrada, a una comunidad que depende de un camino rural y a quienes cuentan con viviendas seguras y recursos para enfrentar la emergencia. El calentamiento global profundiza desigualdades construidas por malas decisiones urbanas, falta de planificación y abandono territorial.
Chile necesita avanzar desde la reacción hacia la adaptación. Eso exige proteger humedales y quebradas, evitar construcciones en zonas de riesgo, modernizar los colectores de aguas lluvias, recuperar bosques nativos y fortalecer la infraestructura hídrica. También requiere incorporar el riesgo climático en cada inversión pública y privada.
El frente de mal tiempo pasará. La transformación del clima seguirá avanzando. Prepararnos dejó de ser una agenda ambientalista separada de las urgencias ciudadanas. Adaptar las ciudades al cambio climático es una obligación básica del Estado y también una responsabilidad de las personas para proteger vidas, empleos, viviendas y ciudades.
