Columna de Juan Francisco Galli: La economía del estallido social

El 13 de noviembre de 2019 se cumplía una semana desde que asumí como subsecretario General de la Presidencia y mi principal tarea era sacar adelante el presupuesto nacional del año siguiente. Lo que yo no sabía era que, al mismo tiempo, Mario Marcel convocaba a una reunión secreta del Consejo del Banco Central ante el temor de una crisis financiera. La Economía del Estallido Social se titula uno de los capítulos de su libro “La montaña rusa”, y describe los efectos que tuvo para la economía la violencia desatada ese 18 de octubre de 2019. “Las cuentas nacionales del cuarto trimestre de 2019 fueron elocuentes respecto de la magnitud del impacto del estallido social” nos dice (p.80). El PIB cayó 2,7% y el año cerró con un magro crecimiento de 0,6 por ciento, muy lejos de las proyecciones del Central que auguraban entre un 2,25% y 2,75% para ese año (p.81).

Pero más allá de sus efectos, Marcel también indaga sobre sus causas económicas. Expone las dos tesis que se han elaborado. La primera, un frenazo en la economía cuyo origen algunos sitúan en las reformas de la presidenta Bachelet en 2014. Marcel se inclina más por asignarle la responsabilidad esencial al fin del super ciclo de los commodities en 2012. Muestra también que el consumo de los hogares se había mantenido alto pese al freno económico, principalmente basado en consumir ahorros (que cayeron de 13% a 10% del PIB) y endeudamiento. Se suma la preocupación que manifestaban las encuestas de percepción por el aumento del “costo de la vida”, pero ello no era tanto por la inflación como por la insuficiencia de los sueldos para cubrir los gastos del día a día y sustentar las deudas, siendo el CAE un factor importante para las familias. Finalmente, les asigna importancia a las tendencias uniformadoras propias del mercado, la frustración de las expectativas de diferenciación y el aislamiento de las élites. Sobriamente, reconoce que las razones económicas no son las únicas y en ningún caso explican la intensidad y violencia de lo ocurrido, pero fueron parte del contexto en que el estallido ocurrió.

Todo lo anterior debe mantenernos alerta. Es muy difícil que los chilenos acepten hoy esa reacción violenta que representó el estallido social. Más aún si las consecuencias de estefueron dos procesos constituyentes fracasados que no generaron cambio alguno en las condiciones de vida de los chilenos. Si antes las razones del malestar estuvieron en un progreso que se frenó, ahora parecen surgir de una promesa de reactivación que no está llegando. Hoy, los costos de la vida han subido como consecuencia de una porfiada inflación, parcialmente empujada por las crisis internacionales y el precio del petróleo. Los niveles de endeudamiento no han bajado y el alivio transitorio de los retiros aparece como un recuerdo lejano pero cuya cuenta aún nos pesa. A eso se suma un persistente desempleoque lleva cuatro meses sobre 9%, el peor registro en cinco años, y más de tres años sobre 8%. Todo ello, como ha destacado Roberto Méndez, ha generado un creciente pesimismo. 

La encuesta Cadem al preguntar por la evaluación de la situación económica actual de los encuestados y sus familias muestra que, desde marzo de 2026, sobre el 55% considera su situación mala o muy mala. Un 58% dice mirar el futuro del país con pesimismo, el registro más alto desde que la serie comenzó en 2015. Y la comparación histórica es demoledora: ante la consulta sobre si la situación económica empeorará, el porcentaje fue de 10% en julio de 2018 y 20% en agosto de 2019, mientras hoy alcanza 43%. Es decir: dos meses antes del 18 de octubre, los chilenos estaban considerablemente menos pesimistas que hoy.

Marcel nos dice que Chile pasó tres shocks: el estallido social, la pandemia de COVID 19 y el shock populista. Por tanto, el fantasma de los retiros y las medidas populistas se asoman en el horizonte. El gobierno ha concentrado su agenda económica en sacar adelante la megarreforma, que se aprobó con la esperanza que en el largo plazo genere mayor dinamismo económico y consecuentemente mayores oportunidades para los chilenos. El problema está en el tiempo intermedio. La contracción del empleo dejó 981.315 personas desocupadas. ¿Qué pasa con ese casi millón de hombres y mujeres que hoy se enfrentan a la desesperanza de no tener empleo y solo ven oscuridad hacia el futuro?

Las noticias de esta semana no son auspiciosas. El Banco Central recortó su proyección de crecimiento para 2026 desde 1,0%-1,75% a 0,25%-0,75%, con la formación bruta de capital fijo cerrando el año en -0,3% y una constatación de debilitamiento de la demanda interna, el consumo, el empleo y las expectativas.

Hoy más que nunca se necesitan medidas que lleguen al bolsillo de los chilenos desesperanzados. Reactivar las obras públicas e introducir un plan de emergencia enempleo podrían ayudar a pasar este doloroso 2026. Aunque cuidando el equilibrio fiscal, porque sabemos que hace poco los retiros destruyeron ahorros para la vejez para financiar consumo. En cambio, una especie de “Plan Marshall” de obras y empleo debe ser diseñado como un gasto acotado, con horizonte definido o “de emergencia” como a lo que convocaba el ex ministro Ignacio Briones esta semana. Y junto a las medidas económicas también es esencial que los ministerios sectoriales más cercanos a la ciudadanía se activen. Bien por la agenda MK4 que permite un mercado de capitales más dinámico, pero ello debe venir acompañado de una agenda social potente que acompañe a aquellos que ven ese mercado como lejano y elitista mientras se le encarecen los productos en la feria y aumentan las restricciones de consumo en la casa. La economía requiere de una conexión estrecha con lo que están sintiendo los ciudadanos que aún recuerdan nostálgicos las positivas perspectivas que les daban los años noventa y requieren de un colchón que les permita aguantar el tránsito hacia tiempos mejores (que esperemos vengan).