
Política
6 de Agosto de 2026Orrego antes del Día D: el camino del gobernador metropolitano para sacudirse de ProCultura ad portas del fallo del Tricel
El revés que sufrió la aseguradora Aspor en la Corte Suprema por el programa Quédate de ProCultura le dio un nuevo aire al gobernador metropolitano, Claudio Orrego. Ahora, la atención está puesta en el Tricel, que este viernes pondrá en tabla el requerimiento presentado por consejeros republicanos y de la UDI para destituirlo del cargo, la última ofensiva que sigue vigente en su contra.
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Un triunfo que no fue tan bullado fue el que obtuvo el martes el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuando recibió la notificación de la Corte Suprema que desestimó el recurso de protección que la empresa Aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) presentó en contra de la autoridad local.
La empresa aseguradora fue a la que acudió el Gobierno de Santiago en 2022 para resguardar el 100% de los fondos del programa de prevención al suicidio Quédate, realizado por la autoridad regional en conjunto con la extinta y cuestionada fundación ProCultura, asociada a Alberto Larraín, hoy investigado por presunto fraude al fisco.
Lo que hizo el Gobierno de Santiago fue asegurar los $1.600 millones que costaba el programa. No obstante, al iniciarse la investigación derivada por el caso Convenios, ProCultura pasó a ser objeto de diligencias judiciales que posteriormente derivaron en el cese de sus funciones, ante el daño sufrido a su imagen, según argumentó Larraín al notificar el cierre.
Asimismo, la organización dejó de pagar por los servicios de fundaciones expertas en prevención del suicidio que trabajaban en el programa.
Por lo anterior fue que Quédate sólo alcanzó a ejecutarse en un 40%, por lo que el gobierno regional dirigido por Orrego acudió a Aspor para cobrar el seguro por los fondos comprometidos.
No obstante, desde la empresa se resistieron a hacer la devolución, por lo que acudieron a distintas instancias judiciales para frenar la ejecución del pago. La disputa llegó hasta la Corte Suprema, la que finalmente desestimó la jugada de la aseguradora y ordenó el pago de lo comprometido a la gobernación regional, más una multa impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Nuevo aire para Orrego
La notificación del máximo tribunal ocurrió a tres días de un día decisivo para Orrego.
Este viernes 7 de agosto el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), compuesto por cinco integrantes, tendrá en tabla el requerimiento que consejeros republicanos del Partido Republicano y de la UDI iniciaron en contra de Orrego hace más de un año por un presumible abandono de deberes y faltas graves a la probidad, con el fin de destituirlo en el cargo a raíz de dictamen de la Contraloría en el que se denunció un posible mal uso de recursos públicos.
Los consejeros se remitieron a una denuncia que hizo el órgano dirigido por Dorothy Pérez en el que se afirmó que Orrego utilizó fondos de la gobernación regional para financiar su campaña a la relección. En particular, el ente contralor objetó unas aparentes sesiones de coaching que habrían servido para ese fin en 2024.
Al interior del grupo que acudió al Tricel, en todo caso, se reconoce que llegaron a este para destituir a Orrego por las revelaciones que ocurrían por entonces respecto al caso ProCultura, en el que el gobernador era asociado como íntimo de Larraín y formaba parte de las investigaciones de la causa.
Sin embargo, Orrego fue sobreseído definitivamente del caso este año, lo que lo dejó desvinculado por completo del asunto y reposicionó su liderazgo político nuevamente.
Así, actualmente está a la espera de la resolución que adopte el Tricel respecto a la ofensiva opositora. En ella participaron los abogados Máximo Pavez (UDI), Emiliano García (Partido Republicano) y Pablo Toloza (UDI). Los dos primeros dejaron la representación, pues Pavez es subsecretario del Interior y García funcionario de la Segpres, por lo que Toloza quedó solo en la ofensiva hasta abril pasado, cuando se sumó Álvaro Ferrer, nombre que llevaron los republicanos para continuar con la arremetida y los alegatos de la causa.
Orrego, en tanto, ha estado siendo defendido por Ciro Colombara, el mismo abogado que vio las causas en el Tricel en contra de Marco Enríquez-Ominami. La gestión de Colombara en 2021 le permitió a ME-O ser candidato ese año, al recuperar sus derechos políticos custodiados por el caso SQM.
De todos modos, al interior del consejo regional afirman que la relación entre el gobernador con los integrantes del grupo ha mejorado considerablemente en los últimos meses, tras el despeje de la situación en ProCultura. De hecho, estiman que el despeje de ese caso podría influenciar en la definición que adopte el Tricel.
En tanto, en el entorno de Orrego, respecto del fallo que podría resolver el tribunal, guardan cautela y están a la espera de que la definición sea favorable, aunque no se adelantan con definiciones.
De ser el caso, culminará un período para el exdemócratacristiano que quedó marcado por su resguardo mediático y político, aun cuando su nombre llegó a ser presidenciable cuando se buscaba un liderazgo de centroizquierda a inicios de 2025.