Columna de Luis Cordero, exministro de Seguridad: El riesgo de comenzar de nuevo

En campaña, la seguridad se gana con anuncios. En el gobierno, se gana con resultados. El Presidente ha presentado su agenda de seguridad con el mismo énfasis de siempre, pero su evaluación ya no depende de cómo interpela al poder, sino de cómo administra el que tiene. Por eso la pregunta que definirá a esta administración no es qué más va a legislar, sino si será capaz de hacer funcionar lo que ya está aprobado.

El Gobierno recibió una política de seguridad y un conjunto de leyes que se encuentran en implementación simultánea. Una agenda que no sólo reformó las reglas punitivas, sino que cambió estructuralmente el Estado para lograr sus objetivos. Ahí están la ley de delitos económicos, la que combate el crimen organizado, la nueva ley antiterrorista, la que rediseña el sistema de inteligencia, la que reforma el sistema de seguridad privada, la que regula la seguridad municipal, la de Ciberseguridad, la que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la Agencia de Datos Personales, la fiscalía supraterritorial, el fortalecimiento del Ministerio Público, la que crea la Defensoría de las Víctimas y el traspaso de Gendarmería del Ministerio de Justicia al de Seguridad, entre las más relevantes.

Un ciclo de más de 70 leyes, el de mayor rendimiento legislativo en seguridad desde el retorno a la democracia luego de un amplio acuerdo, pero que, como expliqué en una columna anterior en este mismo lugar, impone a la nueva administración principalmente desafíos de gestión. En términos sencillos, el reto de ese proceso es saber si las instituciones serán capaces de implementarlas con la velocidad con que se explicó su aprobación.

El Gobierno, sin embargo, ha decidido iniciar una nueva etapa legislativa. El Presidente ha enunciado una reforma constitucional para reconocer la seguridad como deber del Estado, una agenda de proyectos de ley para combatir el crimen organizado y el terrorismo, el castigo por pertenecer a una asociación criminal, un régimen penitenciario especial, fortalecer el control migratorio, un plan de prevención, recuperación territorial y fortalecimiento institucional, entre las más significativas.

El problema de los anuncios generales de esa agenda es que omite la etapa de implementación de las leyes del ciclo de seguridad, focaliza nuevamente la discusión en la agenda legislativa y no en la gestión, baraja un discurso de campaña, reitera normas que en la actualidad existen, olvida que para combatir el crimen organizado importa esencialmente desarticular organizaciones y capturar sus rentabilidades, por lo cual tener mecanismos eficaces de control en el sistema financiero es determinante -cosa que las iniciativas anunciadas omiten-, y no explica por qué estos proyectos serían más urgentes que implementar las reformas que ya se encuentran en marcha.

El tema no es trivial, porque el ministro Arrau enfrenta el desafío de hacer funcionar un sistema de seguridad declarado por la ley, pero para que eso sea posible requiere un esfuerzo diario para alinear incentivos institucionales, integrar recursos, unificar la información y medir los logros mediante indicadores de impacto y no de procesos. Recargar su agenda con una nutrida gestión de proyectos de ley de beneficios marginales es, en algún sentido, afectar la eficacia del sistema de seguridad pública y de paso su desempeño.

Y es que, como demuestra toda la evidencia para Chile, nuestro Estado está tensionado por una legitimidad de proceso (los mecanismos institucionales para tomar decisiones formales) y una legitimidad de resultados (los efectos tangibles del funcionamiento estatal). Como ha demostrado el PNUD, esa tensión y la demanda por inmediatez de la solución a los problemas públicos, cuando se alejan en sus desempeños, comprometen el apego con la democracia y se traducen en demanda por atajos autoritarios. Por eso la agenda de seguridad del Gobierno, al volver a buscar la legitimidad en la intensidad legislativa, olvida por un momento que la petición por resultados -luego de la transformación estatal que hemos experimentado- es la demanda concreta en seguridad. No sólo se juega el cumplir sus promesas de campaña, sino la credibilidad de la política para buscar soluciones.

Una cuestión separada es la reforma constitucional. Un texto que aún no conocemos, pero creo conveniente por ahora indicar un par de prevenciones. Si lo que busca la reforma es señalar que el Estado tiene un deber prioritario en materia de seguridad, dicha declaración de fines resulta innecesaria porque la Constitución ya se refiere a ese punto, sobre esa base más o menos existe consenso sobre por qué la seguridad es reconocida como un derecho humano y, además, explica por qué la Corte Suprema ha condenado en varias ocasiones al Estado por incumplir la “garantía de seguridad”, cuando sus procedimientos para prevenir delitos son ineficaces.

Si, en cambio, la reforma constitucional del Gobierno se quiere focalizar en el capítulo de derechos fundamentales para justificar limitaciones a derechos sociales, lo que inevitablemente realizará es reabrir un debate constitucional que el país había concordado en dar por cerrado tras dos procesos constitucionales fallidos. Todo especialista en Derecho Público sabe que discutir sobre el capítulo de derechos constitucionales es, en cualquier sistema, abrir el modelo constitucional y con ello tensionar nuevamente la discusión sobre reformar la Constitución para resolver problemas de política pública, paradójicamente, la crítica del actual oficialismo al primer proceso constituyente.

Así la cosas, el problema no es tener una agenda legislativa, es focalizar los esfuerzos y los indicadores de éxito en la tramitación de los proyectos de ley, mientras las demandas cotidianas exigen ejecutar lo aprobado.

Por tal motivo, el riesgo del enfoque de la agenda de seguridad presentada por el Gobierno estos días es que puede distraer de lo principal, que es obtener logros a partir del conjunto de herramientas que se encuentran en plena etapa de implementación, transformando la seguridad pública en un asunto de discursos más que de eficacia, comprometiendo de paso no sólo la gestión de uno de sus ministros, sino esencialmente la capacidad del sistema político para obtener los resultados que promete.