El laberinto de La Moneda tras el caso Rodríguez: las horas de tensión, dudas y recriminaciones que abrió el test de drogas positivo

Era la semana de la aprobación de la megarreforma, del cierre de una etapa y del inicio de otra, marcada por una renovada agenda de seguridad. Pero esos planes, reconocen en La Moneda y, sobre todo, en los partidos oficialistas, quedaron en buena medida contaminados por un capítulo que el Gobierno todavía no logra cerrar: el test de drogas positivo que terminó con la salida de Juan Pablo Rodríguez de la Subsecretaría de Hacienda. 

Todo comenzó el 22 de julio pasado, cuando el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, recibió en su correo electrónico una serie de informes con los resultados de más de 50 autoridades de gobierno que se habían sometido a un examen de pelo, correspondiente al test que, por ley, debían realizarse durante el segundo semestre de 2026. El primero había sido realizado por la mayoría del equipo de Kast durante el verano, en la denominada Oficina del Presidente Electo (OPE), instancia que la Contraloría validó para efectos del primer semestre.

Entre ellos, había un único positivo, lo que obligó a La Moneda a activar una serie de reuniones para intentar resolver una crisis imprevista.

La historia ya es conocida: al día siguiente, durante la noche y luego de que el mandatario comunicara la decisión a los partidos del oficialismo ante una reunión que estaba agendada con anterioridad en Palacio, el Gobierno decidió comunicar la salida del subsecretario, para minutos después dar a conocer el motivo y recalcar que Rodríguez se haría exámenes adicionales para descartar que fuera consumidor de drogas.

Lo que pocos imaginaban en La Moneda, sin embargo, era que el exsubsecretario iniciaría un activo despliegue comunicacional para defender su inocencia, con entrevistas en profundidad incluidas. Menos aún, que importantes dirigentes del oficialismo saldrían en su defensa, hasta el punto de tensionar al propio Gobierno.

El despliegue comunicacional de Rodríguez que todavía tensiona a La Moneda

Rodríguez decidió salir a defenderse públicamente luego de que, el 30 de julio, el laboratorio Corthorn Health emitiera un comunicado para respaldar el procedimiento aplicado a la muestra de pelo tomada en junio. En la declaración, el laboratorio aseguró que la muestra original había sido sometida a un segundo análisis, que también arrojó un resultado positivo, y recalcó que el exsubsecretario no había solicitado la revisión de su contramuestra.

Hoy recibí dos nuevos exámenes de pelo que confirman lo que siempre he dicho: no consumo drogas.

Con esto cumplo mi objetivo de recuperar mi honra, defender mi nombre y poder mirar a los ojos a quienes me quieren.

Gracias por todo el cariño en estos días difíciles. pic.twitter.com/kzfNTH5nSQ

— Juan Pablo Rodríguez O. (@jprodriguezoyar) August 4, 2026

Según el instructivo emitido por la Contraloría el 18 de abril, esta última solo se utiliza una vez notificado el resultado del examen y siempre que la persona involucrada solicite su revisión.

Tras ello, el exsubsecretario cuestionó el método empleado por el laboratorio y, en los días siguientes, dio a conocer tres exámenes de pelo con resultado negativo realizados en otros centros de salud: UC Christus, Clínica Indisa y Laboratorio Fastest. “Los elementos son suficientes para concluir que cumplo para ejercer una alta autoridad dentro del Estado y del Gobierno”, dijo en un video.

Pero para La Moneda el caso de Rodríguez está cerrado: el exsubsecretario, indican, no retornará al Gobierno.

Fuentes conocedoras de la interna de Palacio explican que la decisión se tomó tras analizar la información con la que se contaba ese día y evaluar el procedimiento técnico aplicado al examen.

En primer lugar, destacan que se conocieron dos resultados positivos obtenidos a partir de análisis realizados por el laboratorio sobre la misma muestra de pelo tomada a Rodríguez. “Es ahí cuando el Gobierno toma la decisión”, se enfatiza.

La contramuestra, en tanto, corresponde al análisis de un segundo mechón de pelo que se obtiene el día del examen ante la posibilidad de que el resultado sea positivo. Rodríguez no ha solicitado su revisión en el mismo laboratorio y ha planteado que sea otro el que la analice.

En La Moneda, asimismo, descartan las tesis en torno a una posible contaminación externa de la muestra de Rodríguez, como han sugerido en el círculo del exsubsecretario. En Palacio sostienen que existe un procedimiento técnico que impide una afectación de ese tipo.

Es por eso que en el Gobierno aún existe malestar con la “campaña comunicacional” que ha impulsado Rodríguez para defenderse y mantener abierto el conflicto en la opinión pública. Sobre todo, además, al ser un cargo de confianza en el cual se suele estar expuesto a decisiones política y actuar en otros códigos políticos.

Atrapado en el discurso

A ello se suman los argumentos políticos. En La Moneda entendieron que revertir la decisión habría tenido un costo mayor para el Gobierno, al ponerlo en contradicción con una de las banderas que Kast había levantado durante años: el rechazo al consumo de drogas entre quienes ejercen cargos de responsabilidad pública. Durante sus campañas a La Moneda, de hecho, el Presidente insistió en esa idea, al punto de pedir en 2021 que su entonces contendor, Gabriel Boric, se sometiera a un test para despejar cualquier duda. 

“Hay una declaración de principios y, por lo mismo, hay que ser implacables”, señalan en Palacio. Allí también se recordó que una crítica habitual al gobierno de Gabriel Boric fue que distintas crisis finalmente se destaparan varios días después de que todo estallara, como ocurrió con el caso Monsalve. Una situación así, se consideró, habría sido un golpe mucho mayor.

En esa línea, se subraya que no había espacio siquiera para evaluar mantener a Rodríguez en el cargo, como plantearon algunos miembros del Gobierno. Si bien en La Moneda reconocen que en un momento se discutió la posibilidad de permitir su reincorporación al Ejecutivo en caso de que lograra demostrar que todo se trataba de un falso positivo, aseguran que jamás estuvo en los planes que volviera a encabezar la Subsecretaría de Hacienda.

En Palacio, de hecho, no fue bien evaluado que el ministro de la Segpres, José García Ruminot, abriera la puerta al eventual retorno de Rodríguez en una entrevista en Mesa Central. Se le atribuyó una opinión personal. Esto provocó que al día siguiente el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, realizara una vocería para aseverar que el Gobierno ya había tomado una decisión política.

En el Ejecutivo, por otro lado, señalan que actuar de otro modo habría permitido a la oposición acusar al Gobierno de inconsecuente y poner en duda la palabra de Kast en esta materia.

Quienes respaldan el actuar del Ejecutivo dentro del oficialismo, en tanto, sostienen que el Gobierno quedó “atrapado” al haberse puesto ese nivel de estándar en las distintas campañas que emprendió Kast. “No había alternativa”, resumen.

En ese marco es que a los pocos días el Gobierno anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional para sumar una nueva causal de cesación del cargo para las autoridades que sean detectadas como consumidoras de droga. Se trató de una iniciativa que estaba en carpeta y que La Moneda decidió acelerar para insistir en la bandera levantada por Kast. Con la propuesta además se busca establecer vía ley el procedimiento a seguir para situaciones similares a las de Rodríguez. “Queremos dar un paraguas, una ley de carácter permanente”, manifestó el biministro Claudio Alvarado.

La ofensiva republicana que se intentó desactivar antes del hito de Kast con sus “megarreformas”

“Si no sale esa gente inmoral del Gobierno, nunca se podrá despegar”, escribió el fin de semana el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en un chat de WhatsApp que reúne a más de 20 personas ligadas a la Fundación Jaime Guzmán.

En su mensaje apuntaba al subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), a quien poco antes, a través del mismo chat, había instado a pedirle perdón a Rodríguez por el “desdén” del Gobierno frente al caso. En el oficialismo, sin embargo, varios interpretaron que sus críticas también alcanzaban a otras figuras del círculo del mandatario.

Los mensajes fueron revelados la noche del lunes por Ex-Ante y, en menos de 24 horas, el biministro Claudio Alvarado gestionó un encuentro con Squella para dar por superado el conflicto.

El acercamiento se produjo después de que ambos se enfrentaran públicamente esa misma mañana. “Uno en la vida tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones que tiene que tomar”, sostuvo Alvarado en Radio ADN. Squella le respondió por X: “Con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad”.

Ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad.

En mi caso defiendo una manera de hacer las cosas que en este caso afectan al ex… pic.twitter.com/9pMDEplFO9

— Arturo Squella 🇨🇱 (@arturo_squella) August 4, 2026

Pese al tono de las declaraciones, en La Moneda valoraron que el conflicto se desactivara rápidamente. Había razones para ello: ese mismo martes el Gobierno lograría un hito al despachar del Senado el último artículo del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y, al día siguiente, el Presidente afinaba una cadena nacional para marcar el inicio de una nueva etapa de su administración y anunciar una ambiciosa agenda de seguridad. Squella, asimismo, se reunió la tarde del jueves con Pavez para limar asperezas.

Con todo, la arremetida de Squella dejó en evidencia el malestar de un sector del Partido Republicano que considera que el Gobierno actuó de manera apresurada en el caso Rodríguez y que no defendió a “uno de los suyos”. En la colectividad, por ejemplo, hay quienes sostienen que se debió optar por suspender al subsecretario mientras se aclaraba el resultado del examen, pero no “aniquilar” la imagen del abogado.

En La Moneda, no obstante, llama la atención que una de las críticas más duras provenga precisamente del partido de Kast. Allí conocen de primera fuente las banderas que el Presidente ha levantado en torno al correcto ejercicio de la función pública y el rechazo al consumo de drogas. Por eso, para algunos resulta especialmente llamativo que sea el propio sector político del mandatario el que cuestione una decisión que el Gobierno considera coherente con esas mismas banderas.

En el oficialismo, de todos modos, hay quienes explican la arremetida de Squella por la cercanía que mantiene con Rodríguez, uno de sus nombres de mayor confianza y quien, además, hizo campaña por él en su candidatura al Senado. En ese marco, algunos recuerdan que otros nombres cercanos al senador también han debido abandonar Palacio, como ocurrió con la exministra de Seguridad Trinidad Steinert.

Rodríguez, en todo caso, cuenta con una amplia red dentro del oficialismo y, en particular, con los liderazgos de la Región de Valparaíso. Entre ellos figuran diputados y senadores de la zona como Andrés Longton, Luis Pardo, Luis Fernando Sánchez y Chiara Barchiesi.

A ello se suman sus vínculos con el mundo empresarial, especialmente con el empresario Gonzalo Bofill Velarde, dueño de Carozzi y presidente de la Fundación Piensa, institución a la que Rodríguez pertenecía antes de incorporarse al Gobierno.

Ese entramado ayuda a explicar que la defensa del exsubsecretario haya trascendido al Partido Republicano y se haya convertido en un problema político para La Moneda. Los presidentes de RN, la UDI y Evópoli, de hecho, presionaron esta semana al Gobierno para que Rodríguez pueda regresar al Ejecutivo luego de dar a conocer exámenes de drogas negativos realizados en otros laboratorios. Así, lo que comenzó como una controversia por el resultado de un examen terminó abriendo un frente transversal dentro del oficialismo y poniendo a prueba la decisión de La Moneda de dar por cerrado el caso.