Gobierno no logra frenar resistencia oficialista y nuevo estado de excepción concentra críticas a reformas constitucionales

Fue durante su intervención en la ceremonia de traspaso de mando de la Federación de Medios de Comunicación Social (FMCS) cuando el Presidente José Antonio Kast posó su vista sobre el senador Matías Walker, justo en los momentos en que llamaba a no apresurar las críticas y evaluar con cautela los proyectos de ley que ha enviado durante su actual administración.

Walker, quien formaba parte del extinto Partido Demócratas y que suele votar junto al resto del oficialismo, se ha erigido como uno de los nombres más críticos de las reformas constitucionales que impulsa el Gobierno en el marco de seguridad.

Los cambios que se pretenden introducir a la Constitución, precisamente, han abierto un inesperado flanco al Ejecutivo al sumar resistencia dentro de su propio sector. De hecho, el domingo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestó en La Tercera que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

De todos modos, ayer lunes el Gobierno logró hacer retroceder a sus más críticos durante el comité político ampliado en La Moneda, donde el biministro Claudio Alvarado (Interior y Segegob) llamó a actuar en unidad, mientras que su par de Seguridad, Martín Arrau, detalló el contenido de las reformas que finalmente se presentaron anoche y que acogieron algunas de las alertas que hicieron desde la derecha.

Sin embargo, esta mañana quedó en evidencia que el camino aún está cuesta arriba con el Ejecutivo. En particular, por la propuesta de introducir un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

Esta herramienta, según el texto ingresado anoche, se podrá invocar en caso de “amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada”. Además, será declarada por el Presidente de la República, quien determinará las zonas afectadas por dichas circunstancias.

Pero uno de los puntos que ha generado mayores dudas ha dido que estado de excepción se puede extender por 120 días, a diferencia de los actuales que se extienden por 30 días. Este además puede ser prorrogable por otros 120 días más. El nuevo estado de excepción permite “suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión”, así como también “restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiones de bienes”.

Evópoli: Nuevo estado de excepción “debe ser corregido”

La idea, así, levanta reparos dentro del propio oficialismo. El presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, afirmó en su cuenta de que X que la idea contenida en la reforma “concede poderes excesivos al Presidente que jamás querría en manos de oposición”. Por lo anterior es que aseveró que “debe ser corregido”.

Por su parte, el senador Matías Walker insistió en Emol TV que estaba “preocupado” por la reforma y recalcó que “así mueren las democracias”.

“Creo que en el gobierno hay gente seria que se dejó influenciar por gente menos seria, que quiere producir un gallito comunicacional con la Constitución”, aseveró el senador por Coquimbo.

Asimismo, apuntó contra los republicanos, sobre quienes afirmó que “en vez de sacar adelante la agenda de seguridad (…) recurren a esta jugarreta comunicacional de presentar un proyecto de reforma constitucional que atenta contra los principios básicos del Estado de Derecho”.

También tuvo palabras para La Moneda, pues acusó que con la situación había “una operación comunicacional” elaborada desde palacio “que quiere sacar al pizarrón al Senado y decirle al país, de acuerdo a una falsa premisa: ‘Vamos a ver quiénes están con el crimen organizado y el terrorismo y quiénes no”.

Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), reconoció los matices dentro del sector, aunque bregó por llegar a acuerdos. “Ya sabemos que hay algunas diferencias, hay algunos matices, incluso desde el oficialismo, pero me parece vital que, sin ningún distingo, todos nos pongamos rápidamente a tramitar esta reforma y luego, por supuesto, el resto de la agenda en materia legislativa”.

El ministro Arrau, por su parte, enfatizó que en Gobierno están “abiertos a escuchar”. Los eventuales desmarques del oficialismo aparecen como relevante para las reformas que tienen un quorum de aprobación de 4/7 y que por tanto obligará al Ejecutivo a tener no solo alineado a su sector, sino también a sumar votos dentro de la oposición.