Cómo se gestó el acuerdo Squella-Longton para modificar parte de la reforma constitucional del Gobierno y la activación de La Moneda

Una llamada telefónica precedió el mensaje casi en simultáneo que ayer, pasadas las 9 de la noche, difundieron los senadores Arturo Squella (Partido Republicano) y Andrés Longton (RN).

A través de redes sociales, los integrantes de la comisión de Constitución del Senado compartieron una publicación casi idéntica: coincidían en la importancia de “avanzar en la agenda de seguridad” y que por lo anterior era que “desde ya” comenzarían a presentar indicaciones a la reforma constitucional en la materia que propuso el Gobierno, con el fin de recoger las “inquietudes” que ha provocado la propuesta, que lidera el ministro Martín Arrau (Partido Republicano).

Al anuncio se dio en medio de la división dentro de la derecha por la iniciativa impulsada por la administración de José Antonio Kast, que contempla ocho modificaciones constitucionales.

La idea que ha concentrado las críticas ha sido principalmente el nuevo estado de excepción por seguridad pública que se propuso desde el Ejecutivo. Este podría llegar a durar ocho meses solo por iniciativa del Presidente de la República, período durante el que se limitaría el libre tránsito de las personas, su libertad de reunión, a la vez que se interceptarían sus comunicaciones.

Desde sectores aliados al Gobierno incluso hubo quienes tildaron la propuesta como “autoritaria” y “totalitarista“, mientras que desde la izquierda sostuvieron que Kast terminó por confirmar que lleva adelante una democracia “iliberal“, mote que el propio mandatario trató de sacudirse esta semana.

En ese marco, el escenario se ha visto cuesta arriba para La Moneda, ya que la reforma constitucional requiere 29 apoyos en el Senado para ser aprobada (cuatro séptimos) y el oficialismo solo cuenta con 26 apoyos, los cuales ni siquiera hoy aparecen como seguros.

Así fue el caso con el senador Miguel Ángel Calisto y su par Matías Walker (independiente, cercano a Evópoli), quien dijo que no daría su voto para votar la idea de legislar. Lo propio hizo la senadora Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario. Si bien ambos no forman parte del oficialismo, en el pasado apoyaron las iniciativas del Gobierno en el Congreso, como el proyecto de Reconstrucción Nacional, matriz económica del Ejecutivo.

Asimismo, los senadores independientes Karim Bianchi (presidente de la comisión de Seguridad) y Alejandro Kusanovic tampoco habían definido una postura al respecto de la reforma, pese a que el Ejecutivo debiera acudir a sus votos contemplados y más aún para sacar adelante su propuesta. Ignacio Urrutia (republicanos), por su parte, condicionó su aprobación a la entrega de indultos por parte del Pressidente.

Cómo se gestó la alianza

En el entorno de los senadores señalan que ambos mantienen una buena relación, que se conocen desde hace bastante tiempo, y que estaban de acuerdo con que se hacía necesario comenzar a impulsar modificaciones a la reforma.

Por eso, antes de publicar el anuncio en sus respectivas cuentas de X, hablaron por teléfono. Fue ahí cuando el presidente del Partido Republicano —tienda que Kast fundó— manifestó su intención de “dar una señal” que mostrara apertura a realizar cambios a la reforma constitucional, sobre todo ante la falta de definición de La Moneda sobre el tema, que se abocó en los últimos días a atender la emergencia en Tocopilla por las lluvias.

La finalidad del mensaje que dieron en el espacio digital era de “acercar posiciones“, con el oficialismo pero incluso con la oposición. De todos modos, eran conscientes que si bien la idea de legislar es un desafío, la discusión particular se veía más cuesta arriba aún, en la que, de hecho, habría mayores descuelgues que en la primera votación.

Así, los parlamentarios luego anticiparon en sus mensajes que realizarían un par de cambios a la reforma constitucional.

En concreto, sostuvieron que el estado de excepción que se propone debía ser decretado con acuerdo del Presidente de la República con el Congreso Nacional “desde el primer momento”. Asimismo, propusieron que su renovación sea cada 30 días, lejos de los 120 que se proponen en un inicio para efectuar su renovación unilateralmente si así lo estimaba el jefe de Estado.

Por otro lado, pidieron que se dejara fuera “la afectación a las comunicaciones que originalmente se sometió al debate legislativo“, en relación a la interceptación que se propuso.

“Seguiremos trabajando para aprobar todos los proyectos de seguridad, teniendo en cuenta que la emergencia por la que atraviesa nuestro país, amerita el máximo esfuerzo de todos, en total unidad nacional“, sellaron.

En el oficialismo, de todas, reconocen que estas dos modificaciones no serían suficientes para lograr sumar nuevos respaldos a la reforma. De todos modos, tanto Squella como Longton enfatizaron que este es un punto de partido.

En ese ámbito, en el sector que considera que otro punto de discordia es la denominación de un listado de organizaciones criminales y terrorista, cuya ratificación depende de que el Senado la apruebe por 2/3 en sesión secreta.

El “intensivo” de La Moneda

El Gobierno, de todos modos, se reactivó en la discusión.

Esta mañana el ministro Arrau se reunió con legisladores de RN que participan de las comisiones de Seguridad, a quienes invitó al ministerio. Hasta allí concurrieron Longton, acompañado de los diputados Claudia Mora, Mauro González y Daniel Valenzuela, además del senador Rojo Edwards. También participó el subsecretario Gonzalo Guerrero.

Pero no es la única cita que agendó para la jornada. También convocó a parlamentarios de la UDI, mientras que para la tarde, en tanto, sostendrá una reunión de trabajo con el biministro Claudio Alvarado (UDI).

Fue el propio Alvarado quien valoró este jueves las modificaciones que se propusieron a la reforma constitucional. “Perfeccionar la reforma en el Congreso significa hacerla más eficaz, más legítima y más duradera”, sostuvo al respecto, a la vez que reafirmó que el Gobierno tiene “abierta la puerta” a los cambios que se propongan.

Por su parte, el ministro Segpres, José García Ruminot (RN), agendó para el lunes una reunión con los presidentes de los partidos oficialistas con quienes ahondará en posibles modificaciones el proyecto.

La cita ocurrirá luego de que el senador Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, asegurara que la reforma constitucional no fue observada por la cartera y, además, desde RN sostuvieran que la propuesta no podía imponer la mirada de una persona, refiriéndose a Arrau.

El objetivo del Gobierno es acercar posiciones con los miembros de las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa, donde se tramitará la reforma constitucional.