Director del INDH por agenda del Gobierno y reforma constitucional: “Abre un riesgo inédito de retroceso (…) me atrevería a decir, desde que terminó la dictadura”

Yerko Ljubetic actualmente es el director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero antes de eso ejerció una serie de cargos públicos, desde subsecretario a ministro del Trabajo y luego fue electo miembro del Consejo Constitucional.

Su tienda política por décadas fue la DC, pero tras un quiebre con la Nueva Mayoría migró a los nuevos movimientos de izquierda, siendo incluso uno de los cofundadores del Movimiento Autonomista, que luego pasaría a ser Convergencia Social y desde el 2024 parte del Frente Amplio.

Sin embargo, desde que asumió como director del INDH, Ljubetic tenía claro que tenía que dejar de lado la política y enfocarse de lleno en la defensa de los derechos humanos, lo que lo motivó a dejar su militancia. “En esta institución, las militancias y opiniones políticas son absolutamente irrelevantes y no son parte del tema de conversación de nadie”, asegura en conversación con The Clinic el director del INDH.

Por lo mismo critica que sectores de derecha que han pedido en algunos casos incluso el cierre del instituto, aludan a que es un organismo de izquierda y que lo hagan, según dice, sin evidencia o dato alguno.

“¿Cuál es el problema que ellos tienen con los derechos humanos más que cargarle al INDH una orientación que efectivamente no existe? (…). De hecho, me gusta recordarlo porque ilustra esta idea, que hay por lo menos tres o cuatro personas que fueron funcionarios o directivos de este instituto, que son parte del gobierno actual”, dice Ljubetic.

Con todo, Ljubetic ha debido enfrentarse no solo a las declaraciones de sectores que piden que se elimine el INDH, sino que ahora también con el debate que se abrió sobre una reforma al organismo y el inminente ingreso del Ejecutivo de su propuesta en esa línea, lo que desde ya el director adelanta que puede significar un retroceso para la protección de los derechos humanos en Chile.

—El Gobierno ha dicho que van a presentar su proyecto de reforma al INDH y que una de las cosas que incluiría es quitarle la facultad de presentar querellas. ¿Cree que perjudicaría al INDH o perdería su esencia si pasa a ser un órgano meramente consultivo?

—Primero habría que ver qué se entiende por unos y otros por consultivo, porque eso puede tener una serie de interpretaciones. Pero desde el punto de vista de quitarnos la facultad de presentar querellas, evidentemente sería un retroceso desde el punto de vista de la disponibilidad por parte del Estado de un organismo especializado con un instrumento que es muy relevante en nuestro quehacer, como es el de interponer querellas ante los tribunales por delitos que puedan suponer vulneración de los derechos humanos. Porque no es la única forma de proteger los derechos humanos, pero naturalmente hay situaciones urgentes o particularmente graves en las que una respuesta jurisdiccional por la vía de una querella es la más apropiada.

—¿Y algo en la línea del proyecto de RN, que no elimine esa facultad pero sí la restrinja de cierta forma? 

—Lo que hemos expresado es que sería una regresión importante desde el punto de vista del cumplimiento cabal de nuestro mandato legal, pero también sería una regresión desde el punto de vista del Estado. Estaríamos ante una situación en que el Estado de Chile retrocede desde el punto de vista de la disponibilidad de un mecanismo de defensa de los derechos humanos. Y eso también es complejo desde el punto de vista del juicio de los organismos internacionales competentes en la materia.

—¿Y usted cree que hay igual algún otro espacio para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Cree que podrían haber mejoras o no?

—A 16 años de la promulgación y a 15 años del funcionamiento efectivo del instituto es normal y es muy razonable examinar a partir de la experiencia cuáles pueden ser los espacios de mejora. Y eso es no solo razonable, sino que es un legítimo derecho de los actores legislativos. Lo importante es que sea en la perspectiva de un genuino interés por mejorar y por perfeccionar.

En ese sentido el proyecto de la diputada (Ximena) Ossandón tiene espacios interesantes como fortalecer nuestras regulaciones en materia de conflictos de interés, o de poner distancia con la actividad política partidista. Son cuestiones que yo creo que son razonables y hay espacios de mejora interesantes. Otros de ese proyecto se pueden discutir.

Lo que importa sí y es lo que no sabemos, es que sea en el caso del proyecto que se ha anunciado por el Ejecutivo sea un proyecto que esté efectivamente orientado hacia la mejoría y perfeccionamiento y fortalecimiento del instituto, y no que bajo esa presentación finalmente haya proyectos que dificulten, impidan o afecten el desempeño de esta institución en el cumplimiento de su mandato.

—¿Y usted cree que puede ir en esa línea?

—Hay ciertas afirmaciones por parte del ministro (de Justicia) en el debate que ha habido que son preocupantes porque, por ejemplo, los temas relativos a la forma de gobernanza de la institución, donde hay sectores que plantean un problema de pluralidad. Que el problema que tiene es que tiene un enfoque en la pluralidad desde un punto de vista estrictamente político, que es muy importante y que creemos que se cumple en el caso de esta institución, pero que desde el punto de vista de los derechos humanos la diversidad es mucho más amplia (…). Entonces, si lo restringimos simplemente al problema político, pueden abrirse fórmulas complejas.

—El ministro Rabat usó la frase de que el uso de querellas por parte del INDH era abusivo. ¿Consideran que es abusivo el uso de las querellas o es razonable?

—El momento de mayor uso de este instrumento, que insisto, es una de las herramientas que utilizamos, fue, evidentemente en el contexto del estallido social. El momento del estallido social fue calificado por el INDH por unanimidad de sus consejeros, con otro director, con otra mayoría en el consejo, que desde el punto de vista de una mirada política uno podría decir que es muy distinta a la actual, como la más grave crisis de derechos humanos desde el término de la dictadura. 

Si nosotros no hubiéramos ejercido toda nuestra articulación en ese contexto, evidentemente hubiéramos incurrido en una falta grave desde el punto de vista del cumplimiento de nuestro mandato. Por lo tanto, en el sentido de los fundamentos, creo que había fundamentos muy razonables para hacer lo que se hizo. El Consejo de aquella época, del que yo era parte, apoyó unánimemente al director de la época en la interposición de esas querellas. Incluso sabiendo, como efectivamente ocurrió, que un porcentaje muy bajo de esas querellas iba a llegar a buen término.

—Eso mismo decía el ministro, de hecho. 

—Claro, porque es evidente, la responsabilidad penal, finalmente, que es la que nosotros vamos a alegar en los tribunales, es personalísima. Hay que llegar al funcionario que efectivamente gatilló el lanzagranadas o golpeó o lesionó gravemente a algún manifestante. Y eso sabíamos que iba a tener resultados difíciles, y eso lo sabía también el Ministerio Público, lo sabía el Consejo de Defensa del Estado, que también fue un organismo que interpuso una gran cantidad de querellas. Aún así, nosotros habiendo interpuesto un tercio del número de querellas que interpuso por las mismas razones el Ministerio Público, logramos más sentencias.

Además, particularmente en materia de derechos humanos, cualquier abogado que interpone una querella sabe que muchas veces la razón de interponer una querella no es la seguridad en el resultado que se va a obtener. Sino que en el caso nuestro, la convicción de que estamos cumpliendo con la función que teníamos que cumplir. 

“Hemos sido víctimas de una campaña de difamación y de mentiras”

—¿Y por qué cree que este último año se ha, de cierta manera, desacreditado lo que era el INDH en comparación a, por ejemplo, la época del estallido social? ¿Usted cree que hay algo detrás de que la derecha esté pidiendo que se cierre el instituto?

—Bueno, yo creo que es evidente y no hay que mirar bajo el agua para darse cuenta de que hay un conjunto de hechos que, puestos en perspectiva, constituyen una situación que se ha prolongado desde hace varios meses de hostigamiento respecto del INDH. Esto tiene que ver no solo con el anuncio de proyectos de ley que amenazan atribuciones o incluso algunos la existencia del INDH, sino que también hemos sido víctimas de una campaña de difamación y de mentiras esparcidas a través de medios, ya sea formales, plataformas o redes, en las que se han hecho afirmaciones absolutamente descabelladas sobre el INDH.

Entonces, no puedo dejar de ver aquí la articulación de una serie de esfuerzos que van en la perspectiva de asediar y hostigar al INDH en el contexto de validar propuestas que deriven más que en su eliminación, en un intento de neutralizarlo. De hacer de esta institución una institución sin dientes, garras ni atribuciones para cumplir eficazmente su mandato.

—¿Ven a sectores políticos articulados por redes sociales o es por las vocerías que se dan? ¿Cómo es que evidencian esta articulación? 

—Si uno ve algunos de los que emiten este tipo de juicios, o en otros casos, el tipo de afirmaciones que se hacen, claro, tienen una cierta sintonía, y muchas veces coincide con discursos que algunos en el Congreso o sectores políticos han planteado sobre el Instituto en la perspectiva de su eliminación. Entonces, claramente tiene un origen determinado.

—¿Y qué le pasa con que, por ejemplo, haya sido el propio Presidente Kast quien, haciendo referencia al instituto, dijera que básicamente “solo miraban a aquellos que infringen la ley”? 

—Se han hecho afirmaciones de todo tipo sobre el instituto y algunas vamos a imputarlas a un cierto desconocimiento (…). Por ejemplo, es el Estado el que obliga a que en el país haya mecanismos que protejan la vida, la integridad física, la propiedad, la libertad, todos los derechos de las personas. Y por lo tanto, una vulneración de derechos humanos en esa perspectiva es por parte del Estado. Esas vulneraciones son las que nuestro mandato nos ordena denunciar y tomar acción frente a ellas. 

Cuando una persona delinque vulnera los derechos humanos de otra persona. Si alguien mata a otra persona, naturalmente es obvio que vulnera su derecho humano a la vida, si le roba, su derecho a la propiedad, etcétera. Pero para eso el Estado tiene que disponer de los mecanismos necesarios para que ese tipo de casos sean investigados, perseguidos y sancionados. Si el Estado no lo hace hay un problema de derechos humanos desde el punto de vista de responsabilidad del Estado por no cumplir con esa obligación y ahí intervenimos nosotros. En la persecución por la vulneración de derechos por privados es para lo que existe el Ministerio Público, las policías, los tribunales, etcétera (…). No estamos haciendo nada que no sea lo que corresponde hacer a una institución como esta.

—En ese caso puntual al que se refería el Presidente fue por su visita a Carlos Cancino, quien habría perpetrado el homicidio del carabinero Marcos Cosme y el cabo Eugenio Naín. ¿Creen que fue un error haberlo visitado? 

—Si nosotros no fuéramos con personas de las cuales hay antecedentes que pueden parecer plausibles de que están siendo objeto de algún tipo de vulneración grave de sus derechos, como por ejemplo maltratos en la dependencia judicial, por el hecho de que son delincuentes, estaríamos incurriendo en una discriminación a la que no estamos autorizados. Los derechos humanos son de todas las personas, nos guste o no. Y en ese caso no hicimos más que cumplir con nuestro mandato.

Además, no fuimos inmediatamente, precisamente porque somos conscientes de la complejidad del entorno en el que esto se había dado, los graves crímenes. De pasada lo hicimos al mismo tiempo que expresábamos nuestro total repudio al asesinato de un carabinero, que para nosotros es de los delitos más graves y que tiene que ser severamente sancionado, sin duda alguna (…). Pero no podíamos eludir el cumplimiento de una función. Si no lo hubiéramos hecho, podríamos haber sido efectivamente imputados de un abandono grave del cumplimiento de nuestras funciones.

Muchas veces, algunas dimensiones de esa labor chocan con lo que está siendo un sentido común imperante que hace que sean cuestiones impopulares. Pero, naturalmente, la impopularidad de los sectores particularmente vulnerables, cuyos derechos nosotros tenemos que tener en el centro de nuestras proporciones, no puede ser algo que nos aparte del cumplimiento del mandato que la ley nos asigna.

—En lo personal, dado que ha tenido que enfrentar este último tiempo esta especie de campaña que acusa que busca desacreditar o derechamente los proyectos que plantean eliminar el INDH, ¿cómo cree que pueda volver a darle el prestigio o la validación social que alguna vez tuvo?

—Creo que no hay otro camino que el fiel cumplimiento de nuestro mandato legal. Nosotros no podemos dejar de cumplir o acomodar el cumplimiento de nuestra función para hacernos más populares. No corresponde a un organismo que se toma en serio el tema de los derechos humanos, como es el caso del INDH. Sí uno puede decir que nos ha costado mucho visibilizar que la defensa de los derechos humanos es mucho más amplia y tiene muchas otras dimensiones más que simplemente la de las querellas o las polémicas que tenemos con organismos policiales o con autoridades. 

Nosotros desarrollamos una labor muy intensa en relación a la defensa y promoción de otros derechos, como los derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros interponemos recursos de protección que han significado, por ejemplo, que haya comunidades que estaban impedidas de acceder al agua potable, que es un derecho humano básico (…). 

Nuestro esfuerzo permanente es visibilizar de mejor y mayor manera la amplia gama de derechos que el INDH defiende y promueve, y que tienen que ver con la vida concreta de las personas. Es decir, demostrar que finalmente el respeto a los derechos humanos mejora la vida de las personas.

Además no tiene que ver solo con la imagen del instituto, sino que con una adecuada comprensión en nuestra sociedad de qué son los derechos humanos, su integralidad, las múltiples dimensiones que tienen y las obligaciones que tiene el Estado respecto a todas esas dimensiones de derechos de las personas.

—Decía que la reforma al instituto y el tema de las querellas podía ser un retroceso, pero más allá de eso, en lo que respecta a los derechos humanos, considerando lo que ha sido la postura de este Gobierno, ¿usted ve un riesgo real de retroceso de derechos humanos en algún otro sentido?

—Sin duda, creo que el riesgo de existencia, pero sobre todo el de eficacia del INDH, es un riesgo para los derechos humanos en Chile. No tiene que ver solo con la institución o con quienes somos parte de ella. Es un riesgo porque este es un instrumento eficaz en materia de la defensa y promoción de los derechos humanos de los habitantes del territorio.

También hay otros, como por ejemplo que el proyecto de reforma constitucional abre un riesgo inédito de retroceso en materia de derechos de las personas, particularmente en derechos a la libertad, en derechos civiles de las personas como no habíamos visto en muchos años. Me atrevería a decir, desde que terminó la dictadura.

—¿Pero qué puntos en particular? 

—El modelo de estado de excepción que se está proponiendo excede claramente la tradición y el marco en el que esos estados de excepción deben darse. Es decir, que su promulgación sea privativa del presidente, que dure hasta ocho meses, que se puedan suspender todo tipo de derechos, es una amenaza evidente desde el punto de vista de los derechos humanos, sin duda alguna.

Otros contenidos que están en esa misma reforma también son cuestionables desde este punto de vista. Eso sí en esta materia esta es mi opinión personal, porque el Consejo del Instituto, que es el que define las posiciones institucionales, se va a pronunciar sobre este punto la próxima semana. Pero creo que es posible adelantar desde el punto de vista de estándares evidentes en materia de derechos humanos, que ahí hay un riesgo muy evidente.

Creo que también, y lo hemos dicho como institución ya, cuestiones relativas a normas en materia de seguridad pública, no solo de este gobierno, el gobierno anterior también, como es la ley Naín-Retamal, son complejas desde el punto de vista de los riesgos que presentan para los derechos humanos desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado en no vulnerar derechos en el objetivo de perseguir la delincuencia.

Para nosotros hay una cuestión que es muy clara. Un Estado que declara que para combatir la delincuencia y lograr seguridad debe vulnerar los derechos humanos, es un Estado que ha sido derrotado desde el punto de vista de los derechos humanos y las libertades. Y eso es una cuestión que no podemos aceptar.

—Hay preocupación entonces por la agenda del Gobierno.

—Sí, claro, pero para ser justo en esto, los INDH en todo el mundo siempre tienen una particular preocupación por los temas relativos a las normas sobre seguridad, a la actuación de los organismos policiales, por una razón muy evidente. La persecución, la actividad de los organismos policiales descansa en organismos a los cuales la sociedad les da la confianza de ser los que tengan el monopolio del uso de la fuerza. Eso por sí solo requiere que los niveles de supervisión y control sobre esa actividad sean especiales y reforzados. Las vulneraciones de derechos humanos en ese caso son mucho más graves que las que pueden darse en otras dimensiones. 

Entonces, es una razón muy evidente para que no solo este INDH, sino que cualquier institución de derechos humanos en el mundo siempre tenga una especial preocupación por la actividad de los organismos policiales por esta razón. No es un tema de obsesión.

Además nosotros tenemos muy buenas relaciones con los organismos policiales, particularmente con Carabineros. Todos los años son cientos de carabineros los que pasan por cursos nuestros de capacitación, de difusión, en regiones, a nivel central, yo tengo una óptima relación con el general director… Y yo creo que ellos entienden perfectamente que la necesidad de que haya una supervisión permanente y una capacitación y una colaboración en la forma en que ellos desempeñan su actuar.