Las millonarias deudas por demandas laborales de la Corporación Santiago 2023: justicia le dio plazo de cinco días a Harold Mayne-Nicholls para pagarlas

Cinco días. Ese es el plazo que un tribunal le dio a Harold Mayne-Nicholls para pagarle a un extrabajador de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 más de 54 millones de pesos. Fue el 17 de agosto, cuando la jueza Rayen Durán, del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, resolvió: “Requiérase a don Harold Alfred Mayne-Nicholls Secul, en representación de Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023, para que dentro del plazo de cinco días establecido en el artículo 466 del Código del Trabajo, pague a don Marcelo Javier Ureta Echeverría, o a quién sus derechos represente, la suma de $54.352.146, más reajustes, intereses y costas”.

Tres días antes, otra jueza del mismo tribunal, Pola Lorena Ugarte Cortés, había firmado un requerimiento idéntico en su estructura, esta vez por $14.168.850, a favor de Alisson Romina Gómez Salinas.

Ambas resoluciones son el desenlace de un mismo tipo de historia: profesionales que prestaron servicios a la Corporación bajo boletas de honorarios, demandaron el reconocimiento de una relación laboral encubierta, y ganaron.

Una de las sentencias que mejor retrata ese patrón es la que dictó el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago el 6 de julio de este año, en las causas acumuladas de Felipe Héctor Álvarez Lara y Francisco José García Guerrero. Álvarez, ingeniero industrial, firmó un contrato de “asesoría en tecnología” que le pagaba $1.800.000 mensuales y que —según sus propias cláusulas— lo eximía de cualquier vínculo de subordinación: sin jornada, sin obligación de asistencia, sin órdenes que acatar. 

En los hechos, trabajaba de 09:00 a 18:30 de lunes a viernes en las oficinas de Pérez Valenzuela 1635, con notebook y uniforme entregados por la Corporación, correo institucional y evaluaciones periódicas de desempeño. García Guerrero, comunicador audiovisual contratado para cubrir hockey y ciclismo ruta, terminó a cargo de toda el área de transmisión televisiva durante el Games Time, cubriendo turnos que otros compañeros se repartían entre cuatro o seis personas. Cuando le hizo ver a su jefatura la distancia entre su cargo y sus funciones reales, la respuesta que quedó registrada en el expediente fue: “lo siento Pancho, no puedo hacer nada: o tomas este tremendo desafío o te vas, pero más plata no hay”.

El tribunal falló que en ambos casos existió relación laboral y ordenó pagar indemnización sustitutiva, feriado legal y cotizaciones previsionales impagas. Pero el dato que más pesa en el monto final es otro: al no estar pagadas las cotizaciones, el despido queda declarado nulo para efectos remuneracionales, lo que obliga a la Corporación a seguir devengando remuneraciones —mes a mes— hasta que efectivamente pague lo adeudado. Es una deuda que crece mientras no se salda.

El mismo tribunal rechazó, eso sí, la tesis de “empleador único” que los demandantes intentaron construir contra el IND y el COCH: no logró acreditarse que existiera entre las tres entidades una dirección laboral común, de manera que solo la Corporación quedó como responsable de los pagos.

A ese patrón de condenas se suma otro, más silencioso: el de una Corporación que dejó de presentarse. El acta de la audiencia de juicio del caso de Gustavo Ignacio Ramírez Mora, celebrada el 15 de julio, registra que “habiéndose realizado los llamados respectivos en la antesala del Tribunal, la demandada Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 no comparece a la presente audiencia”. Tampoco compareció su absolvente de posiciones, por lo que la parte demandante pidió que se hicieran efectivos los apercibimientos legales correspondientes —una solicitud que el tribunal dejó pendiente para la sentencia definitiva, programada para notificarse el 3 de agosto.

Esa incomparecencia, dicen los abogados que representan a varios de los extrabajadores, no es un hecho aislado sino una postura: la Corporación estaría en rebeldía en el conjunto de las causas que enfrenta, mientras las sumas reclamadas —solo en las tres causas revisadas para esta nota— superan los 120 millones de pesos.

Esa incomparecencia, según Matías Berríos, abogado que representa a varios de los extrabajadores en Berríos Palavecino Abogados, no es un hecho aislado sino una postura deliberada de la Corporación.

“Están rebeldes. Los jueces han insistido en que pague Santiago 2023 y no hay respuesta de ningún tipo”, afirma Berríos, quien agrega que la abogada Gabriela Illanes —quien había comparecido representando a la Corporación en varias de estas causas— renunció al poder en todas ellas.

Según el cálculo del abogado, que agrupa el conjunto de causas que su estudio lleva contra la Corporación, las sumas reclamadas superan los $2.300 millones.

The Clinic contactó a Harold Mayne-Nicholls para contar con una versión de su parte, sin embargo quien fuera el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 declinó entregar declaraciones.