Ministro Rau ante cambios a jornada laboral: “La disposición de diálogo está, pero para llegar a buenos acuerdos que no afecten el corazón de los cambios que queremos hacer”

Con dos buenas noticias iniciará septiembre el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau. La Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentará su cobertura llegando a unas 500 mil personas entre 75 y 81 años, y el proyecto de ley de Sala Cuna Universal se votará en la sala del Senado, cumpliendo el primer trámite legislativo después de una década de discusión.

“Este proyecto puede provocar el ingreso de nuevo talento al mercado del trabajo” comenta la autoridad al referirse a su agenda que apunta a mejorar la productividad laboral para impulsar el crecimiento con temas como cambios a la indemnización por años de servicio, contrato por hora, nuevo cálculo a la jornada laboral y mayor flexibilidad a la jornada del sector turístico. “Necesitamos aumentar el crecimiento y sostenerlo en el tiempo y por otro lado avanzar en cambios en nuestras leyes laborales que no responden a la nueva realidad del trabajo que estamos enfrentando con la automatización e inteligencia artificial”, recalca.

Precisamente la creación de nuevos puestos de trabajo es el talón de Aquiles que arrastra por varios años la economía que no ha logrado retornar a los mejores niveles prepandemia. El día de la entrevista con The Clinic, el ministro había asistido al consejo de gabinete en Cerro Castillo tras conocer los datos de desempleo para el trimestre mayo-julio que alcanzó el 9,5%, su peor registro en cinco años y que está al borde de llegar al millón de desocupados.

—¿Cómo observó el gobierno la última cifra de desempleo, se habló sobre este tema en la reunión en Cerro Castillo?

—El desempleo de 9,5%, obviamente que nos interpela y nos exige más. Recordemos que esta es una crisis de larga data, llevamos 43 meses sobre 8%, y sube más en los meses de invierno, cuando usualmente hay menos actividad económica. Si sumamos el shock en los precios del petróleo, la guerra de Irán, los primeros meses con una economía contrayéndose, todo influye en esta cifra. Sabemos que una crisis de larga data no se soluciona en un día, pero estamos trabajando arduamente para revertir esta situación.

—¿Cuándo se empezará a observar el impacto del plan Modo Empleo que lanzó el gobierno?

—Todavía nos queda un mes y medio. Típicamente en primavera y ya en el verano, la actividad económica por temas estacionales, repunta fuertemente, y si le sumamos los subsidios que vamos a empezar a entregar en septiembre, esperamos en primavera ver mejores signos. Sólo en el subsidio Sence a la contratación hemos recibido muchas postulaciones y tenemos 25 mil cupos disponibles.

—¿Se ha evaluado algún mecanismo de emergencia, como apurar obras públicas, por ejemplo?

—Habitualmente, cuando hay cambios de gobierno, puede haber algún rezago en la ejecución de obras públicas en el primer año, pero el ministro De Grange anunció un plan de obras públicas de US$15 mil millones por los cuatro años. Ciertamente estamos coordinando para que esas obras puedan ejecutarse en el debido tiempo, porque sabemos que muchas son intensivas en mano de obra. Así que estamos trabajando en eso también.

—Ministro, varios economistas se refirieron a las cifras de desempleo. Y tanto David Bravo como Ignacio Briones indicaron que estaban preocupados y que el gobierno no ha procedido suficientemente en esta emergencia laboral. ¿Qué les respondería?

—Más que responderles, yo puedo decir que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos que no hizo otro gobierno, como por ejemplo, despachar una reforma estructural proinversión y procrecimiento que ya ha sido aprobada en el Congreso y cuyos resultados van a tardar un poco. Eso no lo logró el gobierno anterior. Puedo decir que estamos tramitando varios proyectos de ley en adaptabilidad laboral para remover barreras, flexibilizando la jornada, avanzando por primera vez en el Senado en sala cuna universal que es muy proempleo femenino. Recordemos que hubo dos gobiernos (Piñera y Boric) que discutieron este tema. Cuando alguien se refiere a que el gobierno no se ha tomado con seriedad estos temas, yo respondo con hechos.

Cálculo de jornada: “no vemos mucho margen para reducir el ciclo de 16 semanas”

—Ministro, respecto del proyecto de adaptabilidad laboral, que está en la Cámara de Diputados, ¿Están disponibles para negociar algunos temas o, considerando que tienen mayoría, van a avanzar con el proyecto tal como está?

—Para establecer un diálogo se necesitan al menos dos partes que estén dispuestas a dialogar. Nos hemos encontrado en el Senado y en el Congreso, en general, con poca disposición a dialogar. En general, las discusiones son más en clave política que en clave técnica. Yo soy un experto en economía laboral, llevo 20 años estudiando el mercado del trabajo de Chile, entonces, siempre voy a estar dispuesto a dialogar para conseguir acuerdos. Pero obviamente no cualquier acuerdo, porque si le quitan el corazón del proyecto ya no es lo que uno está empujando, por ejemplo, en el proyecto de flexibilización en la forma en que se calcula el promedio de 40 horas.

—¿Entonces la ampliación del cálculo para la jornada laboral de 4 semanas actuales a 16 semanas, no estará sobre la mesa de negociación?

—Nosotros estamos proponiendo un estándar de la OCDE, y además estamos implementando y cumpliendo con la reducción de la jornada de 44 a 42 horas semanales, para que quede claro, porque acá se dice que uno no estaría honrando las reformas anteriores. Estamos planteando una ampliación de 4 a 16 semanas, no un aumento en las horas semanales porque eso está regulado en el artículo 31 que no estamos tocando, y estamos poniendo más elementos de protección para que en un ciclo de 16 semanas sólo el 50% de ese tiempo, como máximo, se exceptúe de trabajar más de 40 horas, y el otro 50% tenga que trabajar menos de 40 horas. Entonces tampoco es un cambio radical…

—En el fondo, ¿no está disponible para alterar ese ciclo en pos de un acuerdo?

—Creemos que un ciclo en torno a 16 semanas es adecuado para adaptar la estacionalidad, no vemos mucho margen para reducir esos ciclos. La disposición de diálogo está, pero para llegar a buenos acuerdos que, obviamente, no afecten el corazón de los cambios que queremos hacer.

Indemnización sería de 3,5 sueldos por 10 años de trabajo

—El expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, señalaba que con este nivel de capital humano es imposible que el país crezca un 4%. ¿Comparte esa sentencia?

—Tiendo a estar de acuerdo con Corbo, porque hemos visto, en la última década, que la productividad está aportando muy poco al crecimiento. Ahora, esas restricciones no están escritas en piedra, no es algo que no se pueda cambiar, es una variable política que uno puede intentar modificar.

—¿Cómo espera incidir?

—Necesitamos urgentemente subir nuestra productividad laboral. Nosotros tenemos talento que no está participando del mercado laboral, y me refiero a las mujeres, cuya participación es mucho más baja que la de los hombres. También necesitamos avanzar en formalidad y por supuesto en capacitación efectiva. Tenemos un gran desafío, pero no estoy de acuerdo en que no se pueda cambiar y que estamos predestinados.  Con las medidas que estamos implementando y con otras más, podemos hacer los cambios para crecer más.

—¿Entre esas medidas esta cambiar la indemnización por años de servicio? ¿Cuáles son las razones que esgrimiría para convencer a la CUT y a toda la gente que se opone a cambiarla?

—Es importante contextualizar bien de qué estamos hablando. Esta es una indemnización solo para una causal, para el artículo 161 sobre necesidades de la empresa. El porcentaje de relaciones laborales que terminan por necesidades de la empresa está en torno a 20% más o menos, si se miran las cartas de despido. Y para tener derecho a indemnización se necesita una antigüedad mayor a un año. Cuando hablamos del universo efectivo de trabajadores, estamos hablando de que más del 80% de las personas que terminan una relación laboral no reciben indemnización por año de servicio. No sé si ese número está presente en la discusión.

—Si es solo un 20% el que tendría derecho a indemnización, ¿por qué insistir en este punto?

—Porque de todas formas es un monto importante. Chile es uno de los países más caros en términos de costo del despido, por ejemplo, un trabajador que está 10 años en una empresa y es despedido por el artículo 161, recibe 10 sueldos cuando en promedio en la OCDE son 3,5. Por eso, hemos planteado un sistema alternativo de indemnización por año de servicio a todo evento.

—¿Cómo funcionaría?

—Que cualquier persona que termine una relación laboral pueda obtener algún recurso. Planteamos una cotización adicional en una cuenta individual, de modo que cuando la relación termina, el trabajador pueda retirar los fondos.

—¿Sería por cualquier causal, cualquier tipo de contrato, o tendría que tener una antigüedad?

—Estamos trabajando en eso. Típicamente para obtener indemnizaciones debería haber un año de antigüedad. Ahora, si vamos a crear un sistema que va a dar indemnización a todas las personas, no al 14% o 15%, obviamente no puede ser a los montos actuales, tiene que alinearse un poco más hacia los países de la OCDE. Y ahí se genera la suspicacia cuando dicen ´nos van a quitar la indemnización o me van a bajar la indemnización´.

—Claramente ese porcentaje estaría perdiendo la posibilidad de derecho a indemnización

—Pero un sistema que le da a todos los trabajadores este beneficio tiene varias ventajas. Sabemos que muchas personas no quieren dejar su empleo, aunque no estén contentos, por no perder la indemnización; las Pymes, al momento de despedir, no siempre pueden pagar esa indemnización; y recordemos que cuando una empresa se declara en quiebra, hay un orden de prelación para los pagos. Obviamente pueden levantarse suspicacias, pero nosotros tenemos que explicar muy bien por qué un sistema así podría ser beneficioso para muchos más trabajadores, más allá de que los montos sean más bajos.

—¿En qué montos de indemnización están pensando porque hoy es un sueldo por año con tope de 11?

—Nosotros estamos mirando el promedio de la OCDE, que es 3,5 sueldos para diez años.

—¿Quién financiaría esa cotización: el trabajador de su sueldo o el empleador?

—Sería a cargo del empleador.

—¿Y ello no aumentaría los costos del empleador, que es un tema que le preocupa al gobierno?
—Estamos tratando de que no aumente el costo y que en promedio se iguale, lo más importante es el costo marginal del minuto en que se toma la decisión de despido. El costo marginal de un sistema a todo evento es mucho menor porque ya se cotizó. Claro, en el fondo el empleador tiene que poner una cotización, lo que sí sube el costo, pero baja el costo del despido. Hoy no es obligación provisionar para ese efecto, y si bien muchas empresas grandes provisionan, las Pymes probablemente no lo hacen.

—¿Podrían conversar ambos sistemas en una etapa de transición o están pensando en cambiarla para todos?

—Estamos evaluando todas las opciones. Por ejemplo, la gente que ya tiene su antigüedad puede conservar el régimen actual, y estamos pensando que el sistema empiece a regir para los contratos nuevos. Coexistirían por un tiempo estos dos regímenes, la verdad hay muchos parámetros y estamos viendo todos los detalles para hacer una propuesta responsable.

Ley Karin: “enviaremos el reglamento en septiembre”

—¿Cuándo conoceremos los cambios al reglamento de la Ley Karin?
—Nosotros ya tenemos un borrador del nuevo reglamento de Ley Karin que presentamos ante el Consejo Superior Laboral, instancia tripartita con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Recibimos feedback, y tenemos un borrador que esperamos enviar las próximas semanas, durante el mes de septiembre.

—¿Qué se busca con este nuevo reglamento?

—Lo que se intenta básicamente es una mejor implementación de la ley. Sabemos que durante el primer año y medio, hubo un número grande de denuncias, en torno a 68 mil, de las cuales un 60% no tenían que ver con la Ley Karin. Estamos tratando de ordenar, de orientar cómo se hacen las denuncias, porque también nos estamos demorando mucho en resolver esas causales.

—¿Cuánto es la demora?

—Unos diez meses. Entonces una investigación que tarda diez meses al final no protege efectivamente a las víctimas. La ley se mantiene, lo que estamos haciendo es un reglamento para que podamos tener investigaciones más rápidas, denuncias bien impulsadas por los carriles respectivos.

—Por último, ¿se puede esperar algún cambio legislativo en la reforma de pensiones considerando que los privados han levantado alertas en la implementación próxima de la gestión de fondos?
—Estamos haciendo todos los esfuerzos por una correcta implementación de la reforma de pensiones, que es muy compleja, que tiene muchas decisiones e instituciones nuevas. Ahora están los fondos generacionales, el superintendente de Pensiones llamó a consulta por el régimen de inversión que vamos a conocer el próximo martes. Hay plazos estrechos, hay preocupaciones, y si realmente vemos que hay necesidad de hacer alguna corrección para una correcta implementación, lo vamos a evaluar. De momento estamos cumpliendo el cronograma, estamos implementando la reforma como quedó estipulada en la ley y vamos avanzando en tiempo y forma.